La pasada semana, una palabra hizo saltar las alarmas de los círculos económicos de nuestro país: inflación. ¿Por qué es un problema? Como explicaba Daniel Lacalle, porque cuando se inicia un proceso inflacionista en medio de una crisis que frena la economía, se produce lo que se conoce como estanflación. Un mal para el que las recetas a las que los bancos centrales nos tienen acostumbrados, no valen.
"La estanflación no se puede resolver con impresión de dinero, tasas bajas y gasto público. Esas medidas agravan el problema", afirma Lacalle. Efectivamente, salir del círculo vicioso es complicado.
Es cierto que hay cierto aroma optimista, que se está presentando como un principio de recuperación.
Por un lado, el Banco de España anuncia que se observa un repunte de la actividad y corrige al alza sus previsiones de crecimiento para España en 0,2 puntos porcentuales para el presente año, y 0,5 y 0,1 puntos porcentuales para 2022 y 2023 respectivamente. Es lógico si tenemos en cuenta que, a medida que la vacunación progrese, irá recuperándose la actividad económica en todos los países.
Ahora bien, no lancemos las campanas al vuelo. No repitamos la experiencia de Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno en 2009, quien, en mayo de ese año, afirmaba que en unas semanas se empezarían a ver los "brotes verdes" de la economía española.
El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que "la incertidumbre acerca de la magnitud de este rebote es elevada" porque faltan datos para realizar predicciones fiables. También se muestra muy cauto respecto al impacto en nuestra economía debido a los fondos europeos. Dos de las razones más importantes son el déficit y la deuda pública. Eso nos remite a dos temas espinosos.
Uno es el de los impuestos. El Gobierno no tiene dinero, simplemente dispone de nuestro dinero, así que puede reducir el déficit disminuyendo el gasto, que no parece creíble, o aumentando sus ingresos, es decir, nuestra carga fiscal.
El otro tema es con el que iniciaba el artículo: la inflación. El problema, como recordaba en Twitter Álvaro Climent, es que un repunte de la inflación implica una subida de las pensiones, que están indexadas al IPC, de manera que si al suponemos una estimación de entre el 1,6 y el 2% al cierre del año, el año que viene, el incremento del gasto en pensiones rondaría los dos mil millones de euros. Eso no facilita la reducción de la deuda que ya está en el 125% del PIB.
Las dudas de Hernández de Cos están muy justificadas.
Si la solución a uno de los puntos negros del Gobierno pasa por lastrar las posibilidades económicas de los ciudadanos y empeorar, por tanto, el otro agujero, tenemos un problema muy serio.
Incluso con el progreso de la vacunación y la reactivación de la economía (no voy a hablar del patinazo turístico con el Reino Unido), hay cuestiones de gran calado que van a tener que solucionarse más allá de esta legislatura. Si yo fuera Pedro Sánchez no me gustaría ganar las próximas elecciones.
Si yo fuera Pedro Sánchez no me gustaría ganar las próximas elecciones
La estanflación, por tanto, no es un espejismo sino una amenaza real. Entre otras cosas porque a pesar de que la solución pasa por crear un marco para que las empresas creen puestos de trabajo que saquen del desempleo a los trabajadores, y que obtengan beneficios para que haya incentivos para seguir activando la economía, los gobiernos se empeñan en implementar medidas más intervencionistas.
Como los malos padres, creen que una inyección de liquidez lo soluciona todo, cuando la realidad no dice que tras la liquidez se pueden ocultar problemas graves que, antes o después salen a la luz.
Uno de los desafíos a los que se enfrenta España, pero también el resto de los países de la economía global, es que la reactivación tras la parada forzosa producirá desajustes en varios ámbitos: la demanda y la oferta de trabajo, la producción.
Por ejemplo, habrá fábricas que dejaron de producir un bien intermedio concreto para amoldarse a la situación confinamiento y producir otro. Al reanudarse la actividad "normal", estos productores no siempre van a regresar a la situación inicial.
De manera que es posible que haya escasez de aquello que antes producían. Todo dependerá de lo necesario que sea ese producto que ahora es escaso, de la flexibilidad empresarial para que surja otro productor que cubra esa demanda no satisfecha etc. Es decir, en todos los casos, el requisito para asegurar que los desajustes van a hacer el mínimo daño económico posible es la flexibilidad del sistema. Justo lo que España no tiene.
No hay más que echar una ojeada a nuestro mercado de trabajo, o al mercado de alquileres. Y las intenciones del Gobierno y sus socios no parecen muy alineadas en la dirección correcta.
Aquellos países con más capacidad para amoldarse se recuperarán y se reajustarán mejor: con menos desempleo, menos aumento de la pobreza, menos deterioro del poder adquisitivo, etc.
¿Van a lograr los fondos europeos flexibilizar nuestra economía de manera que nuestra recuperación sea más sólida que los "brotes verdes" de Salgado? No lo parece.
Lo que se desprende de las señales que manda el Gobierno es mucho ruido y pocas nueces. Gestos forzados que ya no convencen y que, además, pueden dejarnos en el furgón de cola por mucho más tiempo del que pensamos. Ningún problema para Sánchez y el PSOE, que parece haberse aferrado, si no de palabra al menos en espíritu, al lema que define los fraudes piramidales: "Que pague el siguiente".
