Dicen que la historia siempre se repite. El próximo 12 de mayo se cumplirán 12 años desde que José Luis Rodríguez Zapatero anunció el mayor recorte de gasto social en España. Se ponía fin a poco más de dos años de huida hacia adelante con la crisis financiera que había estallado en 2007 en Estados Unidos y había explosionado un año después, en septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers.
Como entonces, España arrastra ahora las consecuencias de otra crisis económica, la ocasionada por la pandemia, que arrancó hace dos años. Solo que en esta ocasión, golpeó a su economía y las finanzas públicas españolas desde el minuto uno. Con el lastre aún sin pagar de la deuda pública heredada de la recesión de 2008, que tocó fondo en 2012, y de la pandemia, el Gobierno de coalición confiaba en que el brexit y el cambio de discurso en la Unión Europea -que ahora reniega de la austeridad- fueran suficientes para evitar que la historia se repita.
Por suerte, hay matices distintos. Pero la música empieza a sonar igual. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una bomba de relojería que puede estallar entre junio y noviembre: la revalorización de las pensiones. Si detona, encenderá otro explosivo: el sueldo de los funcionarios. Hay más dinamita económica que amenaza el gasto social: los contratos públicos que dependen de la inflación y la necesidad de aumentar el gasto en Defensa ya el próximo año.
José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Invertia
Las cifras asustan. Como avanzaron en una tribuna publicada en este periódico los economistas Enrique Devesa y Rafael Doménech y luego ratificó AIReF, por cada punto porcentual que sube la inflación, el gasto en pensiones crece en 1.500 millones de euros.
Si la espiral de los precios se controla, la inflación para el conjunto del año será del 7% -de acuerdo con las previsiones-. Esto supone que la derogación de la reforma de las pensiones que aprobó el Congreso costará al año a los españoles 10.500 millones de euros más (hay que tener en cuenta que la subida es acumulativa).
Cuando se pone sobre la mesa esta cifra hay un detalle que pasa desapercibido: los nuevos jubilados disfrutan de un pasado laboral con nóminas más altas y por tanto, cada año se incrementa la factura pública al margen de la inflación. Con estos parámetros, hay fuentes que consideran que el incremento del gasto en pensiones podría dispararse en unos 15.000 millones de euros si el Gobierno no hace nada para revertir la Ley con la que las pensiones se volvieron a indexar al IPC.
Más allá de la voluntad política para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, está la realidad económica de España, un país que está a la espera de que Bruselas apruebe a finales de este trimestre las reformas adoptadas por el Gobierno para acceder al siguiente desembolso de los fondos europeos.
A la Comisión Europea no le convenció la decisión de subir las cotizaciones sociales que incorporó el ministro José Luis Escrivá en el diseño del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Era la medida con la que se iba a compensar el coste de indexar las pensiones al IPC. Y esto, en un contexto en el que el Gobierno no imaginó que la inflación tocaría el 9,8% como ha ocurrido en marzo.
José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Invertia
Así que es difícil que Bruselas acepte de aquí a junio la reforma de las pensiones presentada por España dado el impacto inminente que tendrá sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto significaría la congelación de las próximas transferencias de fondos europeos.
Si el Gobierno quiere tener la misma generosidad con los funcionarios que con los pensionistas para que tampoco pierdan poder adquisitivo de aquí a las próximas elecciones generales tendrá que poner sobre la mesa otros 9.800 millones de euros para actualizar sus nóminas con el IPC.
Para cumplir con pensionistas, funcionarios y Defensa, el Gobierno debe buscar más de 32.800 millones y arrastra un déficit de 81.500 millones
Ya vamos por entre 20.300 y 24.800 millones de euros en gasto público más. Sumen la subida inevitable de los contratos públicos y otros 12.500 millones adicionales que se están pidiendo para que España alcance el 2% en gasto en Defensa como pide la Unión Europea. Es decir, para cumplir con pensionistas, funcionarios y Defensa, el Gobierno debe buscar más de 32.800 millones y arrastra un déficit de 81.500 millones. Las cuentas no salen. Y menos sin el apoyo que ha prestado al Estado hasta ahora el BCE.
En mayo de 2010, España presidía la Unión Europea. En julio de 2023, nuestro país volverá a asumir ese mandato. Días antes del estallido de la guerra de Ucrania, alguien que conoce bien la política española y europea recordaba en una charla privada cómo hace 12 años, en aquel semestre de presidencia europea, la entonces vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, rompió a llorar en un Ecofin en Bruselas ante el recorte que se avecinaba.
La historia iba camino de repetirse pese a la capacidad de Nadia Calviño para moverse en los pasillos de Bruselas porque los recortes y las subidas de tipos de interés iban a llegar en 2023. Hasta que Rusia invadió Ucrania y los acontecimientos se precipitaron. Asumir la presidencia de la UE sin que antes se haya tenido que recortar el gasto social suena, hoy, a una quimera. Esta vez, no servirá la estrategia de huir hacia adelante.
ATENTOS A...
Los agentes sociales se habían marcado como objetivo alcanzar un acuerdo en la ANC (mesa de la negociación colectiva) antes de terminar marzo. Sin embargo, con la inflación desbocada el acuerdo no está siendo fácil. A esto se suma la presión política del Gobierno para cerrar un pacto de rentas.
Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio Garamendi. Invertia
Hasta ahora, Antonio Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez han defendido dejar al margen de la política la negociación salarial. Pero la situación es grave y cada vez son más las voces que reclaman un gran acuerdo nacional para hacer frente a la inflación.
