Confirma que la reforma de la Reforma Laboral de 2012 la pide Europa. Pero no la que ha presentado el Ministerio de Trabajo en su última propuesta. Lo que quiere la Unión Europea es reducir la precariedad laboral, mediante la reformulación de la contratación.

Denuncia Garamendi que confundir precariedad con temporalidad es un error. Si un trabajador va enlazando contratos temporales sucesivamente no está en precario. Además, hay sectores en los que el contrato por obra y servicio, los fijos discontinuos y las subcontratas son connaturales con el tipo de empresa. Modalidades que el Ministerio de Trabajo quiere endurecer y dificultar en su última propuesta añadiendo rigidez al mercado laboral.

La reforma de la Reforma Laboral de 2012 la pide Europa. Pero no la que ha presentado el Ministerio de Trabajo en su última propuesta

La CEOE, según su presidente, ni quiere, ni debe sustituir la potestad del Gobierno o el Parlamento para legislar. Su función es exponer la opinión de los empleadores privados, las empresas, y ratificar, o no, un pacto que ayude a crear trabajo y hacer crecer la economía.

En ese sentido, espera que las llegadas de los fondos europeos de NGEU propicien un crecimiento del PIB y en consecuencia, de puestos de trabajo. Lo que ayudará a resolver los otros dos grandes temas. Las pensiones, porque el aumento del número de cotizantes sanearía las cuentas de la Seguridad Social.

Eso también ayudaría a sanear el déficit público. Un problema que el Gobierno pretende resolverlo aumentando los tipos impositivos. Aumento que puede tener el efecto contrario y reducir los ingresos fiscales si disminuyen el número de contribuyentes por falta de contrataciones.

Por el contrario, si se crean puestos de trabajo, bajando los tipos impositivos se puede ingresar más por la Hacienda Pública. Andalucía es un ejemplo. Garamendi lo argumentó: las exenciones en el impuesto sobre patrimonio en esa autonomía han producido más ingresos en la Hacienda andaluza.

Pero también alertó: basta el anuncio de una contrarreforma laboral como la expuesta por el Ministerio de Yolanda Díaz, para que se paren inversiones y se dificulte el crecimiento empresarial.

No le falta razón. La economía se mueve por expectativas. Las inversiones empresariales especialmente. La incertidumbre cercena esas expectativas. De manera que el mero hecho de que el Gobierno de Sánchez presente una posible regresión en la flexibilidad del mercado laboral, retrae las inversiones y, si se retraen las inversiones, se retrae el consumo.

En consecuencia, se ralentiza la creación de puestos de trabajo. Por tanto, se agrava el déficit público y, dentro de él, el de la Seguridad Social y las pensiones. Eso obliga a subir los tipos impositivos que a su vez inciden negativamente en el trabajo en un círculo vicioso aterrador. En ese caso, los fondos europeos no tendrán todo el efecto acelerador que podrían.

Si el Ministerio de Trabajo sigue manteniendo su apuesta contra la flexibilidad del mercado laboral, aunque solo sea una posición puramente negociadora, el riego está ahí.

Un riesgo innecesario cuando existen otros que también enumeró el presidente de la CEOE: a) el aumento de la Covid que amenaza la producción y el consumo, en particular al sector turístico; b) la escasez de materias primas que aumenta la inflación (4% ya en Alemania); c) una deuda pública del 120% del PIB que hay que devolver, con un déficit fiscal que requerirá 100.000 millones de euros para cubrirse... Añadir más riesgos a estos que ya están sobre la mesa es, como mínimo, imprudente.

Tan imprudente como el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que Díaz quiere y la vicepresidenta y ministra de economía, Calviño, intenta retrasar.

Y es que ya lo dijo San Ignacio: "en tiempo de tribulación, no hacer mudanzas". Eso no lo dijo Garamendi. Pero como vasco que es, de nacimiento y trayectoria, podría haberlo afirmado en el auditorio Beatriz. Al fin y al cabo estudió en la universidad jesuita de Deusto.