El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas económicas destinado a aumentar la eficiencia y el consumo de los servicios energéticos. Al tiempo, su propuesta se vende como una muestra de solidaridad hacia los países de la UE más afectados por el encarecimiento-escasez de la energía; una reducción del consumo en España les ayudaría a tener acceso a un mayor volumen de gas y a un precio menos caro.

Para lograr ese benéfico objetivo, en todos los centros de trabajo y establecimiento privados abiertos al público, la temperatura del aire acondicionado no podrá ser inferior a los 19 grados, la de la calefacción no habrá de superar los 27, los escaparates serán apagados a las 22 horas y será obligatorio introducir cierres automáticos en las puertas de acceso a los locales.

Aunque España lograse los ahorros energéticos deseados por el gabinete, ello no se traduciría en un aumento de la oferta de gas procedente de la Piel de Toro a la UE. La razón es muy sencilla: la interconexión con Francia es insuficiente para llevar una cantidad significativa de esa fuente de energía al resto de Europa y en el Viejo Continente no existe el número de regasificadoras mínimo y necesario para transformar el GNL. Aunque se intentase con celeridad eliminar esas dos restricciones, eso no se conseguiría en el corto plazo. En consecuencia, invocar la solidaridad europea para justificar la nueva vuelta de tuerca al intervencionismo gubernamental en la economía es una falacia.

Invocar la solidaridad europea para justificar la nueva vuelta de tuerca al intervencionismo gubernamental en la economía es una falacia.

El Gobierno tiene derecho a adoptar las iniciativas que estime oportuno para ahorrar energía en los organismos públicos sometidos a su competencia, pero imponérselas a las compañías y a las personas privadas constituye un ataque frontal a la libertad de empresa y a la individual, lo que es incompatible con una democracia liberal y con una economía de mercado incluso tan deterioradas como lo están las españolas.

El aceite de ricino para todo impuesto por el ukase gubernamental tiene el insoportable tufo de la planificación central, muestra un desprecio e ignorancia absolutas de las motivaciones, de las circunstancias y de las elecciones individuales y empresariales que siempre son tomadas conforme a la evaluación de sus costes y beneficios. La idea según la cual la entente social-podemita es capaz de distinguir entre consumo suficiente y excesivo de energía es una expresión de la fatal arrogancia descrita por Hayek, es una patente de corso para el ejercicio discrecional del poder y refleja un desconocimiento olímpico de cómo funciona una economía no planificada.

Por otra parte, ese instinto planificador y, eso sí, igualitario se pretende aplicar en todos los lugares de la geografía patria haciendo abstracción de su estructura económica, de su densidad demográfica, de su clima y de un sin fin de variables que constituyeron siempre y, en todas partes, la pesadilla y, finalmente, de todos los ilusos e irresponsables planificadores que en el mundo han sido. Si, además, uno mira este Consejo de Ministros atribuirle cualquier presunción de omnisciencia resulta cómico. Pocas veces ha existido en la historia democrática española una colección similar en los Ministerios y eso que ha habido bastantes émulos de Ignoto. Pero ahí no termina la historia…

La hipótesis sobre la conveniencia-necesidad de reducir por decreto el consumo de energía en un momento de escasez, léase el actual, se ve cuestionada por la denominada Paradoja de Jevons y por cualquier manual de Teoría de Precios. Si un Gobierno opta por introducir de manera forzada restricciones en el uso de determinados servicios energéticos, los individuos se ahorran dinero que puede ser gastado en otros bienes y servicios que también requieren energía para ser consumidos.

La combinación del efecto renta con el efecto sustitución generados por la decisión gubernamental disminuye y, en numerosas ocasiones, llega a eliminar los ahorros de energía que se pretendían lograr. Por ejemplo, si un sector importante de la población decide pasarse al transporte colectivo ante las recomendaciones del por razones solidarias, la demanda de gasolina puede descender, su precio caer y otro segmento relevante de la ciudadanía tendrá un potente estímulo para volver a conducir su coche. La teoría económica y la evidencia empírica disponibles avalan ese argumento (Sorrell S., Galersteben B., Druckman A., The Limits of Energy Sufficiency: A Review of the Evidence for Rebound and Negative Spillovers from Behavioral Change, Energy Research an Social Science, Vol.4 2010).

La idea según la cual la entente social-podemita es capaz de distinguir entre consumo suficiente y excesivo de energía es una expresión de la fatal arrogancia descrita por Hayek

Como los patrones de gasto de los hogares responden a las iniciativas que afectan a sus incentivos y su comportamiento se extiende por definición al conjunto de la economía, los Gobiernos intervencionistas se ven forzados a aumentar su injerencia en los mercados y en las decisiones de las empresas y de los individuos. Esto explica el anuncio realizado por las Sras. Ribera y Calviño de que se pondrán en marcha nuevas medidas de “ahorro energético” a la vuelta del verano. Esto es inevitable porque, conforme a las razones apuntadas en esta notase, las implantadas este agosto no tendrán efectividad alguna. En consecuencia, la marea intervencionista subirá como la espuma.

Y, para terminar, la batería de acciones de la coalición social-comunista tiene tintes mixtos de una nueva tipología penal la del homicidio-suicida. A nadie en su sano juicio se le ocurren las restricciones energéticas aprobadas en medio de la temporada de verano y en un país con una dependencia sustancial del turismo. La doctrina Garzón sobre la improductividad del sector turístico se va a materializar. Para qué seguir…