Según los criterios de la OCDE, tradicionalmente, se ha señalado a España como un país con una oferta de taxis sobredimensionada para suplir la deficiencia de los transportes colectivos, si bien tales carencias han sido superadas sin duda en las últimas décadas, disfrutando España de una moderna red de transportes homologable a la de los países de nuestro entorno, que ha sustentado aproximadamente 65.000 taxis de modo rentable, incluso revalorizando sus licencias por encima del rendimiento del IBEX 35 en los últimos 25 años, según datos ofrecidos por la CNMC.

Todo indicaba que la incorporación de unos 15.000 vehículos VTC en la última década desbordaría la oferta de servicios de taxi, pero lejos de ocurrir tal cosa, la rentabilidad de los taxis ha seguido al alza y aún siguen existiendo déficits de servicio a los usuarios en muchas épocas del año, zonas y horas del día, donde resulta complicado obtener un vehículo tanto taxi como VTC.

Decenas de medios de comunicación se han hecho eco este verano de que han faltado taxis. Libres de restricciones a la movilidad, se ha puesto de manifiesto que la alta demanda de necesidades de transporte de los ciudadanos locales o turistas, y los millones de personas que nos visitan desde el extranjero, no están debidamente atendidas a la hora de decidirse por usar un taxi o una VTC.

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Sobre todo, se han producido dificultades, enormes colas y esperas para conseguir un taxi en Barcelona y en las islas Baleares -donde las restricciones regulatorias al uso de VTC son mayores -, pero también se han visto en Andalucía, tanto en sus zonas costeras como en otras localidades de interior, donde, -carentes de restricciones comparables a las catalanas-, se hace un uso intensivo del transporte muy ligado al turismo y a la celebración de eventos y fiestas.

La cuestión se extiende más allá del periodo estival y de la estacionalidad que conlleva, pues la realidad socioeconómica andaluza, con una reactivación económica que le hace ascender de los últimos lugares a los primeros de España, requiere reconsiderar un aumento en la oferta cuantitativa de taxis y VTC.

Aún siguen existiendo déficits de servicio a los usuarios en muchas épocas del año, zonas y horas del día.

Para ello solo hace falta repasar algunos datos objetivos que se desprenden de conjunto de factores que incluyen, entre otros, el notorio incremento de la movilidad de la población en el entorno metropolitano de Málaga y la Costa del Sol, donde se ha quintuplicado el mercado de solicitud por aplicaciones móviles, y determinados tráficos con origen y destino en el aeropuerto, estación AVE y otros focos de alta demanda que no paran de crecer.

De modo paralelo, aunque en menor proporción, también en la propia Sevilla, puntal del crecimiento sostenido en la región, por el turismo, las ferias y eventos.

Las próximas y drásticas restricciones municipales a la circulación por doquier de vehículos particulares por supuestos motivos ambientales, apuntan a extenderse en todas las capitales andaluzas una vez se apliquen las nuevas zonas de bajas emisiones y demás medidas sobre calidad del aire, cambio climático y movilidad sostenible, destinadas a provocar un trasvase del vehículo privado a los transportes públicos urbanos, donde taxis y VTC tienen un papel muy relevante, de modo que harán falta más unidades de éstos para absorber esa demanda.

También su permanencia y viabilidad está garantizada por incipientes subvenciones e incorporación de servicios a demanda en las zonas rurales de menor rentabilidad.

Además, como se ha podido comprobar durante los últimos meses, en Andalucía no existe un problema de exceso de oferta de servicios de transporte urbano en vehículos de menos de 9 plazas (taxi y VTC). Bien al contrario, la citada recuperación de la actividad económica y el retorno masivo del turismo, han demostrado la escasez de taxis y la utilidad de las VTC en cuanto complemento del transporte público, contribuyendo a dimensionar la oferta en los momentos de mayor demanda y a garantizar un sistema de transportes adecuado y suficiente para andaluces y turistas. 

No existe actualmente ninguna razón que justifique reducir el número de taxis y VTC en Andalucía, por el contrario, deberían estudiarse su ampliación por los motivos expuestos.

Tendrán que ser la Comisión Europea o los propios Tribunales de Justicia quienes impongan cordura.

Esto se pone aún más de relieve si procedemos a una comparativa con otras regiones y ciudades españolas y europeas, donde se evidencia, si se tienen en cuenta las ratios del conjunto de taxis más VTC por cada 1.000 habitantes, que Andalucía -donde ese sitúa en 1,4- y sus dos grandes áreas metropolitanas -Sevilla con 1,3 y Málaga con 2,9-, ofrecen un servicio de taxi y VTC muy escaso y destacan en la parte baja de la tabla con relación a Barcelona -con 3,5- y Madrid -con 3,6-.

Mucho más crece la distancia con otras capitales europeas donde encontramos a Varsovia en 4,8, Manchester con 5,0, París con 5,5, Lisboa con 5,7, Ámsterdam con 8,5, Londres con 10,1, y cambiando de continente Nueva York con 12,3 vehículos de este tipo por cada 1.000 habitantes. (Ver gráfico).

Taxis más VTC por cada 1.000 habitantes

Además, los tiempos de recogida de viajeros son casi tres veces mayores que en otras regiones como Madrid donde el servicio es más competitivo y moderno, tanto por la mayor digitalización como la sostenibilidad ambiental de la flota, disponiendo de una oferta de aproximadamente 23.218 vehículos entre taxis y VTC, muy lejos de los 11.906 de los que dispone Andalucía, que tiene mayor población y territorio.

A la luz de este somero análisis, la Junta de Andalucía tendría que facilitar urgentemente la regularización autonómica de las 3.202 VTC radicadas en la región (que se debe producir este mes antes de que venza el plazo legal que el Gobierno central concedió a la Junta), para evitar el desabastecimiento y perjudicar a millones de usuarios, y, seguidamente, plantearse incluir este asunto al efectuar los pertinentes estudios dentro de su política sobre movilidad sostenible, para tomar decisiones objetivas y mesuradas sobre hasta cuánto incrementar el número de taxis y VTC que requiere el territorio.

También sería aconsejable evitar en lo posible el clientelismo sectorial y que los límites cuantitativos de licencias de taxi o autorizaciones VTC no puedan quedar atados a las veleidades del político de turno, sino objetivarse bajo medidas flexibles que aumenten y mejoren los actuales servicios, incluso otorgando permisos de temporada para los picos de demanda estacional.

De lo contrario, si se impone la actitud diletante de los poderes públicos por miedo al conflicto y tocar el statu quo, el servicio se irá degradando, y, no andando mucho, tendrán que ser la Comisión Europea (que ya efectuó unas recomendaciones flexibilizadoras hace un semestre) o los propios Tribunales de Justicia (aunque no debería ser su función), quienes impongan cordura y acaben por cancelar los frenos discrecionales o artificiales que unos y otros imponen a la oferta de servicios en perjuicio del interés general de los usuarios del transporte. A fin de cuentas son también sus clientes y pasajeros, contribuyentes y votantes, respectivamente.

En cualquier caso es de temer que será denominador común que, ambos sectores, antes de comparecer solicitando dichas medidas previsoras y basadas en criterios objetivos, junto con menos intervención y más libertad; prefieran el lúbrico entendimiento con los ediles más populistas y clamen por la seguridad del viejo statu quo, desconociendo ambos que, tal y como señalaba el maestro Antonio Escohotado “la seguridad obtenida pagando protección será siempre insegura, porque la frontera entre protección y despojo es letra escrita sobre agua, que reconvierte sin pausa al guardián en verdugo” (Caos y orden, 1999).

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.