María Jesús Montero, ministra de Hacienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Efe Madrid
El techo de gasto que define a un Gobierno pro-inflación
El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria de confección de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023, cuyo primer paso es la presentación del límite de gasto no financiero, más conocido como "techo de gasto". Este indicador, junto a los objetivos de déficit y deuda para el próximo año, será sometido a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera en los próximos días y, como ya sucedió el año pasado, no tendrá votación en el Congreso.
En los últimos años tristemente nos hemos acostumbrado a la pérdida de formalidades importantes como era la presentación antes del 30 de septiembre del proyecto de Presupuestos para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente o someter a votación en las Cortes del techo de gasto.
Esto último tiene particular mal recuerdo para el actual Gobierno, ya que fue el inicio del proceso de retirada de los apoyos parlamentarios del primer Gobierno que desembocó en la convocatoria anticipada de Elecciones Generales en 2019.
Más allá de que en la política presupuestaria las formas son el fondo y viceversa, el Gobierno nos ha presentado un objetivo de gasto no financiero no sólo expansivo, sino que conlleva un elevado riesgo de desestabilización de las cuentas públicas.
Subido al carro de la ilusión fiscal que provoca el ritmo de crecimiento extraordinario de la recaudación en los últimos meses, el Ejecutivo reafirma su política fiscal en dos frentes con graves riesgos de medio-largo plazo.
Por un lado, está empezando a diseñar un Presupuesto para 2023 de mayor tamaño que el de 2022 sin separar correctamente el "grano" (el crecimiento real y estructural de los ingresos públicos) de la "paja" (la avalancha de recaudación debida al enorme impacto de la inflación).
De ello se deriva un gasto máximo no financiero que en términos reales no ha parado de crecer en los últimos cuatro años y que para 2023 vuelve a ascender un 1,9% (1,1% nominal + 0,8% de diferencia entre el deflactor del PIB en 2022 y 2023).
El Gobierno está empezando a diseñar un Presupuesto para 2023 de mayor tamaño que el de 2022 sin separar correctamente el "grano" de la "paja"
Al mismo tiempo, por otro lado, realiza un diseño consciente de una política fiscal que pretende ser anticíclica con respecto a la evolución del PIB (con un nuevo recorte de previsiones hasta el 4,3%), pero que en realidad es procíclica con respecto a la tasa de inflación (mayor gasto retroalimenta la subida de los precios).
Detrás del discurso grandilocuente de la ministra de Hacienda queriendo ser la "locomotora del crecimiento" se esconde un efecto perverso que es la contribución que el consumo público está haciendo sobre la inflación. Más concretamente: la tasa trimestral de crecimiento del deflactor del consumo público en el primer trimestre de 2022 ascendió al 4,7%.
Si existiera un interés real por parte del Palacio de La Moncloa y Alcalá 5 de combatir la inflación, no orientaría su incremento del gasto hacia consumo final, sino hacia inversión. Y, sin embargo, es todo lo contrario, por mucho que se destaquen los 25.000 millones de ejecución de fondos NextGenEU, de los que hasta la fecha no se han autorizado más que 11.755 millones.
Concretamente, este hecho puede verse con toda nitidez en las previsiones del cuadro macroeconómico presentado, donde destaca un crecimiento del 2,2% del consumo público en 2023 frente al 0,8% previsto para 2022.
Teniendo en cuenta que el 60% del consumo público es la nómina de los empleados públicos y el 30% es la compra de materiales, el Gobierno está decidido a contribuir al proceso inflacionista con más capacidad de gasto para los empleados públicos (implícitamente se puede calcular una subida de salarios próxima al IPC esperado para finales de año).
El Gobierno está decidido a contribuir al proceso inflacionista con más capacidad de gasto para los empleados públicos
Por tanto, en las consecuencias de sus actos es donde se conoce a los ministros de Hacienda. María Jesús Montero es perfectamente consciente de que está echando más gasolina al incendio inflacionista y, aun a sabiendas de ello, mantiene su política.
En términos de política presupuestaria, el Gobierno de coalición será recordado como el que tuvo la mejor coyuntura de la Historia en términos recaudatorios y la aprovechó no para hacer colchones anticíclicos ni empezar a amortizar el elevado volumen de deuda pública existente, sino como su más poderosa arma para permanecer unos meses más en el poder trasladando su "ilusión fiscal" a los ciudadanos vía gasto corriente, dado que por la vía de los impuestos es imposible engañar al ciudadano de a pie, que nota cómo la presión fiscal se está apalancando considerablemente por el efecto de la inflación. Y así lo atestiguan las bases imponibles deflactadas.
Sabemos que es difícil para un ministro de Hacienda renunciar a una palanca de incremento gratis de la recaudación como es la inflación y mucho menos aún el 'efecto dilución' que produce sobre la ratio de deuda sobre PIB. Pero, más tarde o más temprano, este 'velo? se cae y es necesario acometer ajustes duros que, obviamente, prefieren que los afronte el Gobierno siguiente.
*** Javier Santacruz es economista.
