Con este contexto marcando el compás, el equipo de Manuel de la Rocha anda estos días intentando cerrar los numerosos flecos que quedan por atar para optar a los primeros 70.000 millones de euros de ayudas de la Unión Europea.

Bruselas ya ha visto el documento de más de 200 páginas con las propuestas de España que, como contó Pedro Sánchez en la inauguración de 'Wake Up, Spain!', consta de 110 inversiones y 102 reformas. Así que antes de mandar el texto definitivo, el Gobierno ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con los equipos de Ursula Von der Leyen y Valdis Dombrovskis, algo que -por cierto- no ha hecho con la oposición, pese a que los socios del euro se lo habían pedido.

La buena noticia para Moncloa es que la Comisión cree que el plan de inversiones está bien armado, los proyectos que se han incluido han gustado a los técnicos y la imagen general de la 'hoja de ruta' es positiva a falta de terminar de concretar algunos flecos como la ejecución de las ayudas o el polémico control del gasto.

Algo fundamental para nuestros financiadores por mucho que la ministra María Jesús Montero considere "ofensiva" la pregunta de quién vigila a los vigilantes del reparto de los fondos (en este caso, dependientes de su Ministerio) porque "no se puede arrojar una sombra de duda sobre el buen hacer" de los gobernantes.

Son puntos, en cualquier caso, que se acabarán solventando con un refuerzo los controles a la medida de Europa. Ahora viene la mala noticia. El Gobierno no ha sido capaz de aplacar el escepticismo europeo sobre la capacidad de este país para hacer las reformas que van a exigir los socios a cambio de desembolsar el primer euro.

El Gobierno no ha sido capaz de aplacar el escepticismo europeo sobre la capacidad de este país para hacer reformas

Este revés se ha convertido en el mejor aliado de los intereses que representa Antonio Garamendi en una de las mesas del diálogo social, al mismo tiempo que le va a complicar la vida en otra.

Nadia Calviño ya ha hecho saber a Yolanda Díaz y a los agentes sociales que las expectativas de los sindicatos sobre la derogación de la reforma laboral de Fátima Báñez no se van a ver colmadas.

El Gobierno va a proponer profundos cambios en el mercado laboral por la vía de la formación. Pero no va a deshacer el todo camino andado desde 2012 en dos puntos clave para Pepe Álvarez y Unai Sordo: la negociación colectiva y la subcontratación. Por mucho que en este último punto se pueda abordar alguna medida.

Pero a cambio, a los empresarios se les abre un frente difícil en materia fiscal y en el entorno de la patronal, el temor es que la factura de la compleja reforma que tiene que afrontar la Seguridad Social acabe siendo financiada por las empresas.

A José Luis Escrivá no le salen las cuentas -y eso que las traía hechas de sus tiempos como presidente de AIReF-. Cualquier reforma que se haga en materia de pensiones sin penalizar la actividad económica va a ser impopular.

Un coste político que ni siquiera cuando pase el 4 de mayo el Gobierno quiere asumir en solitario. Dado que la dinámica de las elecciones madrileñas muestra que el "consenso" que reclaman las grandes empresas para afrontar esta situación está lejos de conseguirse, el 'plan B' del Gobierno pasa por poner sobre la mesa el conocido como 'destope' de las cotizaciones sociales.

Este impuesto al Trabajo es una 'línea roja' para los empresarios en el diálogo social por mucho que el ministro deje la puerta abierta a subir la pensión máxima de jubilación a cambio de esta subida de las cotizaciones.

Una compensación que tampoco comprendería Bruselas, que tiene a España en el foco por tener un sistema de pensiones que el propio Banco de España califica como "generoso".

Con una tasa de paro del 16,13%, subir las cotizaciones sociales no parece la vía más rápida para recuperar empleo. Pero para suprimir el Factor de Sostenibilidad que introdujo el PP en 2013, el Gobierno tiene que plantear alguna medida y esta es una de las opciones menos 'impopulares' para su electorado, aunque también son los ciudadanos los que acaban pagando este aumento del coste de la mano de obra.

Vienen sacrificios. Y a estas alturas de la crisis es hora de que el Gobierno explique a los españoles que la situación económica es peor de lo que se percibe, ya que el efecto del dopaje monetario y fiscal ha paliado el daño de la crisis provocada por la Covid-19.

Si no se acometen reformas, Bruselas no financiará el Plan de Recuperación de Sánchez. Quien sabe si alguien estará pensando en ganar tiempo para que la economía rebote y no nos haga falta tirar de esos 140.000 millones de euros.

ATENTOS A...

Mario Draghi visitará España en el mes de junio invitado por el Cercle d' Economía. El primer ministro italiano vendrá a este país y coincidirá con Pedro Sánchez en un momento en el que ambas economías tienen interés por conseguir margen de Bruselas para continuar con la política fiscal expansiva y para que el BCE no rebaje su apoyo en los mercados de deuda.

Italia acaba de aprobar un nuevo gran plan de estímulo para paliar los efectos de la Covid-19 en su economía, que ha sido junto con la española, la más dañada por el virus dentro de la eurozona. Sin embargo, las primas de riesgo de ambos países permanecen controladas gracias al apoyo de Christine Lagarde en los mercados.