La propuesta de la Comisión Europea de crear un Fondo de Recuperación (FDR) de 750.000 millones de euros y la decisión del BCE de ampliar en 600.000 millones más sus compras de deuda soberana han sido recibidas con un Hurra triunfal por parte del Gobierno.

Ambas medidas servirían para cubrir las necesidades de financiación del Estado: la expansión del gasto derivada de la recesión y la impulsada de manera discrecional por la coalición gubernamental. Esto permitirá incrementar sin restricciones los niveles de déficit y de deuda. Esta visión transmitida por el Ejecutivo y aceptada por un considerable número de analistas tiene mucho de voluntarista.

El FDR ha de ser ratificado por unanimidad en la próxima reunión del Consejo Europeo. Es probable que los 4 Frugales (Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca) se resistan a hacerlo sin condicionalidad; es decir, sin que los países beneficiarios de las ayudas se comprometan a acometer planes de consolidación fiscal y de reformas estructurales.

De lo contrario, existe un alto riesgo de que los Parlamentos de esos Estados no lo aprueben. En una crisis de esta envergadura, sufrida por todas las economías continentales, es difícil exigir y conceder solidaridad cuando quien la demanda ha practicado una crónica e irresponsable política presupuestaria y persiste en ella.

Para que la Comisión Europea pueda emitir bonos por valor de 750 mil millones de euros y crear figuras tributarias propias ha de aprobarse el Marco Financiero Plurianual de la UE para el período 2021-27, cuya negociación no está cerrada. No existe acuerdo sobre dos temas básicos: el aumento del Presupuesto comunitario y la repartición de la cuota qua aportaba el Reino Unido. En el mejor de los casos, esto no se resolverá hasta el 1 de enero de 2021.

Dada la complejidad del proceso, el FDR ha de ser aprobado también por el Parlamento, es muy improbable que, aunque todo fuese bien, pudiese estar operativo antes de la primavera del año próximo. Si España recibiese del FDR una cuantía de fondos proporcionales a su peso en el PIB de la UE, éstos ascenderían a unos 144.000 en cuatro años, 36.000 millones/anuales.

Para una economía cuyo PIB caerá este año entre 140.000 y 190.000 de millones y que no retornará a los niveles de la pre-crisis hasta finales de 2023 o principios de 2024, esa cantidad es insuficiente para paliar el impacto del Covid-19 y para impulsar la recuperación. Esta afirmación se ve reforzada por un hecho que tiende a omitirse: el grueso de los recursos deberá emplearse a priori en impulsar la agenda política de la Comisión: cambio climático y transición energética; sin duda, dos prioridades para salir de la crisis.

En este contexto, el BCE es la única tabla real de salvación para una economía que sería incapaz de financiarse en los mercados aun pagando una elevadísima prima de riesgo. La ampliación del programa de adquisición de deuda soberana es sin duda un alivio, pero también es insuficiente.

Permitiría al BCE absorber alrededor de 220.000 millones de euros en bonos españoles frente a unas necesidades financieras del Tesoro de 300.000 millones de euros con un déficit del 10 por 100 y de 350.000 millones si aquel se sitúa en el 15 por 100 del PIB. Por añadidura, esa estrategia resta cualquier incentivo para que el Gobierno introduzca o se vea forzado a introducir un plan para reconducir las cuentas públicas a la senda de la sostenibilidad.

Por último, será complicado para el BCE mantener barra libre si la UE introduce condicionalidad macro y micro para que España reciba fondos europeos. En este contexto, la continuidad de su presente línea de acción equivaldría a sabotear los esfuerzos de la UE destinados a disciplinar a las autoridades españolas. Esto abriría la crisis larvada que hasta ahora se ha mantenido bajo control en el seno del instituto emisor y supondría un duro golpe para su credibilidad.

Quien contemple las recientes medidas sugeridas y aprobadas por la Comisión Europea y el BCE como una salvación para la economía española yerra. En el mejor de los supuestos, sólo sirven para aliviar y prolongar la agonía de una situación económica insuperable con la política ejecutada por este gobierno hasta la fecha que agudizará sus perniciosos efectos, no lo duden, con las iniciativas que introducirá en los próximos meses; por ejemplo, la subida de impuestos. Así pues, no hay motivo alguno para el optimismo.