Todos los grandes abogados laboralistas de este país han metido pluma en el retoque de la reforma laboral de 2012. Los despachos habituales de las grandes empresas -Sagardoy, Uría, Cuatrecasas...- han cotejado hasta el signo de puntuación final del acuerdo. Recuerden que ya advirtió Garamendi que antes de dar un 'sí' al documento, su equipo negociador revisaría hasta la "última coma".
Yolanda Díaz también era abogada laboralista antes de dedicarse de pleno a la política y se estrenó como ministra de Trabajo proponiendo una reforma laboral que para la CEOE era "marxista" e "ideológica". Nada que ver con el texto, revisado por Nadia Calviño y por el Ibex 35, que llevará mañana al Consejo de Ministros.
Después de nueve años con la trifulca de la reforma laboral del PP, ha sido una ministra comunista la que va a consagrar la reforma de Fátima Báñez, puesto que su espíritu no se toca. Y lo hará con el voto en contra en el Congreso -a lo sumo una abstención- del PP. Las vueltas que da la vida. Aunque ya esté manido, un análisis no debe olvidar decir a favor del Gobierno que es la primera vez que se modifica la legislación laboral con paz social en España. Y lo sorprendente es que han sido las grandes empresas las que más han empujado a la patronal para sacar adelante este acuerdo.
Cuentan en el entorno de los empresarios que lo han hecho por varios motivos. El primero -y obvio- porque a nadie se le escapa el interés que tienen en agilizar lo máximo posible los desembolsos de los fondos europeos. Para Bruselas era muy importante que la reforma laboral contara con el visto bueno de los empresarios y el Ibex 35 no ha querido defraudar.
Pero hay otra razón de fondo: existía una enorme preocupación en los despachos de las multinacionales de este país por el daño que estaba haciendo a la inversión en España el continuo ruido sobre la derogación de la reforma laboral. Era urgente dotar de seguridad jurídica al mercado de trabajo y, por fin, se va a conseguir.
Solo ha habido una multinacional extranjera del sector del automóvil que no ha querido apoyar este texto que sí gustaba a otras marcas de coche con las que compite. Esa objeción fue lo que provocó que Anfac se abstuviera en la votación de estos cambios a la reforma de 2012, que contaban con el apoyo de la industria auxiliar de la automoción.
El pragmatismo -o sentido de Estado, según a quién se pregunte- de los grandes empresarios ha descolocado al PP. En especial, a Pablo Casado que queda aislado y fuera de juego ante este acuerdo entre los representantes de la sociedad civil y el Gobierno. Tuvo ya un aviso con lo que pasó con los indultos poco antes de la visita de Ursula von der Leyen a España. Un episodio del que nadie quiere hablar ni en Génova, ni en Diego de León, pero que mostró que la patronal -arrastrada por las grandes empresas- haría lo posible para remar en favor de la imagen de España ante la Comisión Europea.
Ahora con la reforma laboral, el PP sí consiguió un aliado en su oposición a cambiarla con la abstención de la patronal madrileña CEIM en la votación del acuerdo. Su presidente, Miguel Garrido, tuvo algún desencuentro con la Puerta del Sol por la gestión de los peores momentos de la pandemia, pero no dejan de ser los empresarios de Madrid quienes han dado más voz a los 'peros' del PP ante este acuerdo. Que cada uno haga su lectura sobre el papel de Isabel Díaz Ayuso... o de José Luis Martínez Almeida.
Con Gerardo Cuerva (Cepyme) sentado en la mesa de negociación y remando a favor de Garamendi -figura arropada por el Ibex y partidario siempre de la política del acuerdo para evitar un mal mayor- el viento soplaba a favor de Pedro Sánchez más de lo que se había querido ver en la oposición.
A los sindicatos también les interesaba cerrar un acuerdo con este Gobierno. Unai Sordo y Pepe Álvarez eran conscientes de que Bruselas no iba a permitir derogar la reforma laboral. Hacer algunas modificaciones ahora para que, como han subrayado, los trabajadores recuperen parte de los derechos perdidos era una oportunidad única e irrepetible en caso de que las urnas cambien el color del Gobierno.
Lo cierto es que han conseguido algún titular, pero con impacto limitado. El fin de la ultraactividad de los convenios de la reforma Báñez estaba judicializado y en la práctica no funcionaba, el convenio sectorial sobre el de empresa afecta a unos 38.000 trabajadores, según fuentes de la negociación. Y las subcontratas estarán ligadas al convenio sectorial y no al de la empresa para la que trabajen.
Al apadrinar esta reforma laboral, Díaz -que podría haber optado por romper la coalición ante la imposibilidad de derogar la reforma de Rajoy- ha optado por mostrar su perfil más transversal. Y Calviño, que entró en escena a última hora, logra presentar a Bruselas los deberes hechos y se consolida en el panorama internacional -que es donde está su próxima parada-. De hecho, la semana pasada la vicepresidenta fue nombrada presidenta del comité monetario y financiero del FMI, cargo para el que había sido nominada por Bruselas.
Una vez que el Consejo de Ministros de luz verde a estos retoques vendrá la tramitación parlamentaria. Veremos qué hace Unidas Podemos que ya demostró con la reforma de las pensiones que no le importa decir 'digo' en el Gobierno y 'Diego' en el Congreso.
ATENTOS A...
El ajetreo que se vivió la semana pasada en la CEOE para aprobar este acuerdo antes de Navidad demostró que la relación entre Josep Sánchez Llibre y Antonio Garamendi no es fluida en este momento.
Fue muy llamativo el 'no' de la patronal catalana al acuerdo después de que Foment hubiera estado implicada en la mesa negociadora. Tanto es así que su abogado laboralista elogió el acuerdo del diálogo social en la Junta Directiva de la CEOE.