Basta leer la exposición de motivos de esa iniciativa legal para encontrarse con una retórica inusual en cualquier democracia occidental avanzada y habitual en regímenes autoritarios con un recurso habitual al empleo de viejos términos del marxismo. Encontrarse en la España del siglo XXI conceptos como el de “clase media trabajadora” en un texto sometido al Parlamento por los grupos que soportan la coalición gubernamental es una excursión en el túnel del tiempo.

Pero esa filosofía es consistente con el contenido de la propuesta socialista-podemita. La nueva fiscalidad para las empresas energéticas y la banca no gravará los beneficios “extraordinarios de las empresas” porque no existe tal concepto, sino los ingresos ordinarios obtenidos por ellas.

Esto es, consideran la facturación derivada de la actividad empresarial el objeto a gravar, caso inédito en cualquier sistema tributario occidental, cuando en España los bancos y las compañías de energía ya tributan por sus ganancias en el Impuesto de Sociedades además del IVA.

Por añadidura, una imposición de este tipo se aplicaría aunque las entidades afectadas tuviesen pérdidas, ya que siempre facturarán algo. Esto rompe cualquier principio elemental de racionalidad y de justicia. Es un latrocinio, un uso de la coerción estatal para arrebatar a las empresas sus ingresos con independencia de la evolución de su negocio.

Con ser muy grave la introducción de unas medidas fiscales confiscatorias lo es aún más la pretensión de que las empresas depredadas no puedan repercutir las alzas impositivas sobre sus clientes. Esto supone un control de precios directo, un ataque frontal a la libertad de empresa y una distorsión del funcionamiento del mercado, cuyos efectos, luego se analizarán, serán muy negativos.

La nueva fiscalidad para las empresas energéticas y la banca no gravará los beneficios “extraordinarios de las empresas” porque no existe tal concepto

Algunos críticos de la propuesta fiscal realizada por el PSOE-UP la califican de comunista. No lo es porque no supone una nacionalización de la banca y de las energéticas. Es una iniciativa típica del fascismo y del nazismo; esto es, se mantiene la propiedad privada de las compañías pero se somete de facto su actuación a las decisiones discrecionales del Gobierno.

Con un descaro inaudito, los promotores de esta barbaridad se amparan en que es en beneficio de las clases medias trabajadoras. Esta terminología con un aroma a naftalina de la vulgata marxista no puede ocultar la realidad. Ni un sólo ciudadano de este país se verá beneficiado por la nueva tributación a la banca y a las energéticas.

Si la subida prospera, ni los servicios ofrecidos por los bancos ni los productos derivados de la energía serán más baratos. Y esto será así aunque las entidades crediticias no puedan trasladar a sus clientes la elevación de sus costes impositivos con con mayores tipos de interés o comisiones más altas y las energéticas no puedan hacer lo propio. ¿Qué ocurrirá?

Cuando una firma, da igual que sea un banco o una empresa de cualquier tipo, no puede ajustar vía precios un aumento de sus costes, lo hace vía cantidades. Esto significa que las entidades financieras restringirán su oferta de crédito dentro de España porque cuantos más concedan mayor será la cuantía de los impuestos a pagar.

Por su parte, las compañías del sector de la energía, en especial aquellas que la importan en el mercado internacional, tenderán a recortar su producción porque no les compensará hacerlo, ya que cuanto más vendan, más impuestos habrán que pagar. Si la fiscalidad existente sin los nuevos impuestos era ya muy elevada en términos comparados, estos la elevan todavía mas.

Muchos analistas aceptan la propuesta social podemita porque es temporal y se limita a dos sectores específicos. Como decía Milton Friedman, “no hay nada mas permanente que un programa temporal del Gobierno”. En cualquier caso, quienes con resignado cinismo asumen ese enfoque descartan una consecuencia lógica de él: ¿por qué no extender esta medida a otras industrias o empresas que están obteniendo beneficios o facturaciones “extraordinarias” a causa de la guerra, de la inflación, etc.?

Cuando un Gobierno inicia una enloquecida carrera intervencionista tiene que ampliarla cada vez más para camuflar e intentar paliar el fracaso de las anteriores intervenciones

A la vista de la acción de este gobierno, de su fuga hacia adelante y de la evidente imposibilidad de que la fiscalidad adicional sobre energéticas y bancos consiga los fines perseguidos, las voces para extenderla a otros campos de actividad arreciarán.

Cuando un Gobierno inicia una enloquecida carrera intervencionista tiene que ampliarla cada vez más para camuflar e intentar paliar el fracaso de las anteriores intervenciones. El resultado es un creciente control estatal de la economía. Podemos ya ha sugerido imponer un tributo “temporal” a los grandes establecimientos de alimentación, por ejemplo.

La oposición ha de combatir por todos los medios a su alcance la propuesta social-podemita y, en el caso seguro de ser aprobada por la coalición Frankenstein, impugnarla ante todas las instancias jurisdiccionales.

Por su parte, la imposición a la banca tiene serias probabilidades de poner en riesgo su solvencia dada su baja rentabilidad previa, las exigencias de capital regulatorio y la necesidad de elevar sus previsiones en un escenario de crisis que elevará la morosidad. Si este fuese el caso, el BCE debería actuar con contundencia y rapidez como lo hizo al intentar Lituania adoptar una medida similar. Y, por último, nadie podría decir nada a los bancos y empresas afectadas si decidiesen ubicarse fuera de España ante el atropello del Gobierno. Aquí y ahora, no existe seguridad jurídica alguna para la propiedad y para la inversión.

El tributo “especial” a la banca y a las energéticas no es bueno ni para los ciudadanos ni para la economía. Es un ejercicio demagógico y populista destinado a explotar el descontento de la población eligiendo cabezas de turco, lo que refleja la lamentable opinión que tiene el Gobierno de una ciudadanía de la que cree poder obtener beneficios políticos alimentado su resentimiento.

En realidad sólo persigue conseguir más ingresos para seguir financiando su manicomial política de gasto, reflejada esta semana en la aprobación de su techo para 2023: el más elevado de la historia sustentado sobre una economía en ruinas.