La herencia de Ábalos amenaza con dejar muchas ciudades sin servicios urbanos de VTC

Comienza la cuenta atrás para la desaparición de nuestras ciudades, en octubre de 2022, de los servicios urbanos de los vehículos de arrendamientos con conductor (VTC). Sus populares trayectos serán prohibidos en apenas un año por imposición del conocido como "Decreto Ábalos" (Real Decreto-Ley 13/2018).

Este ha resultado ser una disposición tan polémica como limitativa de unos servicios públicos que liberalizó totalmente otro José Luis Rodríguez Zapatero. Curiosa paradoja, cuando el penúltimo gobierno del PSOE liberalizó los VTC y el actual los elimina en las ciudades, donde vive el 80% de la población, pese a estar avalados por el Tribunal Constitucional, como transportes discrecionales de viajeros que son.

Mientras no proliferaron, fueron tolerados por el colindante gremio del taxi, pero cuando la multiplicación de sus vehículos constituyó una amenaza económica real, los taxistas tomaron las calles en la mediática "guerra del taxi", que tuvo su culmen en el colapso del paseo de la Castellana por varios días en el verano del 2018.

El desbloqueo de aquel acontecimiento fue presentado por el entonces ministro Ábalos, como un avance social hacia la armonía y equilibrio de las modalidades de transportes que son las VTC y los taxis. Pero, a la luz de los acontecimientos, se reveló solo como una maniobra de presión política a las regiones donde se ofrecen servicios urbanos de VTC (principalmente Madrid, Andalucía y Cataluña). Ninguna de ellas, curiosamente, está gobernada por la coalición PSOE-UP.

Madrid fue la primera damnificada durante la celebración de FITUR, a principios de 2019, cuando los taxistas se manifestaron precisamente para pedir "la regulación de las VTC", exigiendo al entonces presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que otorgara a las VTC una autorización local (similar a la licencia municipal de los taxis) para prestar servicios urbanos. Garrido finalmente zanjó el conflicto y optó por uberizar el taxi en vez de taxificar las VTC, lo que supone un parche o solución parcial, dado que ambas modalidades son dos caras de la misma moneda y deben ser reguladas de modo armonizado.

Garrido finalmente zanjó el conflicto y optó por uberizar el taxi en vez de taxificar las VTC, lo que supone un parche o solución parcial, dado que ambas modalidades son dos caras de la misma moneda

Sin embargo, los mismos dirigentes de los taxistas que se manifestaban pidiendo regulación para las VTC hace solo un par de años parecen haber despertado de su errática estrategia y ahora anuncian nuevos conflictos y maniobran para que nadie (especialmente la Comunidad de Madrid, donde los taxistas ahora no quieren que se regule por Ayuso y Martínez-Almeida lo que sí pedían y querían que se regulase en 2019 por el Ayuntamiento de Manuela Carmena) obstaculice la aplicación del llamado "precipicio regulatorio" del "Decreto Ábalos" y los servicios urbanos de las VTC no se regulen y así queden restringidos a tráficos interurbanos, siendo definitivamente expulsados de las ciudades, donde solo quedará disponible el servicio tradicional de taxi.

Esto se vislumbra como una especie de "día del juicio final" para el 95% de los servicios operados por Uber, Cabify o Bolt, y debería preocupar al millón y pico de usuarios de esas plataformas digitales en la capital.

Los ciudadanos, en general, suelen estar encantados de tener libertad de elección y variedad en los medios de transporte y que los precios tiendan a abaratarse fruto de la competencia. Pero atención porque la idea aquí no es que haya convivencia ordenada entre taxistas y servicios de VTC, ni que se persiga la competencia desleal entre sectores. Sino que detrás de esta prohibición, lejos de velar por los intereses generales de la ciudadanía, el Gobierno ha buscado afianzar el clientelismo político de los taxistas para controlar “la calle” a su favor (o, al menos, no perderla), pasando por encima de los perjuicios que provoque la supresión de servicios de movilidad a la ciudadanía.

En la Comunidad de Madrid los taxistas ahora no quieren que se regule por Ayuso y Martínez-Almeida lo que sí pedían y querían que se regulase en 2019 por el Ayuntamiento de Manuela Carmena

En vez de ofrecer a los taxistas inversión, digitalización y una regulación que les permita competir y mejorar sus servicios a los usuarios. El Gobierno de España opta y se reafirma por prohibir la competencia y expulsar al competidor, sin medir ni pérdidas económicas, ni daños en el derecho a la movilidad de los ciudadanos.

Además, lastrará la competencia turística de España frente a otros países donde sí existen esos servicios de movilidad urbana por aplicaciones digitales y se fuerza el despido de más de 25.000 conductores de las VTC, hundiendo empresas y cotizaciones sociales mientras se pierden ingresos públicos por más de 1.500 millones de euros anuales entre impuestos directos e indirectos, compras de vehículos, electrificación de flotas, peor gestión de la movilidad, etc.

Mientras, paradójicamente, los taxistas verán como su negocio, lejos de crecer, entra en pérdidas, pierde inversión y merman sus clientes y su competitividad. Ante esa situación, la receta seguramente será el incremento de tarifas de los taxis en plena crisis económica y se preguntarán porqué entrarán en una profunda crisis de demanda, solo atenuada por la política de excesivo acoso al coche particular. Cada viaje que no se haga en una VTC no es un nuevo viaje para un taxi. Ni la economía es un juego de suma cero, ni la movilidad es rígida. La experiencia indica por el contrario que la entrada de vehículos al sistema genera mayor fluidez y un incremento del uso de ambas modalidades.

El paso atrás del Gobierno en dotar al todo el sector (taxis y VTC) de una regulación eficiente, compensar a los agentes económicos, nivelar el terreno de juego y poner a competir a los operadores con las reglas "mismo mercado, mismas reglas", para mejorar la calidad de vida del ciudadano, generar riqueza, empleos y actividad económica, va a tener graves consecuencias para todos. Un nuevo tiro en el pie a la economía española.

No es el fin del mundo, pero sí el segundo acto de una estéril "guerra del taxi". Ármense… de paciencia.

**Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.