¿Recuerda que este verano mi lavadora decidió estropearse y dejar mi cocina como una piscina olímpica? Pues no le conté lo que pasó después. Tras intentar desencriptar sin éxito el documento de condiciones de compra y frustrarme ante varios tutoriales en YouTube, acabé llamando al servicio técnico oficial.

Entonces, un señor muy amable me cobró unos 50 euros por decirme que, aunque tenía menos de cuatro años, la garantía ya había expirado y la reparación me iba a costar más o menos lo mismo que una lavadora nueva.

Le suena, ¿verdad? Pongo la mano en el fuego por que le ha pasado algo parecido. Pero, a partir del año que viene, esta situación podría empezar a ser algo menos frecuente gracias al pequeño paso que el Parlamento Europeo acaba de dar hacia la creación de un 'derecho a reparar'.

Con 395 votos a favor (el 56,8%), ha aprobado una resolución para elaborar medidas legales que fomenten la sostenibilidad en la producción y el consumo de productos, como parte del nuevo Plan de Acción de Economía Circular que el organismo adoptó en mazo.

Pero ¿es que acaso los consumidores no tenemos derecho a reparar bienes de nuestra propiedad? En teoría sí, pero, en la práctica resulta casi imposible, sobre todo cuando se trata de productos electrónicos.

"Aunque no es ilegal que arregle un producto que le pertenece; no hay ningún marco legal que se lo garantice", explica la web de la plataforma Right to Repair, una coalición de organizaciones europeas que lleva años luchando por la implementación efectiva de este derecho.

"El 77 % de los ciudadanos de la Unión Europea preferiría reparar sus dispositivos en lugar de reemplazarlos", dice el texto. Pero, como pasó con mi lavadora, ¿quién estaría dispuesto a reparar algo por el mismo precio que le costaría una versión nueva? Por eso, el objetivo de la resolución consiste, precisamente, en "hacer que las reparaciones se vuelvan sistemáticas, rentables y atractivas".

¿Quién estaría dispuesto a reparar algo por el mismo precio que le costaría una versión nueva?

Es una meta tan obvia que casi cuesta creer que hagan falta leyes para conseguirla. Sin embargo, desde Right to Repair explican: "No siempre tiene derecho a acceder a las instrucciones de reparación, a las piezas de repuesto o a las herramientas necesarias para arreglar un producto. Su derecho a reparar acaba donde empieza el derecho de quien fabrica los productos y los hace irreparables".

Estas son algunas de las prácticas más habituales de los fabricantes para evitar que reparemos sus productos por nuestra cuenta. Uno de los escándalos más famosos tuvo lugar en 2009, cuando Apple introdujo un nuevo tipo de tornillo en su MacBook Pro. Sin un destornillador compatible, nadie sería capaz de remplazaran la batería, según denunció iFixit, una plataforma que empodera a los consumidores con información y herramientas para reparar productos.

Para revertir esta realidad, la nueva resolución pide acciones como la "estandarización de las piezas de recambio", el "acceso gratuito a la información necesaria de reparación y mantenimiento" para consumidores y técnicos independientes, y que "el precio de una pieza de recambio sea razonable y, por tanto, rentable en relación con el precio del producto".

Y, por si fuera poco, a nuestra incapacidad de arreglar los productos tecnológicos hay que sumar el problema de la obsolescencia programada, que también se aborda en la resolución. ¿Sabía que en EEUU hay una bombilla encendida desde 1901? Conocida como Bombilla Centenaria, los 119 años que lleva en funcionamiento son un recordatorio constante de que las cosas que se fabrican en la actualidad parece que cada vez duran menos.

Los 119 años que lleva en funcionamiento la Bombilla Centenaria son un recordatorio de que las cosas que se fabrican hoy cada vez duran menos.

Lamentablemente, en lugar de perseguir esta práctica, las propuestas del Parlamento Europeo se centran en ofrecer a los consumidores más información sobre la vida útil estimada de los productos. Una de las ideas estrella consiste en un sistema de etiquetado los que clasifique del 1 al 10 en función de su reparabilidad y durabilidad. Francia ya ha anunciado que implementará este sistema a partir de 2021.

Aunque esta estrategia no ataca directamente a las empresas que promueven la obsolescencia programada y ponen barreras a las reparaciones, podría motivar cambios en las preferencias de compra de los consumidores, lo que, finalmente, impulsaría a los fabricantes a crear productos que se estropeen menos y que se arreglen más fácilmente.

Además de beneficiar a nuestros bolsillos, este cambio tendría un impacto directo sobre el planeta. En 2019, la generación mundial de residuos electrónicos ascendió a 53,6 millones de toneladas métricas, con un aumento de 9,2 millones de toneladas métricas desde 2014. Y lo peor de todo: el año pasado, solo el 17,5% de esta enorme cantidad de basura tecnológica fue formalmente reciclada. Pero, hoy toca hablar de derechos, así que dejaremos para otro día este enorme problema.

No cabe duda de que la resolución europea es un buen primer paso, sin embargo, dada su falta de concreción y la gravedad de la situación, los políticos comunitarios y nacionales todavía tienen muchísimo trabajo por delante. Que se lo digan a mi lavadora, que lleva desde verano funcionando bajo el único de sus programas con el que no me inunda la cocina: el de prendas delicadas.