Pacto energético ante la inflación

El contagio de los precios energéticos a productos básicos de la cesta de la compra es preocupante porque afecta especialmente a los hogares de menos recursos. El consumo va a verse afectado, y las previsiones de crecimiento, revisadas recientemente por el Gobierno del 7% al 4,3% para este año, pueden irse al traste.

Lo peor aún está por llegar. Estamos ante un momento delicado para Europa. No hay guerra sin coste económico: vamos por el sexto paquete de sanciones a Rusia, éste último para embargar parcialmente el petróleo.

Los planes de Europa pasan por contar con una mayor autonomía energética en el medio plazo. Se han intensificado los esfuerzos de diversificación del suministro, con la construcción de nuevas plantas de regasificación (especialmente en Alemania e Italia), la ampliación de las capacidades de almacenamiento y la mejora de las interconexiones entre países europeos. Ello tiene un coste y además no puede ser inmediato. Los mercados a plazo apuntan a unos precios tensionados del petróleo y del gas hasta la primavera del 2023.

Ante el peligro de los llamados efectos de segunda ronda y que la subida de los precios se traslade a los salarios en España, surge la necesidad de llegar a un pacto de rentas para reequilibrar salarios de los trabajadores, beneficios empresariales y remuneraciones de altos directivos.

Esta crisis energética no puede derivar en devaluación salarial para los trabajadores al tiempo que aumentan las rentas empresariales

Esta crisis energética no puede derivar en devaluación salarial para los trabajadores al tiempo que aumentan las rentas empresariales (que además no siempre se reinvierten en las propias empresas). Ello además de injusto socialmente, es ineficiente económicamente porque merma el consumo y el crecimiento económico. La situación requiere plantear también un pacto energético, que reparta de manera equilibrada los costes del golpe económico global de esta contienda.

En algunos sectores, como la industria electrointensiva o la metalúrgica, el coste de energía puede llegar a representar un porcentaje mayor que el coste del personal en las cuentas de resultados de las empresas. El gasto eléctrico lastra además a las empresas pequeñas ya que soportan una mayor carga de costes regulados, que pueden suponer hasta el 60% de su factura eléctrica. La energía es un factor clave para la competitividad de las empresas.

Para alcanzar el necesario pacto energético, en primer término, se debe modificar el ineficaz sistema de fijación de precios de la electricidad, que proporciona excesivos beneficios a las eléctricas a costa de los consumidores.

Antes del conflicto bélico ya se venían produciendo beneficios extraordinarios para las empresas energéticas por la regulación marginalista en los mercados mayoristas que hace que toda la electricidad se pague al precio de la última fuente de energía que entra en el sistema para cubrir la demanda, normalmente la más cara y que suele ser el gas.

Este problema se ha agudizado con precios del gas que han pasado de unos 45 euros a más de 200 euros MWh en tan solo un año. Instalaciones de generación eléctrica con un coste total de producción de 3,4 euros por MWh (hidroeléctricas), 20,6 euros (nucleares), 31,65 euros (fotovoltaicas) y 30,18 euros (eólicas) están recibiendo una remuneración de 200 euros MWh (precio del gas, cuando apenas representa poco más del 15% del total de la generación eléctrica en nuestro país).

Con carácter temporal los Gobiernos de España y Portugal han conseguido que Bruselas acepte la “excepción ibérica" y que se pueda desacoplar el precio de la electricidad al del gas, introduciendo un precio medio máximo al gas de 48,8 euros MWh. Así se reducen los beneficios extraordinarios de las eléctricas y se reduce la factura eléctrica para los ciudadanos y empresas.

Sin embargo, a medio plazo la UE debería establecer un nuevo sistema de fijación de precios basado en los costes reales, retribuyendo a las diferentes fuentes de electricidad de forma diferenciada.

La UE debería establecer un nuevo sistema de fijación de precios basado en los costes reales

El pacto energético para un reparto más equilibrado del coste de la crisis energética pasa, en segundo término, por establecer una contribución especial extraordinaria sobre todas las empresas energéticas mientras dure la crisis, que permita a la vez financiar ayudas directas a los sectores más afectados –transporte, pesca, agricultura y ganadería, industria electro y gas intensiva- y bonos sociales para apoyar a los consumidores más vulnerables.

Italia ha elevado el impuesto sobre los beneficios de las eléctricas al 25% desde el 10%, al tiempo que ha aprobado un paquete de ayudas de 14.000 millones de euros para las empresas y los consumidores más afectados por el aumento de los costes derivados de la guerra en Ucrania.

En tercer y último lugar, el pacto energético ha de repartir de forma equilibrada también el coste de la transición energética. Puede lograrse agilizando la aprobación de la Ley que minora la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, adelantando el ajuste de la retribución del RECORE (Renovables, Cogeneración y Residuos), retribuyendo el servicio de interrumpibilidad a la industria, e intensificando las subastas de renovables y las medidas de ahorro energético utilizando los fondos Next Generation UE.

Pero todo requiere un reparto equilibrado de los costes de la transición, sin el cual las medidas se pueden enfrentar a un creciente malestar social. 

En definitiva, para controlar la inflación es urgente bajar el precio de la energía, apostando por reformar la regulación eléctrica, por invertir en renovables y por el ahorro energético.

Abordando todo ello mediante un pacto energético para redistribuir los efectos de la crisis y la transición energética entre empresas y consumidores, porque no hay pacto de rentas posible si no se eliminan primero los beneficios extraordinarios que algunas empresas están consiguiendo como resultado de la guerra.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.