Nearshoring y nuevas zonas francas: oportunidad para Iberoamérica

Sin embargo, en medio de todo este panorama, existen grandes ventanas de oportunidad para la región que hay que ser capaces de identificar y, sobre todo, tener la decisión de abrirlas.

Una de esas ventanas es el nearshoring y la apuesta por el desarrollo de las zonas francas. La guerra comercial Washington-Pekín, el impacto de la pandemia y el conflicto de Ucrania en las cadenas mundiales de distribución y suministro ha llevado a que la Administración Biden impulse una “deslocalización cercana”. Anima para ello a las empresas estadounidenses a que trasladen su producción en China de vuelta al territorio estadounidense o a países amigos (el llamado friendshoring), como los de América Latina.

El nearshoring es una ventana de oportunidad para Latinoamérica. 

Las empresas han revisado su estrategia de negocio, apostando por el nearshoring para estar más cerca del mercado de consumo, para reducir costos y mitigar riesgos y vulnerabilidades asociadas al incremento de tarifas y problemas logísticos en su cadena de abastecimiento.

De esta manera, un problema geopolítico mundial se convierte para Iberoamérica en una oportunidad para diversificar su economía e impulsar un crecimiento económico con desarrollo social.

En el V Congreso empresarial iberoamericano CEAPI, se abordaron las oportunidades que abre el nearshoring para la región. Allí se analizaron ejemplos a seguir, como el que para Iberoamérica suponen las exitosas políticas de nuevo modelo de zonas francas de Uruguay y Dominicana y, finalmente, se reflexionó sobre los retos de futuro y de modernización y adaptación que requieren esta clase de iniciativas.

Así, por ejemplo, el ministro Ito Bisonó, recordó que “el nearshoring tiene ventajas competitivas y que puede convertirse en una oportunidad para empresas que quieran regionalizarse para acortar las redes de producción y aprovechar las ventajas comparativas y competitivas (cercanía geográfica o disponibilidad de mano de obra)”.

Un problema geopolítico se puede convertir para Iberoamérica en una oportunidad para diversificar su economía. 

Efectivamente, el nearshoring posee muchas ventajas para la región que van desde las económicas a las sociales: el BID calcula que Iberoamérica podría lograr 70.000 millones de dólares en ingresos extras con solo captar un 15% de esa deslocalización estadounidense.

Sin duda, como ha señalado Carlos Díaz-Rosillo, director de Adam Smith Center for Economic Freedom (EEUU) captar esas inversiones requiere de una estrategia previa por parte de los países latinoamericanos que deben conocer cuáles son las herramientas (el lobby) y las instituciones (los gobiernos estatales más que el federal) para atraer a esas empresas.

Esas inversiones no van a venir por sí solas y los países iberoamericanos tienen que solucionar también, para resultar atractivos, algunos obstáculos previos. De hecho, en la mesa del Congreso CEAPI dedicada a las zonas francas se dio un consenso general: el problema prioritario para que Iberoamérica sea atractiva a los inversores es el de la seguridad jurídica.

En ese sentido, Javier Cárdenas, presidente de Rhino Equipment (EEUU), no solo hizo hincapié en que es vital mirar a largo plazo la región, sino que subrayó cómo “Iberoamérica debe trabajar para generar leyes serias y seguras para la inversión más allá cambios políticos. Generar seguridad jurídica a largo plazo”.

La seguridad jurídica es clave para que Iberoamérica sea atractiva a los inversores. 

Junto a ello, es clave el papel que cumplen las políticas públicas para captar inversión externa. Entre ellas cabe destacar algunas muy exitosas como las zonas francas en Uruguay y República Dominicana, países que han adoptado un nuevo modelo que otorga estabilidad y previsibilidad más allá de los cambios de gobierno y que se alzan como ejemplo a seguir por otros países iberoamericanos.

Se trata de apuestas de largo plazo con sentido de Estado: de 30 años en el caso uruguayo y medio siglo en el dominicano que han propiciado el progreso (aportan el 2% del PIB uruguayo y en el país caribeño son responsables de 188.000 empleos directos, 740 empresas en 84 parques empresariales y 5.900 millones de inversión acumulada).

Unas políticas públicas que ahora deben caminar hacia el mejoramiento del clima de negocios, aportando previsibilidad y fomentando el desarrollo del capital físico: el acceso a infraestructura digital (pasar del 3G al 5G) y a la tradicional (reduciendo el déficit de infraestructura física en la región que es del 7%).

Políticas públicas muy concretas y focalizadas que implementen y fortalezcan asociaciones público-privadas, que creen esquemas de largo plazo, políticas serias y que faciliten la construcción de una línea directa con EEUU.

Es clave el papel de las política públicas para atraer inversión al país. 

Las nuevas zonas francas y el nearshoring tienen, de todas formas, sus propios retos, el principal de los cuales es, como señala Jaime Miller, CEO Gerente General de Zonamerica, “tener una propuesta de valor adicional más allá de los beneficios tributarios que en algún momento desaparecerán”.

Efectivamente, la zona franca es una inversión de largo plazo que deja al país unos beneficios que no son coyunturales ni volátiles. Deja una infraestructura compartida, un ecosistema de empresas que reduce los riesgos de entrar como inversor en un país y ofrece una continuidad operativa.

Por tanto, la región tiene en el nearshoring una gran oportunidad de crecimiento con desarrollo, como República Dominicana y Uruguay ya han demostrado. Pero antes hay que hacer los deberes en casa: impulsar reformas estructurales, dar seguridad jurídica, crear y conservar el talento y tener una visión de alcance regional.

Debe posicionarse también como región frente a gigantes como China ya que “juntos somos más fuertes” (como dice Luis Manuel Pellerano, director comercial de Zona Franca Las Américas (Dominicana). O, en palabras de Gema Sacristán, directora general de negocios de BID Invest (España) sercapaces de diseñar “una marca región, una marca América Latina”.

*** Núria Vilanova es Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)