Si a Ana Botín le consta que el Gobierno está trabajando en aprobar ayudas directas a las empresas es porque Nadia Calviño lleva semanas diseñando un nuevo paquete de medidas que le hubiera gustado aprobar antes, pero que todavía tendrá que esperar unas semanas.

La presión es tal que el Ministerio de Economía salió el viernes a decir que lleva meses trabajando en reformar el marco legal para aumentar las ayudas directas a autónomos y pymes (en especial del turismo y la hostelería), con dinero que, incluso, podría ser a fondo perdido.

A la vicepresidenta económica le gusta cumplir siempre con Bruselas y sabe que España no es Alemania. Todo lo que aquí se apruebe será examinado con lupa por la Comisión Europea. A ojos de nuestros socios del euro, en las últimas décadas, hemos viajado en un asiento próximo al de Italia.

Con una deuda prepandemia próxima al 135% del PIB, el país transalpino ha sido más generoso que el nuestro en apoyar a sus empresas con ayudas directas. Pero ya se comenta en los pasillos de Bruselas que parte de ese dinero ha ido a empresas que no podrán sobrevivir al coronavirus o que, incluso, han desaparecido ya.

Eso significa que al contribuyente se le ha pedido un esfuerzo que además de no servir para sostener a ese tejido productivo, engordará la factura de la deuda pública. Pero en Italia, tienen a Mario Draghi y con él como primer ministro, Bruselas, los 'halcones' y los mercados están tranquilos.

Aquí tenemos otros banqueros que, aunque no han presidido el BCE, quieren ayudar a liderar esta crisis. Entre otros motivos porque los errores que cometa el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias los van a pagar también los bancos.

Gracias a las medidas que se adoptaron en los primeros momentos de la pandemia y que todavía siguen vigentes, la banca ha conseguido controlar la morosidad a lo largo de 2020. Pero para 2021, teme que un volumen de crédito cercano a 38.908 millones de euros acabe siendo moroso si se produce una hecatombe empresarial.

Aunque el sistema está bien provisionado, ha aumentado la tasa de cobertura de los préstamos y es más solvente que en 2008, la magnitud de la crisis es tal que las entidades creen que es momento de aprovechar la flexibilidad fiscal de la UE para inyectar aire a las empresas.

La preocupación es tan grande que la banca ha contratado a la consultora Oliver Wyman -la misma a la que Luis de Guindos fichó en 2012 para hacer un examen a los bancos españoles- para que prepare un informe sobre cuántas empresas son ya inviables en España y cuántas pueden sobrevivir si reciben ayudas públicas.

Es un documento que incluirá datos concretos y que el Gobierno no quiere utilizar, pero que seguro leerá y analizará al detalle.

Los errores que cometa el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias los van a pagar también los bancos

Calviño tiene sobre la mesa varias opciones, incluida la de permitir que los préstamos que se concedieron con el aval del ICO puedan ser objeto de una quita o convertirse en deuda perpetua. También analiza la posibilidad de conceder préstamos participativos, que se devolverían en función de los resultados empresariales, lo que es un problema de cara a las pymes y micropymes.

En este momento, hay empresas grandes que son viables, pero atraviesan problemas porque no se pueden endeudar más. En estos casos, recapitalizarlas podría ser suficiente.

Luego, hay muchísimas empresas de tamaño pequeño e incluso micropymes a las que no es posible recapitalizar y que tendrían que recibir ayudas directas para sobrevivir hasta que la vacunación permita levantar las restricciones que pesan sobre la actividad económica. 

También hay empresas que ya están cerrando y han decidido presentar el concurso de acreedores sin acogerse a las moratorias vigentes, aunque en su mayoría son empresas que ya arrastraban problemas previos a la Covid-19, según explica Guillermo Prada, socio del despacho Prada Gayoso, especialista en reestructuraciones e insolvencias.

El 14 de marzo termina la moratoria del Gobierno a los concursos de acreedores y para entonces, Calviño tendrá que tener algún plan sobre la mesa que ofrecer a las empresas. De otro modo, podría producirse una avalancha de insolvencias que además de ser dolorosa para la economía colapsaría los juzgados, que ya de por sí están saturados.

Antes, ya el próximo domingo, serán las elecciones catalanas y ante las peticiones de Foment, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre, de que se aprueben ayudas directas con urgencia, el Gobierno podría verse obligado a hacer algún gesto para ayudar a Salvador Illa, aunque no es el plan inicial de Economía, que necesita más tiempo.

A Calviño se le acumula el trabajo. Pero no quiere hacer nada que pueda ser devuelto por la Comisión Europea con un 'pero'. Es por esto que ha querido esperar a que Bruselas aprobara hace ya más de una semana el marco de flexibilización de ayudas para dar un paso y completar las medidas que aprobó el pasado año (avales ICO, ERTEs, ayudas a los autónomos o el fondo de la SEPI).

Llegamos más tarde que el resto. Entre septiembre y diciembre, España ha puesto sobre la mesa un tercio de las ayudas de que han lanzado otros países del euro. Entre esas economías, está Alemania, que se caracteriza siempre por su austeridad. Es lo que tiene haber hecho los deberes en los años de bonanza para hacer colchón por si venía una crisis.

ATENTOS A...

La cogobernanza ha convertido a España en un proyecto piloto sobre los efectos que tiene en la economía restringir la actividad para hacer frente a la Covid-19.

Los datos que publicó la AIReF del cuartotrimestre del año merecen ser analizados despacio. En ellos, se ve cómo en comparación con el trimestre anterior, Cataluña logró sostener algo mejor que Madrid la actividad que empezó a despertar en verano, aunque el términos interanuales su desplome es muy superior.

También se ve el impacto de las restricciones en Asturias, Castilla y León o Murcia, donde las restricciones fueron muy importantes. País Vasco y Navarra tampoco logran un buen dato en ese difícil trimestre.