Cada vez que se publica una sentencia sobre la banca, varios medios de comunicación se apresuran a titular 'Varapalo judicial a la banca'. Luego vienen los mercados con su lectura -inmediata pero quizás más concienzuda- y determinan hasta qué punto el dictamen es un golpe para las entidades financieras, un golpecito o incluso -en más de una ocasión- un alivio. 

Sin ser la primera vez que ocurre, la semana pasada, con el IRPH y las revolving tuvimos dos ejemplos diferentes y claros de esta pelea dialéctica, muy ligada a la reputación del sector financiero, que hay abierta entre políticos, periodistas y banqueros. Una batalla en la que hay un claro ganador: los despachos de abogados y asociaciones de consumidores que se han hecho de oro en los últimos años gracias a los litigios contra los bancos.

Mientras nos entreteníamos en calibrar la semana pasada hasta qué punto la banca había recibido un "varapalo" desde Luxemburgo (TJUE) y otro desde Madrid (Tribunal Supremo), el verdadero "varapalo" se gestaba en Fráncfort y veremos si se materializa o no el próximo jueves.

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a tener sobre la mesa ahondar aún más en los tipos negativos que, como contó José Ignacio Goirigolzarri en Invertia, están lastrando la rentabilidad de la banca española de manera preocupante.

La rápida actuación de Jerome Powell en la Reserva Federal (FED) sacando la munición (que no tiene Europa) para anunciar una vacuna de liquidez contra el coronavirus, supone una presión añadida para que Christine Lagarde anuncie alguna medida de calado el próximo jueves para paliar los efectos de una infección que ya afecta a España, Italia, Francia y Alemania, las cuatro mayores economías del euro.

En Goldman Sachs, los analistas Sven Jari Stehn y Nikola Dacic lo tienen claro y ya han comunicado a sus clientes que el Consejo de Gobierno del BCE anunciará el próximo jueves un recorte en su tasa de depósito de otros 10 puntos básicos para el segundo trimestre y que apoyarán esa medida con otros estímulos. Una predicción exacta ha hecho el economista jefe de SPGlobal, Sylvain Boyer.

Si su bola de cristal acierta, los bancos tendrán que pagar más por la liquidez y los depósitos que sus clientes guardan en sus cuentas serán un problema mayor para su mermada rentabilidad. El debate sobre el cobro por custodiar el dinero de los minoristas será inevitable.

El sector financiero español no quiere ni pensar en ese escenario. Fuentes bancarias confían en que la frialdad con la que los mercados acogieron la bajada de tipos de la FED desincentive esta idea y confían en que Luis de Guindos meta presión para optar por otro tipo de medidas no convencionales que no lastren aún más el negocio bancario.

Pedir a los clientes que paguen por sus depósitos es a día de hoy un tabú para los bancos españoles. Lo que les faltaba para rematar la crisis de reputación de la que intenta salir cada uno como puede, bien con los viajes a Groenlandia de Ana Botín, bien con la Obra Social de la que entidades como CaixaBank hacen gala. Porque las iniciativas de la AEB de José María Roldán para atajar este asunto están teniendo unos efectos más que limitados en un sector que permanece dividido en dos grandes patronales por herencia de su pasado.

CECA, la asociación que preside Isidro Fainé, sí se coordinó con la AEB para encargar un estudio a Deloitte en el que se analizara el pago de 120 servicios y ver cómo está en este asunto España frente a ocho países europeos.

Nuestro país (con un pago anual de 38 euros) es el segundo más barato los estudiados en la prestación de servicios básicos a sus clientes y sus tarifas son un 58% más baratas que la media de los analizados. Solo Reino Unido ofrece servicios más baratos (20 euros), frente al más caro, Alemania (181 euros).

Por cierto, que en alguno de esos países -en concreto, en Holanda- ya se ha puesto sobre la mesa el estudio del cobro por depósitos a los minoristas si persiste el escenario de tipos.

Pero con los bancos pasa como con los medios de comunicación, al cliente español le cuesta pagar por un servicio que encima llaman comisión. Y al igual que la prensa, es un sector en transformación porque su materia prima -el dinero- ha pasado a ser gratis -e incluso a tener precios negativos- en una situación que era inimaginable hace años, pero que hay quien piensa que ha venido para quedarse (hoy por el coronavirus, mañana por otro shock).

Si no hay más cobro por servicios o cobro por depósitos, lo que queda es ganar en eficiencia. ¿Cómo? Con las fusiones sobre las que llevamos tiempo haciendo quinielas para ver cómo encajan Sabadell, Bankia, CaixaBank y BBVA.

Decía Jordi Gual hace poco que la estrategia de la banca tiene que pasar por fidelizar al cliente. Es más, que el cliente cambie de forma radical su manera de acercarse a la oficina, de manera que ahora incluso pida cita para ver a su gestor, como hace con el médico.

Sin embargo, los "varapalos" (o no) judiciales no ayudan a conseguir ese objetivo y el retraso legislativo en algunos temas no ayuda. Así ocurre con la nulidad de los préstamos revolving, ya que la propia sentencia del Supremo lleva a reflexionar sobre la necesidad de actualizar la Ley de la Usura de 1908, tiempos de la Restauración borbónica.

Nadia Calviño afirma estar en ello, pero llega tarde. Mientras, bancos españoles salpicados por las revolving afirman en privado que pedir un tipo de interés del 27% "claro que es usura". Pero los intereses aplicados en este caso de WiZink, que podría haber sentenciado su salida a Bolsa prevista para este año -y quién sabe si algo más-, no es similar al del conjunto de las entidades en el punto de mira por este asunto (CaixaBank, Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell y Bankia).

Y sobre el IRPH Cajas (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) los bancos afectados creen que puede haber mucho ruido y pocas nueces en los litigios que ahora abonarán los 'Arriaga Asociados de turno'. Serán los jueces españoles los que analicen caso a caso, pero el índice era legal y su sustituto en caso de victoria es el IRPH Entidades. Sin embargo, digan lo que digan, el daño reputacional, ya está hecho.

ATENTOS A...

El coronavirus ha puesto una mascarilla a las conversaciones para avanzar en la derogación de la reforma laboral que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había marcado como prioridad para sus primeros meses en el Gobierno. La mesa de diálogo -con una decena de integrantes- no ha suspendido sus reuniones semanales para evitar el contagio de sus miembros. Pero el COVID-19 lo copa todo y ha dejado en un segundo plano la evolución de las negociaciones.

Es cierto que el resbalón del Ministerio de Trabajo al publicar una guía con la que rompió el diálogo social al no consultar a sindicatos y empresarios su contenido no ayuda, pero tampoco distrae a una mesa que se reúne puntual cada semana para ir avanzando en los distintos puntos que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa.

La intención de los equipos de Antonio Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez en esta negociación es llegar a acuerdos como sea con tal de preservar un diálogo social que en la última legislatura saltó por los aires y ahora toca recomponer.