Sumar exigirá al PSOE un paquete fiscal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 que suponga subir de forma generalizada los impuestos a los establecimientos turísticos y así hacerlos menos rentables en comparación con un alquiler permanente. En concreto, abogan por gravarlos con el IVA general del 21%.

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, y el portavoz de turismo del grupo plurinacional en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, han presentado este miércoles ese paquete en forma de proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda.

Se trata de una serie de medidas que incluyen modificaciones en el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el régimen de sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), todas ellas con el objeto de que haya una mayor presión fiscal sobre los alquileres turísticos y se reduzcan los precios en el mercado de la vivienda.

Esas medidas fiscales se enmarcan en el paquete de vivienda que Sumar está negociando en la discusión presupuestaria, donde se incluyen propuestas como una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos o la regulación de las hipotecas 'redito ad libitum' (Redal), que el grupo plurinacional considera fraudulentas.

"Toda la política de protección social y de apoyo a las rentas de las familias es devorada por una política de vivienda que, bajo nuestro parecer, es cobarde y meramente cosmética", ha denunciado Ibáñez en referencia a las medidas que ha propuesto el Ministerio de Vivienda de la socialista Isabel Rodríguez.

En este sentido, Ibáñez ha advertido que la subida del salario mínimo y las medidas de apoyo al transporte público y de lucha contra la inflación "no se notan en las familias" porque están siendo "absorbidas" por el alza de los precios del alquiler.

Por estos motivos, Sumar insta al Gobierno a ir un paso más allá en la anunciada reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para permitir a los vecinos vetar los pisos turísticos, pues consideran que circunscribirla a eso sería "insuficiente".

"Las medidas anunciadas desde el Ministerio de Vivienda para restringir las viviendas para uso turístico, nos parecen insuficientes. Es más, nos parecen poco eficientes. El pasar la pelota a las comunidades de vecinos nos parece que no es una solución eficaz", ha protestado Carlos Martín.

Así, Martín ha explicado las propuestas de la proposición no de ley, la primera de ellas una modificación del IVA para que el alquiler de viviendas para uso turístico esté sujeto a un tipo aplicable del 21% y, excepcionalmente, del 10% cuando el propietario viva habitualmente en el piso pero lo alquile de manera puntual.

Ese IVA del 21% es superior al que pagan los hoteles, ha explicado Carlos Martín, porque estos últimos generan externalidades positivas como la generación de empleo o estar regulados en términos sanitarios y de seguridad.

También se plantea una reforma de la Ley del IRPF para que en zonas tensionadas no sean deducibles los gastos financieros de amortización y de mejora de la vivienda en el cálculo de los rendimientos de este impuesto, así como elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en los períodos de no ocupación.

Impuesto de Sociedades

Sumar quiere aplicar esta fórmula también en el Impuesto de Sociedades, de modo que en aquellas ciudades de más de 200.000 habitantes con una tasa superior a 10 turistas por habitante se elimine la posibilidad de deducirse los gastos mencionados.

La siguiente norma del paquete pasa por introducir un gravamen especial del 25% sobre el importe de los beneficios obtenidos por las socimis en el ejercicio de referencia si ha realizado en algún momento del periodo impositivo actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos.

Al igual que en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, el grupo plurinacional quiere que estas sociedades no puedan deducirse costes derivados de la vivienda turística, y también insta a estudiar otras medidas normativas oportunas a efectos de desincentivar el uso de este instrumento para el arrendamiento de viviendas con fines turísticos.

Además, Sumar demanda convocar la Conferencia Sectorial de Vivienda para alentar a las comunidades autónomas que carezcan de un marco regulatorio referente a la vivienda turística a que desplieguen una regulación adecuada para afrontar el problema, así como de los precios de la vivienda, especialmente en zonas tensionadas.

Reunión con Airbnb 

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a la plataforma Airbnb que colabore con el Gobierno para implementar la plataforma de registro único de viviendas de corta duración que el Ejecutivo quiere sacar adelante para perseguir el "fraude" de los pisos turísticos y el abuso de los contratos de arrendamiento temporal.

"Solo en la ciudad de Madrid el 93% de alojamientos turísticos declarados son ilegales, fuera de normativa", ha afirmado la ministra de Vivienda en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, donde ha indicado que ha trasladado esta petición a la plataforma de alojamientos turísticos durante una reunión mantenida entre el Ministerio de Vivienda y representantes de la compañía este miércoles en Madrid.

"Nos tienen que ayudar a perseguir el fraude, a perseguir esa ilegalidad y a colaborar en la puesta en marcha de este reglamento", ha aseverado Rodríguez.