Esta fue una concesión silenciosa de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, al Ministerio de María Jesús Montero en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que nadie ha explicado, pero que fuentes del sector ven pertinente denunciar. Una recaudación que le viene muy bien al Gobierno ahora que tiene que financiar el déficit público que ha agravado la pandemia, pero muy mal a las familias y las empresas en un momento delicado por la fragilidad de la recuperación.

Me explico. La Ley de Cambio Climático incorporó una modificación de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que se aprobó en los tiempos del pulso con las eléctricas de los hermanos Nadal y se recogió en la Ley del sector eléctrico del año 2013.

La nueva redacción quita a la caja del sistema 500 millones de euros de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para dárselos a Hacienda.

Se trata de una cuantía que, hasta ahora, iba destinada a financiar costes de la transición ecológica, fundamentalmente, a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Este organismo que depende de Ribera y dirige Joan Groizard es el brazo ejecutor de la transición ecológica y ayuda a paliar el coste de adaptación a los cambios que tienen que asumir las empresas y los hogares para financiar este cambio de fuentes de energía necesario para proteger el planeta.

Con los derechos de CO2 disparados, Hacienda ha multiplicado su recaudación hasta niveles no imaginados hace unos meses.

Este año, serán unos 2.200 millones de euros los que el Gobierno español recaudará por este concepto. Más del doble que en 2020. Si se hubiera mantenido la redacción anterior a la ley, serían 1.700 millones, porque los otros 500 millones se quedarían en la caja del sistema y darían aire a los consumidores.

En última instancia, quitar al sistema eléctrico esos 500 millones de euros puede traducirse en más déficit de tarifa a largo plazo o en un encarecimiento del recibo.

"Es una decisión, cuando menos contradictoria", señala una fuente conocedora del sector. Y tiene razón. 

Por un lado, el Gobierno dice que está estudiando cómo bajar los impuestos a la electricidad ante la impopular subida del recibo de la luz -que se suma a los precios en máximos de los carburantes-. Por otro, quita una ayuda a la transición ecológica de 500 millones de euros que podrían paliar ese incremento de la factura.

Todo suma. Y los derechos de CO2 están enriqueciendo a los gobiernos al tiempo que empobrecen a los ciudadanos. Otra contradicción más de esta "transición justa".

Ante la pérdida de votos para los dos socios de Gobierno en la que se va a traducir esta subida de la energía, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya ha avanzado que estudian bajar el IVA (recuerden, del 21% para un producto de primera necesidad para familias, pero también para empresas e industria).

Calviño y Ribera han añadido a esa rebaja, la posible eliminación temporal del 7% del impuesto sobre la generación eléctrica, como ya se hizo hace dos años. Pero esa supresión solo supondría un alivio del 2% o 3% en la factura porque afecta al precio de la energía y en el recibo de los hogares se pagan muchas otras cosas.

Detrás de este subidón de la energía, se esconde un aumento inesperado del precio del gas -una de las fuentes necesarias para articular la transición-. Pero el Ejecutivo va a poner el foco en la hidráulica y la nuclear con el anunciado recorte de los bautizados como "beneficios caídos del cielo", que supondrá la pérdida de ingresos de unos 1.000 millones de euros para las eléctricas.

Volvemos a los parches de siempre. El mercado eléctrico español tiene un problema estructural que viene de atrás y que han alimentado gobiernos de todos los colores.

Da la impresión de que como no hay quién se aclare con el recibo de la luz es fácil generar confusión y hacer pagar al consumidor. Pero la transición ecológica que dicta la Unión Europea no da margen para experimentos. Si se quiere electrificar la economía y no generar más desigualdad entre los ciudadanos, habrá que tomar medidas para que encender la luz o cargar el coche eléctrico no sea prohibitivo.

ATENTOS A...

El malestar que hay entre muchas comunidades autónomas, en especial, entre las gobernadas por el Partido Popular ante el dirigismo político que se ha hecho desde La Moncloa con el Plan de Recuperación de España que Ursula von der Leyen ha avalado. 

Pedro Sánchez anunció el pasado miércoles que convocará a la Conferencia de Presidentes para abordar los detalles de ese plan. Pero lo hace cuando la hoja de ruta para ejecutar los fondos europeos ya ha sido elaborada sin contar con la opinión de unos dirigentes autonómicos a los que hace un año se les prometió "cogobernanza" en San Millán de la Cogolla. El presidente del Gobierno ha defraudado en las expectativas generadas entre las distintas regiones que ahora tendrán que asumir el Plan que ha elaborado el Gobierno en solitario.