La idea de contar con una nueva confederación empresarial, apoyada desde Cataluña por las pymes de Pimec y con un discurso más próximo al Gobierno que el de Cepyme -integrada en la CEOE- en planteamientos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parecía gustar a Díaz. Hasta que pidieron entrar en el diálogo social.

Lo que son las cosas. De Conpymes se ha escrito mucho. Entre otras, que es una organización separatista y podemita.

Separatista, aunque su presidente, José María Torres, fue uno de los empresarios que más criticó a la dirección independentista de la Cámara de Comercio de Barcelona. Si hacemos memoria, en su momento, llamó 'hooligan' a Quim Torra.

Y podemita, aunque han recurrido a la Audiencia Nacional para presentar un recurso contencioso-administrativo frente a la decisión del Ministerio de Díaz de no reconocerla como organización representativa de las pequeñas y medianas empresas.

Conpymes afirma tener más de dos millones de asociados. Entre ellos, hay una treintena de organizaciones como los transportistas de Fenadismer, los agricultores y ganaderos de COAG, la asociación de productores de fotovoltaica Anpier, la federación de empresas de limpieza Afelín o las pymes de Mallorca, Comunidad Valenciana y Cataluña.

También forman parte de esta confederación los autónomos de UATAE, conocidos por sus planteamientos más próximos al Gobierno que los de Lorenzo Amor en ATA.

Su argumento para entrar en el diálogo social es la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que "gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal".

Parece cuestión de tiempo que acaben entrando en la mesa. Pero Yolanda Díaz quiere retrasar el movimiento.

Su Ministerio argumenta que no existe ni la normativa, ni los instrumentos para hacer ese recuento. Y la vicepresidenta lleva siete meses evitando recibir a Torres que sí se ha visto con otros miembros del Gobierno como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, e incluso con Irene Montero.

El crecimiento de Conpymes es un quebradero de cabeza para Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y voz de la pequeña y mediana empresa en el diálogo social, pero ligada a los planteamientos de la CEOE, en la que está integrada.

También lo es para Antonio Garamendi a las puertas de que se presente a su reelección como presidente de la patronal. Será antes de que acabe el año y tiene muchos frentes abiertos, entre ellos, el del espinoso pacto de rentas y la nueva subida del SMI que propone el Gobierno tras subir impuestos a las energéticas y los bancos de la CEOE.

[Primero fueron a por las eléctricas, luego a por los bancos, ahora a por los súper... El suma y sigue de Podemos]

Y para Unai Sordo y Pepe Álvarez tampoco parece ser plato de buen gusto no sea que aparezca otro sindicato con aspiraciones de entrar en la negociación de los convenios.

A la espera de un fin de legislatura caliente en las relaciones entre empresas, trabajadores y Gobierno, Yolanda Díaz prefiere mantener el statu quo del diálogo social para no abrir nuevas heridas entre los agentes sociales. 

De ahí que Conpymes haya tocado también las puertas del PP, no sea que al final, acabe siendo un Gobierno liderado por Feijóo el que tenga que abrir este melón entre los agentes sociales.

El presidente de Conpymes dice defender a las pymes frente a los intereses de las grandes empresas. Pero matiza que no va contra la gran empresa porque las pymes aspiran a crecer para ser grandes.

Critica que la reforma laboral olvide los "derechos de las empresas", aunque apoyó el texto que se aprobó con el famoso voto por error del diputado Casero para no enturbiar aún más las transferencias de los fondos europeos.

Presentó enmiendas para la Ley Crea y Crece (con la que está más satisfecho que Cepyme), defiende el llamado 'capitalismo inclusivo', reforzar la 'segunda oportunidad', la subida del SMI y dar una salida al empleo a partir de los 45 años.

Su entrada en escena es incómoda para empresarios y políticos. De momento, está sirviendo para poner en evidencia las contradicciones del discurso de Yolanda Díaz y para mostrar cuáles son las prioridades de los sindicatos en el diálogo social.

Pero también para meter presión a Cepyme y a la CEOE en un año electoral. La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos años, pero España sigue siendo un país de pymes y micropymes. Quizás no ocupen el lugar que deben en las fotos que tanto le gusta hacerse a la vicepresidenta con los protagonistas del diálogo social.

ATENTOS A...

La decisión del Gobierno de publicar un avance de los datos de afiliación a mediados de mes para sacar pecho de la recuperación del empleo por la pandemia puede volverse en su contra.

Se pudo comprobar la pasada semana cuando el Ministerio de José Luis Escrivá publicó esa nota ensalzando que en términos desestacionalizados, agosto cerraría con 65.000 afiliados más. En realidad, en afiliación media habrá 187.000 afiliados menos. Un dato incómodo para el Ejecutivo tras los malos datos de paro de julio. Veremos hasta cuándo mantiene el Gobierno este avance informativo.