La propuesta, como no podía ser de otra forma, busca proteger al consumidor y desde Creditea y la Asociación Española de Fintech (AEFI) hemos formulado una serie de propuestas en el procedimiento formal de consulta de la CE para asegurar que el texto definitivo proteja, a su vez, la competitividad del sector.

Así, por ejemplo, en el ejercicio preliminar de la Comisión Europea – concretamente, en el artículo 31 del capítulo IX-, se propone fijar un tipo máximo único a la tasa de interés y que se sitúe en la media de los créditos al consumo. Este es, sin duda, uno de los puntos que suscita mayor controversia, pues no tiene en cuenta los distintos segmentos de los créditos al consumo, donde el riesgo crediticio es muy diferente entre sí, ya que el perfil del usuario también lo es.

Por ejemplo, el tipo de interés medio de un préstamo personal o hipotecario es, en la actualidad, inferior al 10% mientras que el de un crédito revolving ronda el 20%. ¿Qué pasaría si se fijara un tipo de interés máximo en el mercado? De entrada, que muchas de las empresas de crédito que no pertenecen a grupos bancarios se retirarían por no poder cubrir sus costes. No nos referimos sólo a los costes operativos o a las enormes inversiones en tecnología, sino especialmente a los costes de financiación de estas empresas. Recordemos que, a diferencia de las entidades bancarias tradicionales, que obtienen la mayoría del dinero que presta de los depósitos de sus clientes, las empresas fintech asumen un riesgo mucho mayor, prestando su propio dinero y el de sus inversores.  

Pero, además, el establecimiento de un tipo máximo de interés supondrá una fragmentación del mercado interior y añadirá una capa de complejidad y barreras administrativas al libre acceso al crédito por parte de los ciudadanos europeos. Muchas empresas del sector del crédito online en Europa, que son una alternativa a la banca tradicional, se verán avocadas a salir del sector y dejar de ofrecer sus servicios como hasta ahora.

La conclusión parece obvia: en España, cientos de miles de clientes desatendidos que siguen necesitando comprar una lavadora nueva, reparar el coche para poder ir a trabajar o, sencillamente, cubrir los gastos escolares de sus hijos. Por si la situación personal de cada una de estas personas no fuera suficiente, también está el hecho de que este escenario supondría desincentivar el consumo doméstico, un gran dinamizador de la economía, y eliminar la libre competencia del sector, que es lo que hace que éste sea dinámico y evite las posiciones dominantes de grandes entidades financieras.

Explicado así podría parecer que es ponerse en lo peor, que es una visión muy negativa, pero el caso es que la situación descrita es la que ocurrió hace no muchos años en países como Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia cuando el Estado puso un límite crediticio similar al que propone la Comisión Europea en su Directiva de créditos al consumo.

Es por ello que desde la AEFI y Creditea proponemos que, en el caso de que la directiva fije un tipo máximo único, éste se establezca en un porcentaje superior que el promedio del producto de tarifa más alta. Dicho de otra manera: que tenga en cuenta los submercados dentro del sector de los créditos al consumo. De lo contrario, las instituciones financieras alternativas o compañías Fintech no serán competitivas y, lo más grave, el consumidor, con el tiempo, podría ver limitada su capacidad de elección, desincentivándose el consumo, tan importante como motor de nuestra economía.

*** Jorge Bardón es director general de Creditea y vicepresidente de AEFI.