La relación entre la política y las big tech en los Estados Unidos está, sin duda, más revuelta que nunca, y es muy posible que en función de lo que termine sucediendo allí, en el país de origen de las compañías tecnológicas más importantes -salvando a las chinas y muy pocas más- debamos replantearnos muchas cuestiones en otros países. 

Es probable que todo tenga su origen en la llamada Sección 230, un elemento legislativo diseñado a principios de los años 90 para proteger a los proveedores de acceso a internet de posibles responsabilidades sobre el contenido que distribuían, y que viene a decir que "ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o locutor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".

Una parte de esa sección, además, contiene la llamada "protección del buen samaritano", que establece "la protección contra la responsabilidad civil de los operadores de servicios informáticos interactivos en la eliminación o moderación de material de terceros que consideren obsceno u ofensivo, incluso de discurso constitucionalmente protegido, siempre que se haga de buena fe".

Esas protecciones se convirtieron en fundamentales a la hora de impulsar todo el desarrollo de los servicios de información a través de internet: ¿cómo imaginar cualquier servicio con participación de usuarios, si quien lo ofreciese tuviese que estar respondiendo constantemente por responsabilidades derivadas de lo que sus usuarios han publicado en él?

Pero por supuesto, las cosas no son tan sencillas como escribir un par de provisiones legislativas. Y en tiempos recientes, efectivamente, se han complicado, fundamentalmente como una derivada del uso que algunos usuarios concretos, y concretamente algunos políticos, han hecho de la red. 

Esta semana, el estado de Florida, republicano, ha establecido una nueva ley, la Stop Social Media Censorship Act, que pretende impedir que las redes sociales y otros servicios de internet moderen contenidos. Esta ley es, en realidad, una resaca de las últimas elecciones presidenciales, en las que un personaje como Donald Trump, después de llamar en repetidas ocasiones a la violencia y de deslegitimar abiertamente a las instituciones, terminó siendo silenciado por redes como Twitter o Facebook.

Según los republicanos de Florida, esto es una afrenta que no debería poder suceder nunca más, así que no han tenido mejor idea que crear una ley para intentar evitarlo. 

De nuevo… como si fuera tan fácil. Por supuesto, lo contrario a que "una red social no pueda censurar lo que diga un político" es que "una red social esté obligada a publicar cualquier cosa que diga un político", lo cual, obviamente, viola no solo la citada Sección 230, sino la mismísima Constitución del país, además de carecer completamente de sentido común.

¿Alguien se imagina a un político llamando, por ejemplo, a la insurrección armada, a echarse a las calles para alterar el orden público, y a una red social obligada a reproducir y amplificar esas llamadas? Ooops… ¡espera! ¿No fue eso, de hecho, lo que Donald Trump hizo cuando animó a sus seguidores a asaltar el Congreso de su país?

Ese asalto estuvo, en realidad, planificándose durante semanas en Facebook, hasta el punto de que muchos de los que finalmente participaron en él fueron "calentándose" o incluso pidiendo dinero para comprar billetes a Washington, hasta que finalmente se desencadenó. Y no hace falta irnos a Estados Unidos para encontrar ejemplos parecidos, y en ambos lados del espectro político. 

No, las cosas no son tan sencillas como "una red debe publicar todo lo que un político diga" por irresponsable que el político pueda llegar a ser, ni como "una red debe tener libertad total para censurar lo que un político diga", porque las redes, como ya hemos visto en el caso de Facebook, también pueden tener sus propias agendas e intereses.

Ni los políticos son especialmente responsables, ni las redes son necesariamente de fiar en la moderación. Pero lo que está claro es que, en una situación en la que cualquiera puede, en un instante, escribir algo y publicarlo a golpe de un clic, algún mecanismo deberíamos tener, porque no es lo mismo, en términos de posibles consecuencias, que ese "algo" lo publique un ciudadano normal, a que lo publique un político o un personaje público con una audiencia potencial de millones de personas. 

La política no está a la altura de una herramienta como internet y las redes sociales

La política, o la mismísima sociedad que la contiene, no están a la altura de una herramienta como internet y las redes sociales. Y la solución, obviamente, no es quitar esas herramientas, sino solucionar el problema que evita que puedan ser utilizadas con garantías.

Por muy tolerante que pretendan ser nuestras sociedades, es evidente que no todo puede ser tolerado, y si no, que se lo pregunten a Karl Popper, que estableció hace muchos años la llamada "paradoja de la tolerancia": si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes, de manera que, aunque parezca paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. 

A lo mejor, y más en función de numerosos precedentes históricos, lo que tenemos que plantearnos no es tanto empezar por regular las redes sociales, sino más bien por regular a determinados políticos o determinados comportamientos dentro de la sociedad.