Hace 15 días, el Gobierno incautó los "beneficios extraordinarios" de las compañías eléctricas para abaratar el recibo de la luz. Esta semana, el acuerdo cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos para reducir el precio de los alquileres y facilitar el acceso de los jóvenes a ese tipo de residencias constituye otro severo golpe contra la propiedad privada y la libertad de empresa. La justificación de las medidas planteadas por la coalición gubernamental y su concreción son muy parecidas a las de la ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda del comandante Chávez y dignas herederas de la normativa sobre alquileres introducida por el Generalísimo en 1946.
La obligación de destinar el 30% de las promociones a vivienda protegida y la mitad de ese porcentaje al alquiler social; la invitación a imponer un recargo confiscatorio del 150% sobre el IBI de los pisos vacíos; el control de los precios en los arrendamientos de quienes poseen más de 10 viviendas en las "zonas tensionadas del mercado"…configuran un entorno de intervención política asfixiante en el que el derecho de propiedad, ya muy erosionado en el campo urbanístico, se convierte en nominal. Su ejercicio queda sometido a los objetivos e intereses políticos del Gobierno; esto es, a la arbitrariedad y discrecionalidad del poder.
La propiedad privada es el fundamento de la libertad individual y de la economía de mercado. Su precarización en función de criterios arbitrarios es letal para el desarrollo de la actividad económica. Cuando su uso y disfrute están sujetos a los caprichos del Ejecutivo y de las administraciones periféricas, los incentivos para asumir riesgos y crear riqueza se desploman. En estos momentos, la actuación de la alianza social-comunista lanza un claro mensaje: nadie puede confiar en que su propiedad sea respetada y protegida en España. Pero ahí no termina la historia.
La propiedad privada es el fundamento de la libertad individual y de la economía de mercado
La coalición gubernamental ha decidido conceder un cheque de 250 euros mensuales a la población ocupada entre 18 y 35 para facilitar su acceso al arrendamiento de una vivienda. Esto tiene un coste presupuestario multimillonario, pero también genera otros problemas.
En el caso de que esa iniciativa tuviese éxito y estimulase la demanda de alquileres, los precios de éstos subirían porque a los escasos incentivos que ya existen para que su oferta crezca se le suman algunos adicionales. Si muchos propietarios no arriendan sus pisos ante la imposibilidad, contrastada, de desahuciar en un espacio temporal corto a sus inquilinos en caso de impago, mucho menos lo harán ante la elevada posibilidad de que aquellos se conviertan en okupas y gocen de la protección de Gobierno; fenómeno que se ha convertido en estructural.
Por eso, las deducciones fiscales para las rentas obtenidas del alquiler prometidas por el Gobierno serán ineficaces porque no compensan los elevados costes potenciales a las que se enfrenta el arrendador. Esa ha sido la causa por la que no han funcionado las vigentes hasta ahora.
Tampoco tendrán efectividad las amenazas de imponer una fiscalidad confiscatoria a las viviendas desocupadas en un entorno de inseguridad jurídica y sin que los propietarios tengan ninguna garantía de obtener una rentabilidad neta mínima del arrendamiento.
Por último, el control del precio de los alquileres para los grandes tendedores de viviendas, el obligar a que los promotores destinen una parte del suelo edificable a viviendas sociales unidas a desconfianza ante las posibles acciones futuras del Gabinete tendrán dos consecuencias.
La primera es que se desincentivará la inversión inmobiliaria destinada a aquel fin. La segunda es que las promociones de obra nueva tanto para vender como para arrendar tenderán a caer. La razón es evidente: el riesgo de realizar una inversión no rentable en ambos casos se dispara. En consecuencia, la disponibilidad de viviendas disminuirá y, también, la demanda de empleo directo en la construcción e indirecto en su industria auxiliar.
Como escribió Ayn Rand, una de las escasas diferencias entre el comunismo y el fascismo es que el primero suprime la propiedad privada y el segundo la pone al servicio de los deseos del Gobierno. Desde esta perspectiva, la Ley de Alquileres que se pretende aprobar encaja en la tipología fascista y además conseguirá unos objetivos diametralmente opuestos a los perseguidos: habrá menos viviendas en alquiler y más caras.
La explicación del Gabinete está descontada: la causa del fracaso no habrá sido la masiva distorsión causada por su intervención en el funcionamiento del mercado sino su insuficiente intensidad.
