Al Gobierno no le gustó que José Ignacio Goirigolzarri no negociara con Nadia Calviño el calendario para concretar las cifras del ERE de CaixaBank.

A la espera del 4M que dio una rotunda victoria a Isabel Díaz Ayuso, la noticia de que un banco nacido con el aval del Estado y con presencia en su accionariado del FROB fuera a despedir más empleados de lo esperado cayó como un jarro de agua fría en el Ejecutivo.

Eso explica, en buena medida, el voto en contra del Gobierno al cambio en el sistema de retribuciones de los principales ejecutivos de la entidad, que supuso una importante subida salarial para Goirigolzarri. Y también la escasa representación de primer nivel que el sector financiero envió a la presentación de España 2050.

La tirantez ha ido a peor con el apoyo mostrado por el Gobierno a Conpymes. La confederación de autónomos y pequeñas empresas que se presentó en Madrid el pasado viernes en un acto al que acudieron Yolanda Díaz y Begoña Gómez entra en escena en un momento en el que Antonio Garamendi estaba planteando dar más voz a las grandes empresas en las decisiones de la CEOE. 

Es conocida la buena sintonía de Garamendi con pesos pesados del Ibex 35, como Ana Botín, José María Álvarez-Pallete o Pablo Isla. Todos ellos participaron en la macrocumbre de grandes empresas que organizó la patronal el pasado junio para planificar la reconstrucción de España.

Pese a su carácter afable, la vicepresidenta tercera Díaz tomó nota y ha aprovechado el descontento de sectores de pymes y autónomos con la integración de ATA y Cepyme en la CEOE para apoyar un nuevo movimiento empresarial con gran apoyo en Cataluña y que comparte el discurso de la izquierda.

La nueva patronal presidida por José Luis Roca aglutina a organizaciones como UATAE, que viene trabajando con el exministro socialista Valeriano Gómez. Y la idea es defender los intereses de las pymes sin importar abrir enfrentamientos directos con las grandes empresas, algo que no ha hecho el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Ahora que parece estar próxima la recuperación económica y que Iglesias ha dejado el poder, el Gobierno decide pone fin al 'idilio' que, con sus más y sus menos, mantuvo con el Ibex 35 en los peores momentos de la pandemia.

Mucho se ha hablado de la ayuda que prestaron las grandes empresas españolas a Pedro Sánchez durante los meses de la pandemia con la logística del material sanitario, los créditos ICO o las cesiones de edificios o servicios gratis. Pero lo cierto es que el Ministerio de Economía también las apoyó.

En los peores momentos de la crisis de la Covid-19, el departamento de la vicepresidenta Calviño llevó al Consejo de Ministros un real decreto-ley para blindar a las grandes multinacionales y cotizadas españolas de sectores estratégicos frente a potenciales ofertas hostiles de compra de inversores extranjeros, primero extracomunitarios y luego también europeos.

Aquella normativa es la que ha forzado al fondo australiano IFM a pedir permiso al Gobierno para lanzar una OPA parcial sobre Naturgy. Una operación que será aprobada con condiciones a comienzos de junio, aunque su futuro dependa ahora de las negociaciones entre los fondos de la energética que preside Francisco Reynés y Criteria.

Ese decreto tendrá que ser revisado el próximo 30 de junio sin que Economía haya comenzado todavía a trabajar en este asunto. Pese a que el 'permiso' para empresas no comunitarias no tiene caducidad, el Ejecutivo deberá pronunciarse sobre si las multinacionales europeas pueden entrar en grandes empresas españolas sin el aval del Consejo de Ministros.

La Bolsa española acaba de recuperar su nivel de capitalización prepandemia, un argumento que jugaría a favor de 'volver a la normalidad' y permitir que sea el mercado el que dicte las operaciones.

Pero la debilidad bursátil de algunas empresas del Ibex 35 o la situación de otras compañías en situación de venta -como el caso de ITP Aero- hacen que haya interés porque se mantenga esta opción de veto.

Pese a la escenografía, a las grandes empresas les interesa llevarse bien con La Moncloa y viceversa. Sin el apoyo de la oposición, Sánchez necesita hacerse fotos con el Ibex 35 para mostrar fortaleza ante la Comisión Europea.

ATENTOS A...

El pulso que ha abierto el expresidente de Duro Felguera, José María Orihuela, con el consejo de administración de la compañía tras su cese por una indemnización que podría superar el millón de euros si se incluye el variable.

La batalla por ese pago empaña aún más el proceso de entrada en su capital de la SEPI. El organismo, afectado por el 'caso Plus Ultra', está moviendo sillones y también quiere abrir nueva etapa en Indra con el relevo de Fernando Abril-Martorell, un movimiento de calado del que deben tomar nota otras empresas con presencia de capital público, ya que se produce tras algunas discrepancias del directivo con el Gobierno.