En términos orteguianos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 podrían sintetizarse así: un cuadro macroeconómico fantasmagórico que da fundamento a un texto presupuestario de alucinación. Esta imagen surrealista se ve reforzada por la transformación del PGE en un inevitable, pero engorroso, trámite cuya plasmación escrita ha de ser lo más larga y confusa posible para dificultar su análisis y comprensión. Esto al tiempo que se utiliza a modo de campaña publicitaria para difundir los mensajes-consignas del Régimen.

A pesar de sus tinieblas, los PGE 2022 muestran con una claridad meridiana cuales son los principios inspiradores de la filosofía gubernamental: la continua expansión del Estado haciendo abstracción de sus efectos económicos, sociales y financieros. El Gobierno ha aprovechado la suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad para elaborar un Presupuesto ajeno a cualquier criterio de racionalidad, sólo comprensible en clave político-electoral y como una fuga hacia adelante.    

De entrada, las previsiones de incremento del PIB para 2021-2022 son inverosímiles. Se mantiene un crecimiento del 6,5% este año que es inalcanzable a la vista de su brutal corrección a la baja en el del segundo trimestre.

La economía española crecerá este año entre el 5 y el 5,5%, entre 1 punto 1,5 puntos por debajo de lo establecido. La proyección de un aumento del PIB del 7% en 2022 es impensable. Los supuestos sobre los que se sustenta esa predicción son irreales. Para muestra basta un solo ejemplo: el Ejecutivo estima un precio del barril de petróleo de 60,4 dólares cuando el mercado le sitúa cuanto menos en los 70. Sólo esto detraería un punto al crecimiento en 2022.

 Un crecimiento de la economía sobreestimado permite a su vez sobreestimar la recaudación fiscal y así mantener la ficción

Sobre ese escenario de ficción, la coalición PSOE-UP ha construido sus estimaciones de ingresos con la única finalidad de que le cuadren y sean compatibles con sus planes de gasto y con la reducción del déficit presupuestado para 2022: el 5% del PIB. Un crecimiento de la economía sobreestimado permite a su vez sobreestimar la recaudación fiscal y así mantener la ficción de que el desequilibrio de las finanzas públicas ha iniciado una tendencia declinante. Pero esto no ocurrirá.

Ni el consumo privado ni la inversión se comportarán como presume el Gabinete social-podemita. El primero no se incrementará en la magnitud de lo presumido: las familias están endeudadas, su renta disponible se ha reducido y la incertidumbre sobre el futuro del empleo persiste.

La inversión tampoco se reactivará de manera significativa a causa del abultado endeudamiento de las empresas, de sus inciertas expectativas de beneficios y de la desconfianza-inseguridad originada por las medidas adoptadas y anunciadas por la coalición social-comunista.

Así pues, todas las esperanzas recaen sobre los hipotéticos 27.000 millones de fondos europeos que ha de recibir España e incorporados por el Gobierno a su programación presupuestaria como un hecho consumado. Esto merece dos observaciones: primera, habrá que ver cuantos recursos se reciben y ello dependerá, al menos algo, de lo que se haga con el mercado de trabajo y con las pensiones; segundo, aunque se percibiesen todos los fondos y se gastasen su impacto multiplicador sobre el PIB es muy inferior al calculado por el Ejecutivo como ha manifestado el Banco de España.  

Esto es una bomba de relojería activada en el corazón de las finanzas públicas

El Gabinete considera un triunfo realizar el mayor aumento de gasto de la historia; proclama temeraria en un país con unos niveles de déficit-deuda descomunales y sin plan alguno para reducirlos, pero no es lo peor. Los PGE elevan de forma sustancial las partidas de gasto estructural -pensiones, salarios de los funcionarios, dependencia, empleo público, etc.- a pesar de que el déficit estructural se sitúa entre el 5 y el 6% del PIB y, por tanto, no disminuiría, aunque la economía creciese a tasas coreanas. Esto es una bomba de relojería activada en el corazón de las finanzas públicas.

No contento con eso, el Gobierno introduce un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (IS) cuando la pérdida de competitividad de la fiscalidad societaria española es ya muy acusada. A modo ilustrativo, en el IS, las compañías soportan el segundo mayor tipo medio efectivo de la UE y el primer tipo marginal efectivo de esa organización.

Para cerrar el círculo se rebaja la desgravación fiscal para las aportaciones a los planes de pensiones a 1.500 euros, una iniciativa muy estimulante para incentivar el ahorro a largo plazo. Nunca hay que perder la oportunidad de exprimir un poco más a los ciudadanos. Para qué seguir…

Con estos PGE, España está abocada antes o después a un duro ajuste presupuestario y en el interregno asistirá a una paulatina desaceleración del rebote de la economía y a la imposibilidad de asentar la recuperación.