Probablemente la reforma estructural del sistema de pensiones es una de esas políticas que más perspectiva a largo plazo, imaginación e inventiva requieren para lograr conciliar la sostenibilidad del sistema (el déficit contributivo de la Seguridad Social superó los 30.000 millones de euros en 2020, una cifra equivalente al 2,7% del PIB) con las expectativas de los pensionistas, presentes y futuros, y con la dimensión de progreso y equidad intergeneracional.

Sin embargo, la solución unilateral finalmente adoptada hace unos días por el Gobierno, con el ministro Escrivá a la cabeza, y los sindicatos, sin el concierto de los empresarios, por la que se acuerda aumentar un 0,6% las cotizaciones sociales, 0,5% con cargo al empleador y un 0,1% al trabajador, durante un período "coyuntural"” de diez años para financiar el incremento del gasto en pensiones derivada de la jubilación de los baby boomers, va en la dirección contraria.

Según Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y una de las figuras más autorizadas de nuestro país en materia de pensiones, esta decisión "no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional; no garantiza la sostenibilidad, reduce su contributividad, y carga el mayor gasto sobre las generaciones futuras". En otras palabras, dibuja un panorama desolador y sombrío para los más jóvenes (aún más).

¿Por qué? Primero porque se habla de equidad intergeneracional cuando se trata, en definitiva, de más impuestos al trabajo en un contexto en el que España tiene un 14,6% de desempleo general y más de un 30% de paro juvenil, la cifra más elevada del conjunto de la Unión Europea, según Eurostat.

La subida de las cotizaciones golpea la competitividad de las empresas y dificulta sobremanera la creación de empleo ante una recuperación incierta y menos intensa de lo inicialmente previsto. Una recuperación condicionada, entre otros factores, por la crisis de suministros, los precios de la energía y las tensiones inflacionistas, tras un año 2020 en el que España experimentó la mayor recesión de la eurozona y más de 200.000 empresas se situaron cerca de la quiebra o en situación de insolvencia, según el INE.

De Escrivá, expresidente de la AIReF y uno de los ministros más técnicos del Gobierno, se esperaba una solución menos facilona y más a la altura de su trayectoria. Por desgracia, parece que se ha impuesto, una vez más, la vertiente más ideológica del Gobierno, dejando de lado cualquier atisbo de criterio técnico.

La realidad es que la verdadera referencia para conquistar la equidad intergeneracional y, por tanto, para garantizar un futuro digno a jóvenes y pensionistas es el empleo. No se trata de ensanchar la base de la recaudación cargando la factura sobre los trabajadores y empresas ya existentes, sino de favorecer la creación de empresas y de reducir las elevadas tasas de desempleo, que durante los últimos 30 años han doblado la media comunitaria.

De Escrivá se esperaba una solución menos facilona y más a la altura de su trayectoria

Asimismo, es clave atajar las fugas de ingresos derivadas de los altos niveles de economía sumergida que, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), a España le cuesta 270.000 millones de euros al año (20-25% PIB).

Además, parte de esa economía sumergida se da en el fraude fiscal, que se sitúa cerca de 100.000 millones de euros, según estadísticas de este mismo sindicato. Todo ello por no hablar de las deficientes políticas activas de empleo que, como bien recuerda el Círculo de Empresarios en su reciente informe 'Un mercado laboral eficiente que genere empleo estable', tienen un "inmenso recorrido de mejora".

Ahora bien, si el aumento de las cotizaciones afecta a quienes no tienen empleo, pues dificulta su contratación, la otra cara de la moneda es que quienes ostentan trabajos más precarios e inestables (los jóvenes) verán su poder adquisitivo diezmado y sin expectativa de progreso. Conviene recordar que la aportación del empresario español a las cotizaciones equivale al 9% del PIB. Esto supone que las empresas pagan 1,7 puntos más que la media de los empresarios de la UE (donde el promedio del peso de la cotización empresarial es del 7,3% del PIB), según el 'Informe de 2019 sobre tendencias tributarias en la UE', que elabora la Comisión Europea.

Por último, el acuerdo entre Gobierno y sindicatos es lesivo para los jóvenes porque no cumple con Europa, ya que dilapida los dos principios rectores por los que habría de regirse una reforma estructural de este calado.

En primer lugar, el puntal del diálogo social, puesto que sin el agregado de los empresarios y de buena parte de los grupos parlamentarios no presume de ser una reforma duradera, lo que arroja aún más incertidumbre, un ingrediente poco recomendable para el conjunto de actores implicados, además de trasladar un mensaje de escasa credibilidad al resto de colegas europeos en un momento de gran dependencia de los fondos comunitarios a través del programa Next Generation.

En segundo lugar, porque el incremento de las cotizaciones a empresas y trabajadores no es equitativa intergeneracionalmente, ya que el alza unilateralmente pactada con los sindicatos es una cuota finalista para afrontar las tensiones del gasto en pensiones de los nacidos entre 1957 y 1977, pero no garantiza más ni mejor pensión futura para los jóvenes actuales.

En definitiva, la reforma de Escrivá es un parche más que una reforma que no garantiza la sostenibilidad del sistema y pone más piedras en el camino a la generación más golpeada y precaria en décadas. ¿Salimos más fuertes?

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.