El anuncio gubernamental de que aplicará un impuesto adicional a los bancos y las empresas energéticas se sustenta en la demagogia –"este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría"- y profundiza en la dinámica depredadora de una coalición cuyo único objetivo parece ser el apropiarse de la riqueza generada por el sector privado, acabar con cualquier incentivo para crearla y repartir las migajas del expolio entre una población empobrecida.
Este es el resultado de una combinación explosiva de ignorancia e ideología que están dinamitando el ya deteriorado marco institucional de la precaria economía de mercado existente en España.
Las cabezas de turco del latrocinio tributario están bien elegidas: la gran banca y las grandes compañías energéticas. Se pretende proyectar la imagen de un puñado de capitalistas sin escrúpulos que se enriquecen a costa de una ciudadanía azotada por la crisis.
Solo falta la caricatura de individuos con chistera fumando un puro. Esta concepción es una grosera falacia. Los propietarios de esas firmas son cientos de miles de pequeños accionistas que, de manera directa o indirecta a través de las instituciones de inversión colectiva, han invertido sus ahorros en ellas. Es a éstos y no a quienes dirigen las corporaciones a quienes el Gobierno golpea y despoja de los frutos de su inversión.
El Gobierno quiere gravar los denominados "beneficios extraordinarios" de la banca y de las energéticas. Nadie sabe en qué consiste ese gaseoso concepto, imposible de evaluar en términos objetivos y, menos, por burócratas y por políticos cuyo desconocimiento de la materia es enciclopédico.
Por otra parte, la tributación especial a bancos y energéticas hace abstracción del fuerte deterioro de la rentabilidad de los primeros durante el largo período de tipos de interés reales negativos y las pérdidas anotadas entre 2019 y 2021 por las empresas sujetas a las condiciones del mercado.
Por ejemplo, las petroleras y las de gas. Ningún miembro del Gobierno se lamentó jamás de esa situación. Sin duda, eso era un merecido castigo al capitalismo depredador.
La coalición social-comunista pretende ingresar 7.000 millones de euros con su populismo tributario. Si esa previsión se materializa, cuestión improbable, el beneficio anual de bancos y eléctricas se reduciría en un 8 y en un 16%, respectivamente, en los próximos dos años.
Esto forzará sí o si a reducir otro tipo de costes para compensar la subida impositiva y buscar formas de aumentar los ingresos. Lo primero conduce a reducir la inversión y el empleo; lo segundo a intentar que los consumidores y usuarios paguen más por los productos bancarios y energéticos.
Y, en el caso de la banca, una crisis como la actual, aumentará la morosidad, lo que la obligará a elevar sus provisiones y, de este modo, a reducir y encarecer el crédito.
La rapacidad fiscal y la inseguridad jurídica van a tener consecuencias muy negativas sobre la economía
Por añadidura, la rapacidad fiscal de un Gobierno, cuyos sus ingresos, estos sí, se han disparado de forma extraordinaria a causa de la inflación y la consolidación de un escenario de inseguridad jurídica tienen y van a tener consecuencias muy negativas sobre el conjunto de la economía.
No sólo las medidas gubernamentales desincentivan la inversión doméstica y exterior, sino que crean un poderoso incentivo para la deslocalización de compañías instaladas en España tanto nacionales como foráneas. Esto se agudiza en el supuesto de muchas grandes multinacionales patrias con una fuerte presencia de capital extranjero en su accionariado.
"Decíamos ayer…" que la coalición social-comunista se radicalizaría cada vez más a medida que se acerquen las elecciones. La fiscalidad adicional impuesta a la banca y a las energéticas se verá acompañada por nuevas iniciativas económicas y no económicas destinadas a maximizar votos en la teórica base social de la izquierda con la finalidad de minimizar la pérdida de soporte electoral del PSOE y de sus socios en los comicios venideros.
[España, en un punto de inflexión]
Esto conduce de manera inexorable a una situación económica y social con los rasgos de una tragedia griega escrita por un Gobierno dispuesto a dejar a quien le suceda un erial.
A lo largo de los últimos dos años y medio, España ha llevado a cabo un experimento colectivista sin precedentes en la Europa occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si se quieren ver los resultados, basta que miren a su alrededor. No hay nada de la herencia de este Gobierno que merezca ser conservado. Es imprescindible desmontar todo lo erigido por él.
