Es cierto que en muchos países europeos se siguen manteniendo empresas energéticas de propiedad pública (sin ir más lejos en Francia e Italia, donde la empresa pública ENEL es, para más inri, propietaria de Endesa).

¿Tiene sentido que en España se cree una empresa pública generadora de energía con dichos activos de generación hidroeléctrica? Partiendo de lo más abstracto y pese a lo que puedan defender posiciones más radicalmente liberales o socialdemócratas, creo que no es posible defender la conveniencia de crear o mantener empresas públicas en general y menos en el ámbito de la energía en particular. Solo el escenario y contexto concreto permiten hacerlo.

En España los grandes partidos, en los últimos 25 años, han estado de acuerdo en la conveniencia de la privatización de las empresas públicas energéticas (recordemos que el gobierno popular de Aznar privatizó paquetes mayoritarios de las empresas energéticas públicas y que el socialista de Zapatero, culminando esa política, vendió a Enel en su Opa las últimas participaciones en Endesa de la Sepi).

Ahora bien, es cierto que podemos encontrar empresas públicas generadoras de energía hidráulica en el sector público gestionadas de forma muy eficiente, por ejemplo, Hidráulica Santillana (del grupo Canal de Isabel II) propiedad de la Comunidad de Madrid y cuya vinculación con el abastecimiento de agua de la Ciudad de Madrid (entre otras potenciales razones) hace que el mantenimiento de su carácter público sea muy razonable.

Por tanto, para valorar la bondad de la propuesta del Gobierno, es necesario considerar el escenario regulatorio y de mercado de nuestro sistema energético y no encuentro ninguna ventaja clara en la creación de la sociedad pública gestora de instalaciones de generación hidroeléctrica.

No encuentro ninguna ventaja clara en la creación de la sociedad pública gestora de instalaciones de generación hidroeléctrica

En primer lugar porque a corto plazo no revierten concesiones con un número relevante de MW de potencia instalada que potencialmente pudieran servir para reducir el precio del pool.

En segundo lugar el mercado de la energía en Europa (de acuerdo con los reglamentos comunitarios UE 2019/943, ver el art. 3, y  UE 2015/1222, ver el art. 38.1.b) debe ser marginalista y el precio de más de 100 euros MW no lo están fijando principalmente las hidráulicas sino los ciclos combinados, por más que las hidráulicas se beneficien del mismo.

En tercer lugar, porque los 'windfall profits' se originan, en su caso, por la regulación de los derechos del dominio público hidráulico y eso no tiene nada que ver con la propiedad del activo sino con la regulación en dichas concesiones y, también, de los Planes Hidrológicos de Cuenca Vigentes (aprobados, por cierto, casi todos muy recientemente) y modificables por Real Decreto.

Por último, una empresa pública energética es muy dudoso jurídicamente que pudiera tener como objetivo "manipular" a la baja del precio del 'pool' por más que sus objetivos no sean los de maximizar el beneficio.

Una reflexión final, y creo que las más relevante de este debate: el problema de fondo estriba en que la transición energética no va a ser a coste cero. Fue extraordinariamente onerosa -miles de millones de euros- en los primeros y super-ineficientes tecnológicamente proyectos de renovables desarrollados hasta 2015, gasto prácticamente inútil en el camino a la transición energética respecto del que no parece que haya crítica colectiva alguna -pese a que lo seguimos pagando-.

El problema de fondo estriba en que la transición energética no va a ser a coste cero

Estamos viendo ahora que el respaldo de las renovables (sea con ciclos combinados o con almacenamiento) va a ser complejo si se cierran las plantas de carbón y las nucleares y muy probablemente caro a la vista del coste que hemos fijado para los derechos de emisión de CO2.

Todos los Gobiernos -no solo el nuestro- deberían plantear el debate de la transición energética de forma completa y madura pues la alternativa es la frustración que ahora está viviéndose en el debate público. Por ello, en una sociedad liberal y democrática, es imprescindible introducir en el debate el coste de la descarbonización y las vías alternativas para llegar a ella.

Por último, que la propiedad pública o privada del activo no es el problema del precio de la energía lo prueba que el Gobierno no está planteando crear una empresa pública con los ciclos combinados cuando muchos de sus propietarios están planteando su hibernación, y son los ciclos combinados los que están marcando el precio marginal en el pool en la mayoría de los casos.

*** Juan Martínez Calvo es socio de Simmons & Simmons. Abogado especializado en el sector energético.