Después de la euforia del verano, con cifras récord de reservas en los hoteles y alojamientos, ventas generosas en restauración y otros servicios y, en suma, importante crecimiento del consumo de los hogares –ya de un 3,2 % en el segundo trimestre de 2022–, se avecina un otoño lleno de incertidumbres.
El primer grave problema al que nos enfrentamos es el de la inflación. De difícil solución por ser fundamentalmente importada. El dato del crecimiento del IPC durante el mes de julio, un 10,8%, nos vuelve a confirmar que la inflación se ha tornado más estructural de lo previsto. Mientras dure el conflicto bélico en Ucrania y la crisis energética derivada en gran medida del mismo, va a ser difícil de controlar. Los ciudadanos empiezan a notar en su bolsillo la merma de poder adquisitivo que les llevará irremediablemente a reducir su consumo.
Los Gobiernos tienen poco margen de maniobra: reducción de algunos impuestos de la luz, subvenciones a carburantes, control de los alquileres, … Es posible tratar de evitar que vaya a más, y no entremos en una espiral de la inflación, adoptando un pacto de rentas que modere el crecimiento de los salarios y los márgenes empresariales.
El BCE ha puesto en marcha su artillería contra la inflación. La última reunión de la autoridad monetaria europea fue una de las más importantes de los últimos años. Puso fin a una política de ocho años de tipos de interés negativos, y acordó su primera subida del principal tipo de interés de 0,5 puntos. Todo para enfriar la economía y al tiempo frenar la depreciación del euro frente al dólar, que encarece nuestras importaciones. Esta es la receta más adecuada, en la coyuntura actual, para contribuir a moderar el IPC.
Asimismo, modificar el sistema de formación de precios de la electricidad en la UE, apostando por desacoplar el precio de la luz al del gas, esto es, generalizar la actual excepción ibérica, ayudaría bastante a reducir los precios energéticos. También ayudan las medidas de ahorro y eficiencia energética. La reducción de un 15% del consumo de gas acordado en la UE, en la que España ha logrado una excepción para reducir ese esfuerzo al 7%, tambiéntambién ayudará a doblegar la curva ascendente de la inflación.
El BCE ha puesto en marcha su artillería contra la inflación
Sin embargo, este paso más de la UE para frenar la amenaza de Putin de interrumpir el suministro de gas, puede frenar la producción en ciertas industrias. No se descarta ya que Alemania entre en recesión, con graves consecuencias en toda la Unión Europea.
Además de la inflación, la economía española presenta todavía unos excesivos niveles de endeudamiento público. La deuda y déficit acumulado en España alcanzan en 2022, respectivamente, el 118% y el 5% del PIB. Ante el alza de tipos de interés, nuestro Estado es más vulnerable ante la retirada de estímulos del. Lo pudimos comprobar a finales de mayo cuando la prima de riesgo de España alcanzó los 140 puntos, valores máximos que no se producían desde marzo de 2017.
No obstante, afortunadamente el BCE ha aprendido la lección de la crisis financiera de hace una década. El mecanismo puesto en marcha para contener las primas de riesgo –llamado “instrumento de protección de la transmisión monetaria”, o TPI por sus siglas en inglés–, convierte al BCE en prestamista de última instancia, al poder comprar deuda de manera potencialmente ilimitada, bajo condiciones razonables: una senda de contención fiscal y acometer las reformas previstas en el Plan de recuperación. Todo ello permitiría disuadir posibles ataques especulativos de los mercados.
Se ofrece de esta manera cierta flexibilidad a los Estados, muy necesaria en tiempos de crisis, porque no es el momento de recortes. En un contexto de incertidumbre, inflación y subidas de tipos, la política fiscal debe ser un dique para proteger a las familias y las empresas más afectadas.
El Gobierno español ha elevado el techo de gasto un 1,1%; así tiene margen para reforzar esa protección y a la vez sostener la inversión pública. Posible, porque en 2023 las reglas fiscales de la Unión Europea continuarán desactivadas por cuarto año consecutivo. Y necesario ante la rebaja previsible de crecimiento para el próximo año, que según el propio Gobierno pasará del 3,5% al 2,7%.
En suma, en un contexto internacional en el que varios shocks han afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia, existe una fuerte incertidumbre e inestabilidad provocadas por la crisis inflacionista que está afectando a todas las economías. En las economías europeas se une, además, el riesgo de una parada repentina de las importaciones de gas desde Rusia.
Sin embargo, los fundamentos de la economía española ofrecen motivos objetivos para la confianza. Entre ellos destacan el excelente comportamiento del empleo, más estable y de mayor calidad gracias a la reforma; una fuerte inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual que supera los niveles precrisis y alcanza máximos históricos, por los efectos positivos del Plan de Recuperación; el buen tono del sector exterior con una fuerte recuperación del turismo que permite un superávit de nuestra balanza de pagos; y la paulatina reducción de déficit y deuda pública sobre PIB.
Estos factores de crecimiento explican que la economía española crecerá más del 4% este año, muy por encima de la eurozona y más de un 2% en 2023, también a niveles superiores a la media de la zona euro, a pesar de sufrir los efectos globales de la guerra de Rusia en Ucrania.
*** Mónica Melle Hernández, Consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM
O gestiona tu suscripción con Google
¿Qué incluye tu suscripción?
- +Acceso limitado a todo el contenido
- +Navega sin publicidad intrusiva
- +La Primera del Domingo
- +Newsletters informativas
- +Revistas Spain media
- +Zona Ñ
- +La Edición
- +Eventos