1. Parte previo a la guerra: Tras prometer un crecimiento del 9,8% en los Presupuestos (luego limitado al 6,5%) en 2021, año en el que la economía española avanzó un 5% (dato preliminar), el Gobierno lleva meses defendiendo un cuadro macroeconómico en el que el PIB se anotará en 2022 otro 7%.

Todos los economistas daban por seguro que Nadia Calviño tendría que actualizar a la baja esa previsión en abril, cuando llegue el momento de enviar a Bruselas el Programa de Estabilidad. Sobre todo, después de que la propia Comisión Europea rebajara esa estimación al 5,6%.

El Banco de España se mostraba aún más pesimista al limitar al 5,4% ese crecimiento. Ómicron impide que la recuperación tome fuerza, pero al mismo tiempo, su menor letalidad trae la esperanza de dejar atrás la pandemia.

Detrás de todas estas cifras se escondía un problema: España es el país de la Unión Europea que va más retrasado en recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia. Una meta que ya han conseguido la mayoría de sus socios del euro y que Alemania, Eslovaquia, Austria y especialmente, Italia están mucho más cerca de alcanzar.

Recuperar el nivel pre Covid-19 plantea un desafío: la vuelta de las reglas fiscales que Pedro Sánchez trataba de retrasar, hasta que en su visita a España, el canciller Olaf Scholz aclaró que la consolidación fiscal tendría que acometerse.

La fecha marcada en el calendario para aplicar los ajustes es 2023. Y un comité de sabios designado por María Jesús Montero trabaja una batería de propuestas para subir los impuestos a la clase media (ahora sabemos que sube la fiscalidad ambiental, por ejemplo), a las familias (fin de la declaración conjunta) y a los ricos (con el foco en los que viven en Madrid).

La luz vuelve a subir con fuerza en febrero y la inflación se dispara al 7,4%, dato que se sitúa por encima del récord del 5,8% que registra en la zona euro. Esto coloca a las empresas y a la industria española en una situación de desventaja a la hora de competir con sus pares europeas.

En ese contexto, previo al 24 de febrero, el Gobierno promete nuevas medidas y mantiene su ofensiva en Bruselas para tratar de controlar la luz. Todo ello después de la ingeniería en los cálculos que tuvo que hacer Teresa Ribera para sostener que el presidente había cumplido su promesa de que en 2021 las familias pagarían de promedio lo mismo que en 2018.

Pese a estas dificultades, Sánchez tiene margen para llegar a las elecciones 2023. Esto gracias a que pese a ser un crecimiento más pobre de lo esperado, España crece, el empleo funciona (ayuda el empuje del sector público) y cuenta con el apoyo de los agentes sociales para que la reforma laboral logre reducir la estadística de temporalidad.

Además, parece que los fondos europeos se van a ejecutar (por fin) a partir del segundo semestre. Datos positivos de no ser por dos detalles: se sustentan en una deuda del 118% del PIB y en el apoyo del BCE (que en 2021 compró toda la deuda nueva emitida por España).

Desde enero, se perfila una amenaza: Fráncfort estudiaba acelerar la reducción de esas compras y empezar a subir tipos de interés antes de lo esperado, lo que devuelve a la prima de riesgo española a los 100 puntos.

2. Parte posterior a la invasión. El encarecimiento de los precios del gas hace que la luz vuelva a tocar los 400 euros megavatio hora (MWh). Todos los economistas comienzan a preparar revisiones a la baja de crecimiento mundial -sin la excepción de España- y el Gobierno abre camino, en esta temible coyuntura para argumentar y achacar a Rusia el importante recorte que ya antes iba a tener que aplicar a sus previsiones. 

La proyección de Calviño de crecer al 7% se basaba en que el barril de brent estará en 60,8 dólares el barril. Ya tiene un coste de 110 dólares

La presión del subidón de las materias primas es brutal. La proyección de Calviño de crecer al 7% se basaba en que el barril de brent estará en 60,8 dólares el barril. Ya tiene un coste de 110 dólares y algunos analistas esperan que llegue a 150. Hay estimaciones que establecen que por cada 10 dólares que sube el crudo, el crecimiento español pierde entre dos y tres décimas.

Hay economistas que afirman que veremos inflación de doble dígito en algunos meses de 2022 en España y el BCE reajusta estos días la estrategia que iba a anunciar el próximo jueves. Su economista jefe, Philip Lane, está rehaciendo los cálculos de inflación y PIB.

El problema -para España- es que en Fráncfort se siguen escuchando voces a favor de una política monetaria menos generosa. El motivo: el banco central tiene el mandato de controlar la inflación en el 2%. El coste de no hacer nada puede ser superior al de hacer algo. La duda es cuánto se puede retrasar esa difícil decisión que Christine Lagarde parece partidaria de aplazar esta semana.

El Gobierno afronta esta presión sin haber escuchado a la AIReF, que pedía un plan de consolidación fiscal. Y ante la evidencia de que los españoles se van a tener que apretar el cinturón ahora cambia su discurso en materia fiscal. Ya no hay que subir impuestos porque sería perjudicial para la economía. Pero nadie habla en la Moncloa de controlar el gasto.

Los datos de contratación de febrero muestran una caída en el volumen total de contratos frente a enero (-9,5%). Ahora, la inflación, la crisis de suministros, la caída del comercio internacional, y el coste de las sanciones son una amenaza para la buena inercia del empleo. 

Las sanciones a Rusia son un sacrificio económico que Europa ha decidido asumir con acierto para responder a la invasión de Ucrania. El problema es que España confió en que tras la crisis de 2008 y la pandemia, no habría otro shock inminente. Y ese error de cálculo nos deja ahora en una situación extremadamente vulnerable para afrontar la tormenta que puede venir si este conflicto se alarga.

ATENTOS A...

El dato que ofreció el comité de expertos para la reforma fiscal sobre las bases imponibles negativas que España ha heredado de la crisis de 2008. Su cifra equivale a la mitad del PIB español. El comité de expertos ha abierto la puerta a endurecer la compensación de esas pérdidas en el impuesto de sociedades, pero también ha reconocido que España no es un país generoso en este ámbito y que cualquier medida que se adopte tendrá poco impacto recaudatorio.