El aumento más pronunciado se produjo en 2019 con la llegada del Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos. En todo caso, hasta 2020 subió por encima de la inflación, es decir, ganó capacidad adquisitiva. Aumentó entre 2016 y 2020 en 249,8 euros al mes (el 45% aproximadamente).

La subida a 1.000 euros este año sería con efectos retroactivos a enero. Por tanto, desde finales de 2020 hasta principios de 2022, en año 2021, esa subida sería del 5,2%. Prácticamente, la inflación. El SMI habría mantenido su capacidad adquisitiva de cara a 2022.

La conclusión es que desde 2016 el SMI ha aumentado su capacidad adquisitiva de forma notable. ¿Es bueno o malo?

Es una discusión, tanto académica como práctica. Si se mira el SMI solo con criterios sociales, parecería que sería bueno. Según la CEOE, influiría en un millón y medio de trabajadores. Los perceptores de esos salarios tendrían más renta. No sólo en términos monetarios. También en términos reales.

Sin embargo, los economistas liberales argumentan que la subida del SMI en periodos de desempleo alto (estamos por encima del 13%) perjudica la creación de trabajo. Los empresarios no contratan porque pagar el SMI no les resulta rentable. Por contra, como hay oferta de trabajadores, si el SMI fuera más reducido, los contratarían.

En junio de 2021, el servicio de estudios del Banco de España calculó que en 2019 se crearon entre 89.000 y 180.000 puestos de trabajo menos, debido a la subida del 22% del SMI. Por tanto, la subida del SMI, según los liberales, sería antisocial porque expulsa del mercado de trabajo a los más débiles.

Otros economistas, normalmente, de izquierda, argumentan que la subida del SMI produce un aumento de la demanda de consumo de sus perceptores y por tanto, del PIB. Al crecer el PIB se impulsa la creación de trabajo. En consecuencia, ponen en duda las conclusiones liberales.

En todo caso, calcular el efecto del SMI en la creación o destrucción de puestos de trabajo es muy complejo y se basa en hipótesis discutibles.

Pero si los criterios económicos y sociales son complejos, hay dos criterios más que influyen en las decisiones de subir el SMI.

Uno de ellos es el fiscal. También difícil de calcular. Por una parte, el freno a crear puestos de trabajo aumenta las prestaciones y subvenciones de desempleo. Eso va en contra de la recaudación fiscal y obliga al Estado a gastar más, aumentando el déficit.

Por otra parte, la subida del SMI produce un efecto "arrastre" en la subida de otros salarios en los convenios, lo que supone más recaudación por IRPF e IVA y menos por el impuesto de Sociedades, al tener las empresas menos beneficios. Como se ve tampoco es fácil calcular el efecto fiscal de esa subida del SMI.

"Decir que se va a ayudar a los menos favorecidos queda bien (aunque luego no ocurra)"

Hay un cuarto criterio para los Gobiernos: el político. El efecto electoral. El anuncio de una subida del SMI es difícil de rebatir, aunque sea demagógico. Los argumentos económicos, sociales y fiscales son complejos y difíciles de explicar. Decir que se va a ayudar a los menos favorecidos queda bien (aunque luego no ocurra).

Por eso, podríamos preguntarnos ¿Por qué el empeño de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de mover esa discusión ahora? ¿Justo en la semana que acaba con las elecciones en Castilla y León? Ahora que se ha creado una plataforma en esa comunidad autónoma muy parecida a lo que ella quiere para presentarse como candidata a presidenta en las próximas elecciones generales. 

No hay que engañarse. El criterio que ha precipitado la negociación y el acuerdo sin la CEOE es el político/electoral. De ahí el paripé de la urgencia de esta semana.