Hasta que una llamada de la Moncloa hizo cambiar las cosas. Había mucho en juego para el PSOE por tratarse de una empresa asturiana, donde gobierna Adrián Barbón y de la que dependen más de un millar de empleos en el mundo de la ingeniería, uno de esos sectores de alto valor añadido de los que tan escasa anda España.

Días después, el Gobierno anunciaba el rescate de Plus Ultra, una aerolínea encabezada por Rodolfo José Reyes Rojas, un venezolano al que se le sitúa en la órbita de Nicolás Maduro. Se trata, además, de una aerolínea que arrastra pérdidas desde antes de la pandemia, así como varios conflictos con sus clientes por cancelaciones y retrasos en sus vuelos.

Antes de estos dos rescates, la SEPI no había llegado a tiempo para salvar a Abengoa del concurso de acreedores y para tratar de echar balones fuera María Jesús Montero había culpado del revés a Ana Botín y José Manuel Bonilla. Semanas después, el Gobierno estudia rescatar Abenewco 1, la filial de los 'activos buenos' de la empresa andaluza, entre los cuales sus actuales gestores quieren incluir un pleito con el Reino de España de 1.500 millones de euros por los ajustes de las tarifas de energías renovables. 

Viene al caso repasar estas operaciones porque la falta de explicaciones suficientes por parte del Ejecutivo sobre el rescate a Plus Ultra obligan a repasar el Real Decreto-ley 25/2020 y la orden ministerial con la que se creó el pasado verano el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que depende de Montero y gestiona un Consejo Gestor a través de la SEPI. Un organismo público, que por cierto, lleva casi año y medio sin presidente.

Las condiciones de elegibilidad que fija la orden ministerial para poder recibir dinero de este fondo dotado de manera inicial con 10.000 millones de euros son claras. Las empresas beneficiarias tienen que tener carácter no financiero, su domicilio social y principales sedes en España, no ser una empresa en crisis antes de 2019, ni haber pedido concurso de acreedores. Además, debe demostrar que sin la ayuda de la SEPI no puede seguir adelante, justificar que su desaparición tendría un impacto directo en la economía o el empleo y demostrar que su viabilidad es posible. 

Es decir, el Fondo, que fue diseñado en el marco temporal europeo de ayudas de Estado que también se ha empleado para rescatar a empresas como la alemana Lufthansa, está ideado en exclusiva para empresas que atraviesen dificultades como consecuencia de la Covid-19.

En el caso de Duro Felguera está claro que los problemas de la empresa que gestiona José María Orihuela empezaron mucho antes, aunque en este caso es fácil entender los motivos por los que, como recordó en este periódico José Ramón Pin, es una empresa estratégica para España y pueda ser razonable su rescate.

En el caso de la filial de Abengoa es llamativo que sus gestores por un lado, quieran recibir el rescate del Estado y por otro, ganarle un pleito millonario. Además, es imposible olvidar que se trata de una empresa procedente del grupo que durante los últimos cuatro años lideró Gonzalo Urquijo y que ya ha solicitado el concurso de acreedores.

Mucho más endemoniado es encajar los 53 millones de euros que el contribuyente español se dispone a prestar a Plus Ultra.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es una buena solución para evitar que empresas que pueden ser viables y se han visto dañadas por la pandemia acaben desapareciendo, lo que provocaría un daño importante al tejido productivo español.

Sin embargo, la urgencia de la situación que nos ha traído la pandemia no puede justificar un uso discrecional de este fondo.

Fuentes conocedoras del mecanismo de estudio de los rescates aseguran que toda empresa rescatada debe presentar la documentación que acredite cada uno de los supuestos que recoge la orden ministerial.

Estaría bien conocer esos papeles en el caso de Plus Ultra, en especial, el informe que hayan preparado sus asesores en el rescate demostrando que es una empresa estratégica y que por tanto, cumplía los requisitos para pasar el Anexo 0 Confidencial con el que las empresas pueden solicitar un rescate.

Toda empresa rescatada debe presentar la documentación que acredite todos los supuestos de la orden ministerial. Estaría bien conocer esos papeles de Plus Ultra

Estas ayudas tienen un marco temporal de seis años y están sujetas a condiciones. Algo que recuerda al rescate financiero de 2012, del que nos acabamos de enterar que nos va a sumar otros 35.000 millones de euros a la deuda pública por exigencia de Eurostat. Esta deuda procede de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El 'banco malo' que ahora preside Jaime Echegoyen y que Luis de Guindos prometió que no tendría coste para el contribuyente.

Dicen que a perro flaco, todo son pulgas. En el peor momento en más de un siglo para nuestras finanzas públicas, el organismo estadístico europeo nos obliga a anotarnos nada menos que lo equivalente tres puntos del PIB en nuestra deuda.

Ojalá pronto pase la pandemia y la economía vuelva a crecer con fuerza. Pero sea como sea el Gobierno debe ser altamente escrupuloso con las ayudas de un fondo que van a financiar los mismos contribuyentes con los que tiene otra deuda: explicarles el Plan de Reequilibrio Presupuestario que le exige la AIReF y no ha presentado todavía saltándose la legislación.

ATENTOS A...

El ruidoso y mediático abandono del Gobierno de Pablo Iglesias para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid y tratar de impedir que gane Isabel Díaz Ayuso ha hecho mucho ruido en prensa, pero ha pasado bastante desapercibido entre los analistas que elaboran informes para los grandes bancos de inversión y que suelen incorporar movimientos políticos en sus notas.

Fuentes de tres bancos de inversión consultados reconocen que al ser un asunto regional y con pocas posibilidades de triunfar, no ha sido objeto de preocupación de sus analistas para mandar un informe detallado de la situación a sus cuarteles generales en las grandes ciudades financieras en las que tiene su sede. Con más preocupación lo habría seguido el sector inmobiliario de no ser por la buena noticia que supone para ellos que José Luis Ábalos no haya cedido a las presiones de Iglesias con inminente Ley de Vivienda.