El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, llegan a visitar una promoción de 77 viviendas en Madrid financiadas a través del Plan Estatal de Vivienda, a 20 de septiembre de 2024, en Madrid (España).
La paz por la vivienda dura 6 días: Moncloa amenaza a las CCAA díscolas y Ayuso dice que la Ley es un "atentado"
La sintonía que Almeida y la titular de Vivienda mostraron hace una semana se rompe tras una jornada de declaraciones cruzadas entre el PP y el PSOE.
27 septiembre, 2024 02:00La paz que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, escenificaron hace una semana en el madrileño barrio Vallecas ha saltado por los aires. De aquel acto de buenas palabras y promesas sobre la vivienda -el alcalde se comprometió a insistir en la promoción de hogares asequibles y en la reforma de la Ley del Suelo, confirman fuentes conocedoras- sólo ha quedado la foto del estrechón de manos.
La realidad apenas seis días después es bien distinta. Moncloa, a través de su titular de Vivienda, ha vuelto a amenazar a las regiones díscolas en la materia, es decir, a aquellas que pudiendo aplicar todos los preceptos dispuestos en la Ley de Vivienda -esto incluye las zonas tensionadas- no lo hacen.
"Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley. No se puede tratar igual a aquellas comunidades que hacen esfuerzos por cumplir con la norma que a aquellas que no la aplican por atacar al Gobierno", aseguró en este sentido Isabel Rodríguez.
[El Gobierno amenaza a las comunidades autónomas con menos fondos si no aplican la Ley de Vivienda]
Con estas palabras, la titular de vivienda escenifica uno de los principales problemas con los que se ha encontrado el Gobierno en materia de vivienda esta legislatura: la falta de disposición de las CCAA a ceder en lo que dicte el Ministerio. Si fuera por Moncloa, en todos los mercados 'tensionados' se aplicaría el control de precios que aprobó el Gobierno, sin embargo, la competencia en este asunto es autonómica.
Es decir, da igual cuanto suba el precio del alquiler en Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia, el Gobierno está atado de manos en esta materia y no puede, sin el beneplácito de los Ejecutivos autonómicos, intervenir en el mercado.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (i), y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque (d), ofrecen una rueda de prensa tras una reunión, en la sede del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España).
El Gobierno, vista la falta de colaboración, cortará el grifo. Fuentes populares consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia tachan esta medida de chantaje y aseguran que no van a ceder a los requerimientos del Gobierno.
Cabe recordar que, por el momento, solo Cataluña aplica todos los preceptos incluidos en la Ley de Vivienda. Otras comunidades, como el Principado de Asturias y Navarra, lo han estudiado, pero no parece que estén por la labor vistos los resultados. Castilla-La Mancha tampoco se lo plantea.
Ayuso y Martín
Actualmente, las dos figuras más beligerantes del Partido Popular con el Gobierno en este asunto son Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Paloma Martín Martín, senadora y primera espada de Feijóo para los asuntos de vivienda. Ambas respondieron este jueves a la ministra de forma contundente: el PP no se plegará al chantaje.
"No vamos a limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad. "¿Será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta ley de vivienda? ¿Le dejarán de regalar millones al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes?", detalló Ayuso en su cuenta de Twitter.
"Ministra, todas las Comunidades Autónomas están cumpliendo la Ley de Vivienda. Las que no establecen zonas tensionadas, como las gobernadas por el PSOE, también. Su ley permite a las CCAA elegir si las establecen o no", añadió Martín.
Lo cierto es que en la agenda del PP nunca ha estado intervenir el mercado del alquiler. En una entrevista con este diario, la propia Paloma Martín fue clara: "Ni siquiera las regiones socialistas creen que intervenir el mercado es la solución".
¿Qué son las zonas tensionadas?
Las zonas tensionadas del alquiler permiten a las Comunidades Autónomas intervenir el mercado del alquiler en municipios en los que se cumplan las siguientes condiciones:
Que la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
Que el precio de alquiler o compra de la vivienda haya experimentado los cinco años anteriores a la declaración como área tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de la comunidad autónoma.
La declaración de zona tensionada tiene una validez de tres años, prorrogable anualmente siempre que sigan dándose las circunstancias.
El precio de los alquileres que se firmen queda entonces supeditado al índice de referencia que aprobó el Gobierno el pasado mes de febrero.
De hecho, los populares abogan por derogar los aspectos que consideran más lesivos de la norma, entre los que se encuentran las polémicas zonas tensionadas del alquiler. En este sentido, este mes de septiembre han presentado una batería de medidas en el Senado destinadas a cambiar la norma.
¿El problema? Los socios necesarios para sacar adelante esa reforma. El PP cuenta con los votos de Vox y tratará de seducir a los nacionalistas vascos del PNV, una formación que ha sido especialmente crítica con la Ley de Vivienda. En la recámara también aparece Junts, impredecible en el juego parlamentario, pero que también recela de intervenir el mercado del alquiler.
¿Funciona la norma?
Los principales centros de estudio del país, los portales inmobiliarios y las grandes instituciones internacionales que se han pronunciado sobre este asunto coinciden: la Ley, tal y como se ha redactado, no va a cumplir con los objetivos para los que fue aprobada. La norma cumplió un año el pasado mes de mayo con el alquiler en máximos históricos y con cuentas pendientes de resolver en el Tribunal Constitucional.
En el plano puramente económico, el desarrollo de la norma ha estado marcado por una drástica reducción de la oferta de pisos en alquiler en los grandes mercados, sobre todo en Barcelona, donde los alquileres temporales -aquellos que no están regidos por la Ley de Vivienda- se han disparado más de un 50%.
Todas estas circunstancias han provocado que la tasa de esfuerzo para alquilar una vivienda -esto es, lo que las familias destinan de sus ingresos al pago del alquiler- se sitúe en gran parte de la geografía española en cifras cercanas al 30%, porcentaje que se considera el umbral máximo.
Barcelona es la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (43%), seguida por Palma (41%), Málaga (40%), Madrid (38%), Valencia (38%), Alicante (34%), así como en San Sebastián (32%) y Las Palmas de Gran Canaria (31%).
La Ley del Suelo
El principal daño colateral de este conflicto entre el PSOE y el Partido Popular por la vivienda es la reforma de la Ley del Suelo. El sector urge desbloquear su tramitación para poder garantizar la seguridad jurídica en los desarrollos y agilizar los trámites para construir vivienda.
Según instituciones académicas como el Banco de España, el déficit de viviendas es tal que necesitaríamos volver al ritmo previo al 2007 para poder estabilizar la relación entre la oferta y la demanda. Sin la aprobación de la Ley del Suelo, llegar a esas cotas es imposible. En España se crean de media unos 200.000 hogares y apenas se construyen la mitad.
