Por una ley 'Crea y Crece' para las pymes más ambiciosa

Cualquier iniciativa legislativa encaminada a aumentar su dimensión repercutirá favorablemente no solo en las propias pymes, sino también en el conjunto de la economía y el empleo. El proyecto de Ley 'Crea y Crece' aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros constituye, sin lugar a dudas, un paso en la dirección adecuada, pero es preciso dotar a la ley de mayor profundidad y concreción para optimizar sus resultados.

El Gobierno propone la eliminación de algunas trabas a la creación actividad de las empresas, mejoras en la regulación, medidas de lucha contra la morosidad e iniciativas para apoyar financieramente el crecimiento empresarial. Pero hay que avanzar más en la simplificación de todos los trámites que afectan a las empresas a lo largo de su vida; hay que despenalizar fiscalmente su crecimiento y hay que apoyar decididamente la entrada de capital privado para financiar su crecimiento. Precisamente en este refuerzo de la capacidad de inversión de las pymes a través del capital privado puede estar la clave de la salida de la crisis.

Hay que avanzar más en la simplificación de todos los trámites que afectan a las empresas a lo largo de su vida

En un primer momento, el Estado respondió a las necesidades de liquidez de las pymes mediante la concesión de los créditos ICO y está haciendo lo correcto con el Fondo de Recapitalización de COFIDES. Sin embargo, no basta con rescatar a las empresas viables afectadas por la pandemia; es necesario promover que las pymes más sólidas -que podrían aplazar sine die sus planes de inversión si empeoran de las perspectivas macroeconómicas- vuelvan a invertir. De no hacerlo, nuestras pymes más consistentes podrían entrar en un círculo vicioso de progresivo estancamiento y pérdida de competitividad, fatal para ellas y para el resto de la economía.

Uno de los principales retos que plantea el proyecto de ley es cómo financiar la inversión para el crecimiento. Acierta cuando establece medidas de apoyo a la financiación de las pymes alternativa a la bancaria, tales como la introducción de las Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado (EICC). Estos fondos de deuda podrán ofrecer productos a medida que permitan financiar el riesgo inherente a proyectos de inversión. Sin embargo, ¿es suficiente esta regulación para que los inversores institucionales se interesen en las pymes más sólidas y estas puedan obtener la financiación que necesitan? A todas luces, no.

Si se trata de despertar el interés real por las pymes de los inversores institucionales tales como las aseguradoras -que en España gestionan casi 245.000 millones de euros de las familias a través de seguros de vida ahorro y planes de pensiones-, habrá que seguir las mismas reglas de juego que utilizan las grandes empresas en el mercado de capitales.

Desde hace más de 50 años, la calificación crediticia es el estándar utilizado por los inversores para tomar sus posiciones, ya que permite predecir la capacidad de una empresa o de un Estado para hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces, ¿por qué no fomentar su uso desde esta Ley cuando ya hay disponibles en el mercado calificaciones crediticias de pymes a precios asequibles?

¿Es suficiente esta regulación para que los inversores institucionales se interesen en las pymes más sólidas y estas puedan obtener financiación? A todas luces, no.

Estamos convencidos de que sin la calificación de pymes, el impulso a la entrada del capital que propone el proyecto de ley quedará en papel mojado. Los inversores institucionales no aceptarán invertir masivamente en pymes sin una calificación homologada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). La calificación permite compensar la falta de información imparcial sobre las empresas de menor tamaño, que conduce sistemáticamente al cobro de una prima sobre su riesgo real en el precio de la financiación.

Además, la normalización de la calificación permitiría una diversificación real de sus fuentes de financiación, al impulsar el desarrollo de nuevas gestoras de capital, que podrían realizar su labor con apoyo de las agencias de rating. Hoy sólo las grandes gestoras, mayoritariamente en manos de los bancos, cuentan con sistemas probados y estadísticamente válidos para analizar a las pymes y atraer así a los inversores.

Para captar la inversión de los institucionales, se requiere también un mayor esfuerzo por parte de la Administración. Es necesario crear nuevos fondos de inversión público-privada, en los que las agencias regionales o estatales actúen con garantías o avales de los préstamos que hacen inversores para proyectos de interés estratégico y que canalizan los bancos a través de sus redes comerciales, como se está haciendo ya en la vecina Francia con el Plan de Relance que ha movilizado 15.000 millones de euros de las aseguradoras en un plan nacional de préstamos participativos.

Por último, es imperativo concienciar a los empresarios sobre la conveniencia de invertir apoyándose en el capital privado y asesorarles sobre los instrumentos financieros que tiene a su disposición para financiar sus proyectos a largo plazo.

Pido a los legisladores que elaboren esta ley con la misma altura de miras que demostraron nuestras pymes cuando nos sacaron de la anterior crisis, la misma flexibilidad que están demostrando ahora para adaptarse a la pandemia y la misma visión a largo plazo que volverán a demostrar invirtiendo en su futuro si se les ofrece el apoyo adecuado.

*** Alberto Sánchez Navalpotro es consejero delegado de INBONIS, agencia de calificación crediticia pionera en el rating de pymes y midcaps.