"The cold of the dawn, it meant nothing to us". Trevor Horn.
Los estudios empíricos en más de 100 países muestran que la inflación es extremadamente dañina para el crecimiento, la inversión y afecta negativamente de manera muy especial a los más desfavorecidos. Incluso si la inflación se modera, el efecto negativo permanece varios años, según un informe de la Reserva Federal de San Louis. No nos debe sorprender la ola de protestas de estos días.
La literatura económica es inequívoca: La inflación es especialmente dañina para los sectores y familias más débiles porque destruye el poder adquisitivo y márgenes.
Los consumidores, ahogados. Los precios de la vivienda están creciendo un 20,5% interanual, el transporte un 12,3% y la electricidad, gas y otros combustibles suben un 34% en el último año, según el INE. Y los salarios reales, cayendo en casi todos los sectores.
Los costes energéticos han subido un 87,3% en los primeros 10 meses del año, la cifra más alta desde el comienzo de la serie histórica del INE. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, petróleo y gasóleo devastan los márgenes de las industrias. En todos ellos el Gobierno ha subido los impuestos (gasóleos) o se lucra masivamente de la subida, como es el caso de la electricidad, donde recaudará más de 11.000 millones de impuestos incluidos los ingresos por venta de derechos de emisión de CO2, que explican la enorme subida del precio mayorista.
La subida de los bienes intermedios (fertilizantes, compuestos nitrogenados, etc) es igualmente alarmante, un 19,0%, la mayor subida desde enero de 1976.
En el campo, los fertilizantes han registrado más de un 40% de aumento, la electricidad un 77% y el gasoil un 25% más caro. En el caso de las empresas de manipulado, la situación también es crítica. Los costes se han disparado un 11%, como consecuencia del aumento de la energía, incluidos envases o embalajes de plástico o cartón, con subidas de un 18% de media.
Los costes de importación se han disparado más de un 15% para todas las industrias en septiembre.
Esto es insostenible para empresas y familias.
Agricultores, ganaderos, transportistas, maquila, … han visto sus ventas subir por la recuperación pero sus márgenes evaporarse y gran parte de ellos generan pérdidas (alrededor del 32%).
Ningún sector esencial ha podido trasladar a los precios finales esa subida brutal de costes, ni remotamente, en un país donde el paro y los ERTE acumulados siguen dejando el mercado laboral a niveles completamente inaceptables.
La inflación es un beneficio recaudatorio para el Gobierno, como ha reconocido la propia ministra de Hacienda, pero devora a los sectores productivos.
Al subir los precios, se incrementa la recaudación de todos los impuestos que tienen bases monetarias, que son fundamentalmente el IVA, IRPF y Sociedades, los que más poder recaudatorio tienen, además.
La inflación no es una casualidad o una fatalidad, es una política. Bancos centrales y gobiernos han buscado crear inflación a toda costa
Y no olvidemos que la inflación no es una casualidad o una fatalidad, es una política. Bancos centrales y gobiernos han buscado crear inflación a toda costa, y tras billones de euro de inyecciones de liquidez, aumentar masivamente el gasto público financiado con aumento de masa monetaria en medio de un shock de oferta ha generado cuellos de botella y elevados precios de los insumos.
Los agricultores, en particular, no pueden más. Un sector que ha sido esencial durante la pandemia y que ha sorteado todas las dificultades para garantizar el suministro, se encuentra ahogado por el aumento de impuestos y costes de producción. Si ya antes de la pandemia un agricultor pagaba más de un 47% de impuestos sobre sus ingresos, según Coexphal, esta cifra se ha disparado con mayores impuestos al trabajo, subida de bases mínimas de cotización e impuestos indirectos.
A esa cuña fiscal, imposible de asumir para muchísimos pequeños productores, se añade la mayor subida de precios de los insumos en tres décadas.
Se han acumulado toda una serie de agravantes que han llevado al campo a una situación insostenible. Casi un 70% de las empresas agrícolas se enfrentan a fuertes pérdidas si consideramos los impuestos, la subida de costes y el impacto de la competencia agresiva en condiciones muy diferentes de requisitos legales por parte de otros países.
El agricultor español, como el ganadero o el transportista, como la inmensa mayoría de empresas de producción industrial, sufre todos los costes derivados del normativismo y burocracia, altos impuestos y alta inflación, pero no tiene ningún apoyo real. Lo que ha ocurrido en Cádiz con el sector del metal es muy similar. Un sector que lleva con enormes problemas desde hace años y que está sufriendo todo el impacto en competitividad de unos costes de los insumos muy elevados.
Más de 130.000 empresas españolas están en quiebra y en riesgo de presentar concurso de acreedores
Según el Consejo General de Gestores Administrativos, más de 130.000 empresas españolas están en quiebra y en riesgo de presentar concurso de acreedores. Más de 700.000 pymes, casi el 26% del tejido productivo, arrastran problemas de liquidez tras 18 meses de pandemia. Ese mismo estudio revela que el 32% de las pymes con sede en España registraron pérdidas a 30 de junio de 2021. Gran parte de esas empresas están en sectores fundamentales para el suministro y esenciales para la economía y el gobierno no solo no ayuda sino que pone más palos en las ruedas. Más impuestos, más trabas y más regulación asfixiante.
Mantener todos los impuestos y escollos burocráticos en un periodo de alta inflación y fuerte competencia es más que irresponsable. Es autodestructivo. Nos enfrentamos a una situación en la que hay toda una serie de actividades esenciales, que van desde la agricultura al transporte, en las que muchos trabajadores autónomos y pequeñas empresas se ven abocados a la quiebra o el cierre.
Si el Gobierno mantiene la miope voracidad recaudatoria y falta de interés en apoyar al tejido productivo, el impacto en la economía española va a ser brutal en cuanto se reduzca el efecto placebo del apoyo masivo del Banco Central Europeo.
