Los alquileres de temporada son aquellos que no se destinan a satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino que sirven al alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto (por lo general, inferior al año). Se rigen por la voluntad de las partes, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la reciente Ley de Vivienda, por lo que no se ven afectados, entre otros aspectos, por las limitaciones en las actualizaciones de la renta o las prórrogas extraordinarias del contrato. 

[La oferta del alquiler 'no regulado' por la Ley de Vivienda en España se dispara un 56% en tan sólo un año]

Esto ha provocado que su impacto haya sido mayor en los grandes mercados y, sobre todo, en aquellos en los que los gestores públicos han anunciado su interés por aplicar un efectivo control de precios (particularmente, en las llamadas zonas tensionadas). En zonas como Cataluña -única comunidad que aplica todos los preceptos de la Ley- estos se han disparado hasta un 56% en sólo un año de aplicación de la norma. 

Además de ese reglamento, Rodríguez ha recordado que se está trabajando en una plataforma única de contratos temporales, de alojamientos turísticos y de habitaciones accesibles para las administraciones competentes para combatir su uso fraudulento.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una intervención. Europa Press.

"Lo vamos a hacer apoyándonos, para dar tranquilidad y seguridad jurídica, en instituciones tan valoradas en nuestro país como el Colegio de los Registradores y también el Consejo General de la Notaría", ha dicho en referencia a esa plataforma, informa Europa Press. 

Sobre los plazos del reglamento, Rodríguez ha indicado que de momento se está trabajando en el seno del ministerio y en coordinación con el de Industria y Turismo, con un plazo límite de finales de 2026 y el compromiso de elaborarlo antes de finales 2025, aunque confía en que esté listo antes.