Hay que ver lo que es la vida. Los bancos "que deben 1.300 euros a cada español" (Pablo Iglesias dixit) se han convertido en el primer instrumento de su Gobierno para que la economía no perezca y se lleve por delante el modelo de vida de los españoles cuando pase la pandemia.
Cuando tomó posesión de su cargo como vicepresidente de Derechos Sociales, el líder de Unidas Podemos no podía ni tan solo imaginar lo que estaba por venir. Pero ahora forma parte, desde su particular cuarentena, del Gobierno que gestiona la peor pandemia de los últimos 100 años. Un drama social y una crisis sanitaria que solo se superará si se paga el precio de provocar un shock económico sin precedentes.
Ante la inexperiencia de un Gobierno poco cohesionado, el apoyo que el sector privado está prestando a Pedro Sánchez para gestionar la situación está siendo clave. La voz de las empresas del Ibex 35, la CEOE de Antonio Garamendi, Cepyme, la AEB o CECA está siendo escuchada en La Moncloa. Es esperanzador en el plano económico que esa experiencia y capacidad se aproveche para dotar de más medios a la Sanidad española y, al mismo tiempo, para paliar los efectos del colapso temporal que padece el tejido económico y social.
En ese contexto, el papel que está jugando la banca está siendo fundamental. En los últimos días, Nadia Calviño ha llamado a todos los presidentes o consejeros delegados de los grandes bancos españoles y ha escuchado a unos ejecutivos que vivieron en primera persona la dramática crisis financiera que tocó fondo en 2012.
La ministra ha conversado con Ana Botín, Isidro Fainé, José Ignacio Goirigolzarri, Gonzálo Gortázar o Josep Oliú, entre otros. También el presidente del Gobierno ha telefoneado a algunos de ellos para conocer su opinión.
Para perplejidad de su socio Iglesias, el primer objetivo de la banca no ha sido regatear. Al contrario. Todos reclamaron al Gobierno movilizar más recursos para garantizar la supervivencia de las empresas no financieras.
Tanto es así que fue la presión de los primeros espadas de la gran banca -en especial, de Botín- y de la vicepresidenta económica la que hizo que Pedro Sánchez decidiera engordar las cuantías del segundo plan de choque económico contra el Covid-19, que presentó el martes.
Si antes de ese Consejo de Ministros, la Cadena Ser filtraba que serían 50.000 millones de euros -cantidad que un conocido financiero calificó en privado como "una mierda"-, en las horas previas a esa cita se elevó la apuesta. El Gobierno presentó un plan para movilizar hasta 200.000 millones de euros, una cifra contundente y capaz de mandar un mensaje claro a los mercados.
De esa cuantía, el Gobierno avala hasta 100.000 millones de euros y la banca aporta otros 83.000 millones de euros. Pero el diablo está en los detalles y a lo largo de este fin de semana se han intensificado los contactos para determinar cómo repartir la asunción de los riesgos de esos créditos y en qué umbrales situar sus tipos de interés.
Un trabajo de campo que coordina Economía con José María Roldán (AEB) y José María Méndez (Ceca).
Las patronales de los bancos piden que España siga el modelo alemán (avales del 70% para las grandes y del 80% para las pymes), pero en La Moncloa no termina de convencer esa propuesta.
Pese a la situación delicada de las empresas, hay algo de tiempo para negociar. En uno de los grandes bancos explican que en estos momentos las sociedades de tamaño mediano o grande todavía no tienen problemas de liquidez, pues han activado sus líneas ya concedidas o pólizas de crédito para poder afrontar los pagos más inmediatos. Sin embargo, advierten, "eso no significa que no vayan a llegar esas tensiones". Es por este motivo por el que urge tener lista la artillería para salir a su rescate en cuanto lo necesiten.
En toda esta partida ha habido otro jugador con un protagonismo esencial y discreto: Pablo Hernández de Cos. El gobernador del Banco de España -que fue nombrado por Mariano Rajoy en el tiempo de descuento de la moción de censura- es un técnico preparado y respetado por el Ejecutivo de Sánchez.
Su papel está siendo crucial no solo como interlocutor entre bancos y Gobierno, también para abrir el camino a las entidades españolas en Fráncfort. El BCE de Christine Lagarde entregó el viernes un balón de oxígeno a España al anunciar que liberará a la banca de tener que provisionar los impagos que sean consecuencia de la crisis del coronavirus.
Un alivio para unos bancos que, en la última década, han hecho durísimos esfuerzos en provisiones para salir de la crisis. Pero también para los españoles que, con una banca más fuerte, tienen más garantizada su solvencia.
Y es que la música de la cantinela de Pablo Iglesias es cierta. El rescate al sector financiero ha costado 65.725 millones de euros a los contribuyentes. Pero la letra con la que entona es demagógica. Los bancos que hoy operan en España han cometido errores, pero no fueron el sujeto de ese rescate a las viejas cajas de ahorro. Es más, asumieron algunos de sus costes y unas duras condiciones para recuperar su solvencia.
Gracias a ese esfuerzo, el sector financiero español está hoy mejor preparado que en 2007 para afrontar una crisis como la del Covid-19. Algo que, por desgracia, no ocurre en el sector público, cuya deuda se ha triplicado en ese tiempo y ha pasado a representar el 97,6% del PIB.
ATENTOS A...
La austeridad ha vuelto al debate político de la Unión Europea. Ahora que los promotores del término "austericidio" habían logrado que la Comisión Europea evaluara suprimir las sanciones contra los países que incumplen el déficit, la crisis del coronavirus ha vuelto a encender este debate que marcará los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que Sánchez ya ha descrito como los de la "reconstrucción social".
Como no podía ser de otro modo ante la emergencia sanitaria que afrontan los Estados, Bruselas ha aparcado ya los objetivos de déficit para que todos los gobiernos puedan contar con más artillería para hacer frente al Covid-19.
Sin embargo, esa suspensión no será eterna. El virus pasará y el comisario de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni, volverá a recibir la presión de los halcones el norte de Europa para garantizar que ante una próxima crisis los países del sur cuenten con una situación fiscal más saneada. Todo un revés para la 'Agenda 2030' del vicepresidente Iglesias.
Para financiar su reconstrucción social, es posible que España tenga que volver a las andadas y presentar a sus socios del euro un plan creíble de ajustes a largo plazo que garanticen la amortización de la deuda pública. Será duro, pero si algo hemos aprendido estos días es que hay crisis que no avisan y es mejor apretarse el cinturón por si vienen mal dadas.