El Gobierno acaba de enviar a la Comisión Europea la actualización del Programa de Estabilidad para el período 2022-2025. A tenor de lo ocurrido en el pasado reciente, su credibilidad-consistencia es de nuevo dudosa, lo que ya se ha convertido en algo habitual en todas las previsiones realizadas por la coalición social-podemita. En 2021 se produjo un crecimiento del PIB 1,4 puntos inferior al proyectado por el Ejecutivo y el Gabinete se negó a asumir un hecho inapelable hasta 'ayer' para decirlo en términos coloquiales.
En un aparente y tardío ejercicio de realismo, ha reducido en 2,7 puntos, del 7 al 4,3%, el objetivo de incremento del PIB para 2022 y pronostica un aumento del 3,5% en 2023, del 2,4% en 2024 y del 1,8% en 2025.
De entrada, aunque sea necesario por exigencias del guión estimar cuánto crecerá la economía española en los próximos tres años, resulta un ejercicio en buena medida voluntarista en un contexto de incertidumbre como el actual sujeto en buena medida a la evolución de factores que escapan al control gubernamental.
Dicho esto, la hipótesis de un crecimiento del PIB del 4,3% este año es muy cuestionable no sólo a la vista de su mediocre comportamiento en el Primer Trimestre de 2022, un 0,3% respecto al 2,1% en los últimos tres meses de 2021, sino a la tendencia previa. Esto es una clara desaceleración de la actividad en el segundo semestre del ejercicio anterior que se ha visto acentuada a raíz de la crisis ruso-ucraniana.
España, por vez primera en su historia reciente, ha salido de una recesión con tasas de crecimiento inferiores a las registradas por la media de la UE y por los grandes estados de la zona euro. Ha sido el único país europeo que no ha recuperado los niveles de PIB de 2019 que no se alcanzará hasta bien entrado 2023 y con suerte.
Por añadidura, la brecha existente entre el PIB per capita de la media UE y el español, que no se ha recortado desde la entrada en el Mercado Común, va a ampliarse y, lo que es grave, no tiene perspectiva alguna de reducirse aunque el propio escenario de crecimiento planteado por el Ejecutivo para los próximos años se llegase a materializar.
La brecha existente entre el PIB per capita de la media UE y el español, que no se ha recortado desde la entrada en el Mercado Común, va a ampliarse
Dicho eso, no existe motivo alguno para esperar una reactivación de la demanda interna. Así lo anticipan los indicadores de expectativas (Índice de Confianza de los Consumidores y Índice de Confianza Empresarial) que se sitúan en mínimos.
Las perspectivas de las familias y de las empresas no van a mejorar en el contexto de un shock de oferta que ha producido un alza adicional de los costes para unas empresas que en su mayoría no han recuperado los niveles de facturación y rentabilidad previos a la Covid.
Por su parte, la inflación erosiona de manera sustancial la renta disponible de los hogares que tampoco ha recuperado la situación previa a la pandemia. Y la hipótesis según la cual el empleo se está comportando de una manera extraordinaria tiene mucho de ficción.
El número de horas trabajadas está aún por debajo del existente en 2019, las cifras de paro se mantienen artificialmente bajas encubiertas por los ERTE y los autónomos en cese de actividad y el incremento de los contratos fijos-discontinuos es un nuevo artificio.
Los trabajadores acogidos a ellos dejarán de acudir a su centro de trabajo pero no constarán como parados a efectos estadísticos. Una situiación administrativa similar a la de los ERTE. Esto se traduce en que el empleo tampoco va a ser una variable que ayude a elevar el gasto de los hogares.
En 2021, el déficit público se redujo en 3,4 puntos hasta situarse en el 6,% del PIB y la deuda recortó en 1,6 puntos su participación en el PIB. A pesar de ello, el endeudamiento del sector público es muy elevado, su componente estructural es altísimo, lo que hace muy vulnerable la posición de las finanzas públicas a un deterioro de las condiciones de financiación.
El BCE dejará de cese comprar bonos soberanos en junio y, sin duda, se verá obligado a subir tipos ante la persistencia de fuertes presiones inflacionarias en la eurozona. De hecho, la prima de riesgo del bono español a 10 años ya se ha incrementado en 150 puntos básicos y los inversores exigirán tasas de interés más altas para las nuevas emisiones de deuda en una economía con una situación presupuestaria muy negativa y en ausencia de un plan de consolidación fiscal.
Desde esta óptica, la senda de reducción del desequilibrio presupuestario trazada por el Gobierno - del 5% del PIB en 2022 al 3% en 2025- es un ejercicio de contabilidad creativa.
Además resulta de una inconsistencia extraordinaria en tanto no sólo no se incluye ninguna medida de disminución del gasto público, sino que mantiene los mismos objetivos de déficit establecidos en el anterior Programa de Estabilidad cuando en el presentado a Bruselas ahora ha revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB. Ceteris paribus, ello significa menos ingresos paras las arcas estatales y, por tanto, un déficit superior sí o sí al programado. Esto resulta sorprendente, aunque ya nada debería sorprender de este Ejecutivo, y, en cualquier caso, liquida cualquier credibilidad a los objetivos programados.
En este marco, la economía española consolidará en 2022 un escenario de estanflación. El PIB va a crecer por debajo del previsto por la coalición social-podemita, probablemente entre un 2,5-3,5% y la inflación media puede situarse alrededor del 8%.
¿Qué ocurrirá en los próximos años? Sólo los dioses lo saben… Sin duda, estas proyecciones son mucho peores que las formuladas por el consenso, pero éste también consideró que la caída del PIB en 2020 sería muy inferior a la realmente registrada y rechazó hasta antes de ayer la gravedad y persistencia de la subida de la inflación. Como dijo Gramcsi "es preferible el pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad".
