A punto de celebrar el ecuador de esta legislatura, el PP anda distraído por la repercusión del 'efecto Ayuso' sobre el liderazgo de Pablo Casado. Mientras el principal partido de la oposición se entretiene en resolver sus cuitas internas, el Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para meter un gol por la escuadra a quien aspire a ocupar el palacio de la Moncloa en la próxima legislatura.
Es difícil competir con el morbo -de indudable interés informativo- de cómo van las cosas entre la dirección nacional con la líder madrileña o de la conversación, desvelada por El Confidencial citando fuentes populares, en la que Nadia Calviño acusó a Casado de estar "desequilibrado". Sin embargo, la semana pasada, la vicepresidenta primera hizo un anuncio de mucha mayor trascendencia tanto para el PP (si es que aspira a llegar al Gobierno en las próximas elecciones), como para el conjunto de la sociedad española.
Cuando España apenas ha echado a andar la ejecución de los 70.000 millones de euros que ha pedido a la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia, el Ejecutivo está empezando a trabajar en la segunda parte de este plan que condicionará la política económica del país hasta 2026.
La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Invertia
Su objetivo, como anunció Calviño, es presentar ese nuevo documento en 2022, a tiempo para que el Gobierno de Sánchez pueda firmar con la UE un nuevo contrato con compromisos y reformas que se tendrán que acometer antes de 2026. Sobre esos 'hitos' habrá un seguimiento ex post de la Comisión Europea con la amenaza de penalización en la recepción de partidas futuras de los fondos si se revierten esas medidas.
Esto significa que los españoles irán a votar en 2023 -si la coalición entre Sánchez y Yolanda Díaz aguanta- con la política económica de la próxima legislatura ya trazada.
Se entiende el malestar de Elvira Rodríguez -la voz del PP en materia económica- con este anuncio que, en el caso de que Casado ganara las próximas elecciones, condicionaría su programa de Gobierno en materia económica e incluso social.
Es importante tener en cuenta que de cumplir con esa segunda parte del Plan de Sánchez dependerían no solo la recepción de las últimas transferencias de la primera parte del Plan de Recuperación (el Banco de España calcula que en 2024, todavía se recibirán 15.000 millones de euros por el retraso que acumula la absorción de los fondos), sino todos los objetivos que el país se marque con los 70.000 millones de euros de préstamos europeos restantes.
La Comisión Ursula von der Leyen eligió poner el nombre de Next Generation EU (La UE de la próxima generación, en inglés) al principal instrumento de ayuda para la recuperación de la pandemia precisamente para mirar al futuro. Un futuro que pasa porque en los países europeos las urnas cambien gobiernos, pero no alteren la meta final de este plan que va a dejar una deuda de más de 800.000 millones de euros a los jóvenes europeos.
Pablo Casado, Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen, Elvira Rodríguez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Invertia
De ahí el énfasis que pone la Comisión Europea en que los hitos del plan se cumplan con consenso. Un entendimiento que en un país tan fragmentado políticamente, como es Italia, ha salido del Congreso, pero aquí tiene que salir de la mesa del diálogo social.
Next Generation podría haber sido una oportunidad para diseñar un proyecto de país con un acuerdo de mínimos sobre las directrices del Plan de Recuperación para dos legislaturas.
Casado propuso en su momento despolitizar su gestión con una Agencia que desechó Sánchez. A cambio, el presidente puso sobre la mesa un modelo de cogobernanza en el que el Ejecutivo central -que es el que responde y firma ante la UE- lleva la batuta con la que las comunidades autónomas deben repartir esos fondos.
Así andamos. Con el Gobierno ofreciendo datos de asignación de recursos de los fondos europeos a las comunidades autónomas y con las consejerías de Economía y Hacienda autonómicas manejando cifras que no siempre encajan.
A estas alturas sigue teniendo sentido plantear ese consenso. Nos quedan cerca de 130.000 millones de euros por recibir y la ejecución de ese dinero no puede depender de que el Gobierno proponga un plan de rehabilitación de vivienda y las comunidades del PP respondan que esas partidas se pueden quedar sin ejecutar por escasez de materiales y falta de interés de los particulares.
ATENTOS A...
El salto del director general de Estadística del Banco de España, Óscar Arce, al área de Philip Lane en el Banco Central Europeo. El español se mudará a Fráncfort en el primer trimestre como nuevo director general de Economía, un cargo que se enmarca dentro de las competencias del irlandés que disputó a Christine Lagarde la presidencia del organismo y ahora es economista jefe y miembro del comité ejecutivo.
Óscar Arce y Philip Lane. Invertia
Arce presentó el pasado viernes las proyecciones del Banco de España para la economía en el próximo trienio. Y como viene haciendo desde hace tiempo, dedicó más de dos horas a responder las dudas de los periodistas sobre el extenso Boletín Económico del organismo.
Otras instituciones -como el INE o la dirección de análisis macroeconómico del Ministerio de Economía- deberían tomar ejemplo en esta labor por explicar los números y sus matices. En especial, en un momento de incertidumbre como el actual y en el que las estadísticas oficiales sobre la economía española están en horas bajas.
