Durante décadas, la sociedad civil española ha dejado hacer a la política sin involucrarse en exceso en la vida pública. Esa actitud ha formado parte del caldo de cultivo de la 'nueva' política de eslóganes, medias verdades y sectarismo que hoy padecemos.
En el mundo de la Bolsa ha ocurrido algo parecido. Los inversores españoles (institucionales, fondos y ahorradores) han sido poco activos en ejercer un control sobre sus participadas del Ibex 35 y esa 'pasividad' no ha servido de ayuda para prevenir escándalos, como el de Villarejo, que salpica a numerosas empresas del selectivo y ahora empieza a preocupar a algunos fondos europeos.
Tampoco ha ayudado a controlar las remuneraciones de los más altos ejecutivos del Ibex que de pronto escandalizan a ministros 'ortodoxos', como Nadia Calviño o José Luis Escrivá como miembros de un Gobierno accionista directo de una entidad, CaixaBank, que ha planteado un ERE para casi 8.300 trabajadores.
Nadia Calviño, Carlos Torres Vila y José Ignacio Goirigolzarri.
Mientras en Estados Unidos, el 90% del tramo institucional del accionariado de una empresa cotizada siempre vota en su Junta de Accionistas, en el caso español no llega al 40%, según los datos de Corporance Asesores de Voto. Este es el proxy advisor español de la alianza Proxinvest que hace seguimiento de la gobernanza de las empresas españolas para dirigir el voto de los inversores en las Juntas de Accionistas.
Quien ha seguido de cerca la trayectoria de los análisis de esta firma que preside Juan Prieto sabe que la retribución de presidentes, consejeros delegados y miembros del consejo de administración de las entidades españolas está en el punto de mira de sus accionistas.
Pero no como consecuencia de la reducción de 18.000 puestos de trabajo que el sector va a acometer en esta pandemia, sino por el reparto de poder en la cúspide de las entidades, la estructura de gobierno corporativo, el elevado peso de la retribución variable y la evolución bursátil del sector.
Algo, esto último, que no se puede separar de los problemas de rentabilidad que han provocado bajos tipos de interés -e incluso negativos- en Europa, el alto coste de la regulación en el Viejo Continente o la transformación digital.
El reparto de poder de la banca española ha estado en el punto de mira del Banco Central Europeo (BCE) y no termina de convencer a los proxy advisor.
El caso más conocido fue el de la sucesión de Francisco González en BBVA, cuando la llegada a la presidencia de la entidad de Carlos Torres Vila estuvo acompañada de un reparto de funciones más claro con el consejero delegado, Onur Genç, para que Fráncfort diera el plácet a los nombramientos.
En las empresas anglosajonas el papel del consejero delegado, como figura que lleva el día a día de la gestión, está más separado del de la presidencia.
Esto es algo que estaba muy claro en la antigua CaixaBank con el reparto de poderes entre Jordi Gual y Gonzalo Gortázar. Ahora, se ha intentado mantener esa estructura con la llegada de José Ignacio Goirigolzarri para presentar una buena fotografía que pudiera contar con el apoyo del BCE y de los accionistas.
Sin embargo, ese voto favorable que han dado los proxy advisor no significa que los inversores no vayan a vigilar de cerca el papel de Goirigolzarri en el reparto efectivo de esas funciones sobre las que se basan sus remuneraciones.
Los inversores españoles han sido poco activos en ejercer un control sobre el Ibex. Esa 'pasividad' no ha ayudado con los sueldos que ahora escandalizan al Gobierno
Algo que también va a ocurrir en Sabadell con el reparto entre Josep Oliu y el nuevo CEO, César González-Bueno."¿Alguien se cree que Oliu no manda en el banco?", se preguntaba una persona conocedora del mercado en una conversación privada reciente.
Ese solapamiento de funciones no existe en Estados Unidos y supone un ahorro de costes para las empresas americanas, con lo que la vigilancia que hace el mercado en Europa sobre este punto es alta.
En el caso del 'bonus', al que renunciaron en 2020 por la pandemia, muchos banqueros, como Ana Botín, los proxy advisor consideran que esa parte de la retribución variable no es escandalosa, en contra de lo expresado por los ministros socialistas y también por Yolanda Díaz.
Carlos Torres, Ana Botín, Pablo Hernández de Cos, Josep Oliu, José Ignacio Goirigolzarri, José Luis Escrivá, Onur Genç, Nadia Calviño y Gonzalo Gortázar.
Sin embargo, los inversores ponen el foco en otros puntos de las remuneraciones, como las indemnizaciones por despido que incorporan sus contratos o los elevados planes de pensiones.
Esto hizo que, por ejemplo, Carlos Torres decidiera el pasado febrero ajustar su sistema retributivo y se bajara el sueldo en una decisión que estuvo acompañada de una rebaja de su pensión y un aumento de su sueldo fijo y variable. A pesar de esa subida, en el caso de 2021, Torres cobrará un 2% menos en caso de cumplir con los objetivos marcados por el variable.
En un mercado cada vez más 'activista', los altos ejecutivos de las empresas y entidades financieras están cada vez más atentos a lo que les reclaman 'sus votantes' en las Juntas de accionistas.
Es por esta vía por la que se acabarán imponiendo cambios en los sistemas de retribuciones de la banca y no por la que propone Calviño a Pablo Hernández de Cos en un intento de desviar la atención por el papel activo que ha tenido este Gobierno en la absorción de Bankia por CaixaBank.
Una operación a la que el mercado ha encontrado sentido, entre otros motivos, por el ahorro de costes que supone para el nuevo banco la supresión de duplicidades en su red de oficinas. Por mucho que nos pese, los números son tozudos.
ATENTOS A...
Las reuniones que la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha mantenido en las últimas semanas con europarlamentarios españoles, entre ellos, con Luis Garicano, para preguntar sobre las ayudas a Plus Ultra.
M. Vestager y L. Garicano.
La también vicepresidenta de la Comisión Europea ha estudiado con atención las sospechas aparecidas en medios de comunicación y trasladadas a Bruselas por partidos, como Ciudadanos, sobre irregularidades en el rescate a esta aerolínea aprobado por la SEPI.
En este contexto, antes de que la Justicia española abriera una investigación sobre el caso, la comisaria ya había iniciado sus pesquisas para controlar el destino del dinero público destinado por España a esta operación en la antesala de la llegada de una lluvia de millones de transferencias de la Unión Europea para que el Gobierno lance su plan de recuperación.
