Las más recientes son las del Banco de España (con un recorte de 1,9 puntos para situarla en el 4,5%) y el FMI (del 5,7% al 4,6%). Las perspectivas de recuperación también pierden intensidad para el 2022, con un recorte de 0,4 puntos por el Banco de España y 0,6 por el FMI, aunque se estima que crezcamos en torno a un punto más que en 2021.

Las incertidumbres que despierta la ya sexta ola de la pandemia del Covid-19 y los distintos shocks negativos de oferta (subida del precio de la electricidad, gas, materias primas, cuellos de botella en el suministro de semiconductores, etc.) están detrás de este deterioro en las expectativas de recuperación, a las que se suma el efecto de la anticipada retira de estímulos monetarios ante un aumento de la tasa de inflación.

En este contexto de incertidumbres, España se enfrenta a importantes retos al partir de una posición de vulnerabilidad por muchos motivos: su elevado nivel de endeudamiento público (122,1% del PIB) alimentado por un abultado déficit estructural, sus pobres resultados en términos de productividad, su elevada posición negativa de financiación internacional (-78,4% del PIB), una elevada deuda externa (198% del PIB), la tasa de paro más elevada de la UE (14,6%), etc. No es desde luego la mejor carta de presentación para afrontar la deseada recuperación post-covid, lo que exige implementar las tantas veces mencionadas reformas estructurales.

La lista de reformas pendientes es larga (fiscal, pensiones, educativa, financiación autonómica, etc.) y el FMI acierta en los temas que menciona en su reciente dictamen de hace escasos días. Comienza por señalar la importancia de diseñar un plan de consolidación fiscal para hacer frente al elevado nivel de deuda pública, lo que conlleva plantear una reforma fiscal, que confiemos no se demore en exceso tras la creación del comité de expertos en abril de 2021.

En paralelo, es necesario abordar una verdadera reforma del sistema público de pensiones, ya que las recientes medidas aprobadas (como la indexación al IPC o el aumento de las cotizaciones a la seguridad social) son un parche que no resuelve el problema de viabilidad, como tantas veces son recuerdan los expertos en la materia y también ahora el FMI.

Es importante recordar que cuando un país está muy endeudado, una pequeña subida de los tipos de interés pasa una gran factura, y esa subida cada vez es más probable a la vista de la evolución de la inflación. El BCE es nuestro gran avalista, que compra nuestra deuda (302.000 millones están en su balance) y mantiene a raya la prima de riesgo. Cuando empiece la retirada de los programas de compra de deuda, los tipos subirán, poniendo más cuesta arriba el control del déficit.

Cuando un país está muy endeudado, una pequeña subida de los tipos de interés pasa una gran factura

La reforma laboral es de forma recurrente objeto de atención teniendo en cuenta que la tasa de paro estructuralmente es muy elevada en España, persiste en nivel elevados, y para un elevado porcentaje de parados se cronifica en el tiempo, siendo por tanto muy elevado el paro de larga duración (el 44,2% de los parados lleva más de un año desempleados).

La anómala dualidad del mercado de trabajo exige medidas que disminuyan la elevada temporalidad (el 26% de los asalariados son temporales), ya que supone un freno a las ganancias de productividad al desincentivar la inversión en capital humano de los trabajadores. El foco de cualquier reforma debe ser por tanto incentivar los contratos indefinidos, a lo que contribuye reducir el coste del despido. El empleo sería menos sensible al ciclo económico si el sistema de negociación salarial fuera lo más descentralizado posible. Aunque la reforma recién aprobada es una buena noticia que materializa un necesario consenso, es de mínimos para reducir el gran problema de la temporalidad.

Además de estas y otras reformas pendientes, el principal reto a corto plazo es aprovechar ese maná caído del cielo de casi 70.000 millones de euros en subvenciones de los fondos NGEU, que en gran parte deben dirigirse a digitalizar las empresas y mejorar la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. No es fácil gastar tanto, rápido y de forma eficaz y eficiente, por lo que hay que elegir con rigor los proyectos en los que invertir, con una evaluación exante a la que debería acompañar más adelante la expost en un sano ejercicio de evaluación de las políticas públicas al que estamos poco acostumbrado en España.

Poniendo el foco en el corto plazo, hay que ser conscientes de que algunos de los shocks negativos de oferta que estamos sufriendo (como el aumento del precio de la energía) suponen un empobrecimiento de nuestra economía, ya que hemos de destinar una mayor parte de nuestra renta a pagar esos bienes que importamos. Por tanto, el coste de ese encarecimiento debe ser repartido entre todos, empresas y trabajadores.

Si todos se quieren proteger de la mayor inflación (cuyo origen está sobre todo en el encarecimiento de bienes que importamos como la energía) reivindicando subidas de rentas excesivas, la espiral precio-salarios se traducirá en una mayor inflación, lo que supone una pérdida de competitividad frente a nuestros competidores del resto del mundo. No nos podemos permitir el lujo de perder competitividad, ya que supondría alejarnos aún más del nivel de bienestar (PIB por habitante) que nos separa de otros países desarrollados.

*** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.