¿Por qué las ciudades y grandes núcleos urbanos concitan cada vez más el foco y la atención de los líderes económicos, empresariales y financieros? La razón principal es el ritmo acelerado de concentración de ciudadanos en ellas y sus consecuencias. Las cifras son elocuentísimas, ya que se estima que diariamente aumenta en más de 150.000 el número de nuevos residentes en áreas urbanas. A este ritmo, en las próximas tres décadas la población en ciudades habrá aumentado un 60% sobre las cifras actuales.
Los ayuntamientos tienen dificultades para disponer de los recursos financieros que necesitan y no encuentran eco ni apoyo o avales en la Administración Central, que tiene la llave. En numerosas ocasiones han reclamado leyes y normas que establezcan cuotas del Presupuesto del Estado o del PIB para determinados servicios públicos de estas corporaciones locales. La más cercana, la demanda que realizaba a comienzos de año un importante grupo de grandes ayuntamientos españoles solicitando que se arbitraran los medios para facilitarles 2.500 millones de euros para los servicios de transporte municipales.
De este proceso de concentración surgen numerosas consecuencias de carácter económico y financiero: la necesidad de ofrecer servicios, tradicionales y nuevos, a una población cada vez más numerosa; las infraestructuras necesarias para ello, los servicios públicos asistenciales y, particularmente, los más necesarios: agua, energía o todo lo relativo a la movilidad, la seguridad, el ocio. Y, al mismo tiempo, la concentración y el aumento de residentes en áreas urbanas se está convirtiendo en el principal factor de emisión de gases contaminantes, ya que las grandes urbes suponen hoy el 70% del CO2 emitido por el uso de energía.
Estos ciudadanos, los mejor informados y con mayores demandas sociales, políticas y sociales, quieren servicios de mayor calidad, más rápidos, más eficientes y, en los últimos tiempos, más humanos, más personalizados y más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y los derechos humanos.
"Se requieren nuevas fórmulas de financiación para hacer frente a las nuevas necesidades"
Los recursos financieros existentes en los ayuntamientos y corporaciones locales hasta ahora no bastan para dar respuesta a este proceso y las demandas que conlleva. Se requieren nuevas fórmulas y nuevas fuentes de recursos tecnológicos, profesionales y financieros. Estos últimos son fundamentales para hacer frente a las nuevas necesidades, especialmente, porque los presupuestos de las entidades locales y municipales son casi siempre los más reducidos de todas las administraciones públicas y, al mismo tiempo, con los que los ayuntamientos tienen que hacer frente a las competencias que les son propias, pero también a otras muchas competencias que no les corresponden, pero para las que la urgencia requiere una solución.
Así se está poniendo de manifiesto en los últimos años y décadas. Los ayuntamientos están teniendo que hacer frente con sus escasos recursos a situaciones que legalmente no les competen y a numerosos fenómenos nuevos que acompañan a la concentración urbana, a los movimientos demográficos y migratorios, y a la generalización del acceso a los servicios públicos.
Esto último está haciendo que ante la falta de capacidad, la lentitud de maniobra y la lejanía de los políticos nacionales respecto de la vida social diaria en otras instancias políticas y administrativas, las entidades municipales no solo tengan que atender a sus responsabilidades propias entre otras materias las de urbanismo, basuras, tráfico, seguridad vial o acondicionamiento de las vías urbanas, sino también a necesidades de educación, sanidad, dependencia, migración, así como a circunstancias asociadas al cambio climático, a los desastres naturales, al excesivo crecimiento de residuos plásticos y de todo tipo que requieren su recogida y reciclaje, y que plantean problemas serios de acumulación con el consiguiente daño para la salud y la vida cotidiana.
La financiación de estas nuevas necesidades y tareas nuevas e impropias a las que deben hacer frente los ayuntamientos difícilmente va a llegar a través de los presupuestos de estas entidades locales. Al menos, no con la rapidez y urgencia que reclaman. Los líderes de los partidos y de los gobiernos en el ámbito nacional son muy cicateros a la hora de valorar estas insuficiencias y facilitar a los ayuntamientos recursos y financiación para sus labores y competencias, especialmente para estas nuevas competencias que están surgiendo.
"Los ayuntamientos deben tomar la iniciativa y buscar la financiación por su cuenta y una de las fórmulas que tienen a mano son los Bonos Sociales y los Bonos Verdes"
Por eso, los ayuntamientos y entidades locales deben tomar la iniciativa y buscar la financiación por su cuenta. Y una de las fórmulas que tienen a mano son los Bonos Sociales y los Bonos Verdes, aunque el acceso a estas vías de financiación requiere retoques en el marco legal y, sobre todo, otorgar mayor flexibilidad, autonomía y capacidad de endeudamiento a los ayuntamientos, ya que muchas de las corporaciones locales, por distintas razones, entre otras la falta de garantías o avales, no logran acceder a esta vía de financiación sostenible. Hasta la fecha, la única corporación municipal española que lo ha hecho ha sido el Ayuntamiento de Barcelona, con una emisión de 40 millones de euros.
En nuestro país, este tipo de financiación ha estado prácticamente reservado a algunas Comunidades Autónomas como la de Madrid, que abrió esta vía en 2016 y ha sido la más activa, junto con el Gobierno Vasco que, precisamente, acaba de realizar hace días una nueva emisión de Bonos Sociales por 600 millones de euros; o el Gobierno de Navarra, que ha anunciado su intención de realizar en abril su primera emisión de bonos sociales; o el ICO, que ha sido el mayor emisor de este tipo de bonos hasta ahora.
En el ámbito global se está registrando una creciente actividad en lo que se refiere a los Bonos Sociales cuyas emisiones crecieron un 41% en 2018, hasta 11.100 millones de dólares, según datos de Bloomberg, aunque sólo una pequeña parte haya estado destinada a las arcas municipales. Ocurre lo mismo con los Bonos Verdes, ya que las corporaciones locales sólo se han beneficiado de algo más del 10% de los 168.000 millones de dólares emitidos en Bonos Verdes en 2018 en todo el mundo, concentrados en buena medida en corporaciones locales norteamericanas, entre ellas las de San Francisco o Nueva York.
A LA MEDIDA
A pesar de las dificultades, es previsible en estos próximos años un incremento en la emisión de Bonos Sociales y Verdes por parte de entidades locales o regionales, ya que se trata de instrumentos que parecen estar hechos a su medida, como puso de manifiesto 'Guía de la Financiación Empresarial' en una reunión que organizó con expertos y en la cual Jesus Vidart, entonces Director General de Tesorería de la Comunidad de Madrid, afirmaba que “la financiación sostenible y verde parece un formato pensado para las Administraciones Públicas, ya que el 90% del gasto de la mayor parte de las administraciones públicas es gasto destinado a proyectos sociales, con una finalidad sostenible y social, como la sanidad, los servicios sociales, transportes, la educación, etc.; y las emisiones de bonos sostenibles o sociales están destinadas a financiar esos proyectos”.
Vidart definía estos instrumentos financieros como “una vía para captar dinero en el mercado para una finalidad concreta y determinada, vinculadas con los ODS. Da igual que sea para invertir en el Metro o para invertir en un proyecto contra la exclusión social” y concluía que “todas las administraciones públicas irán por este camino porque diversifica la base de inversores y, cuando la deuda pública está en cierto modo demonizada, permite explicar a los ciudadanos a qué va destinada la deuda: para su sanidad, su educación u otros servicios sociales, y ese mensaje es clave para las administraciones públicas”.
* Juan Carlos Villanueva es Editor de Guía de la Financiación Empresarial