Pasada la resaca mediática de la muerte de Isabel II es bueno recordar a los españoles que el BCE va camino de un 3% o quizás un 4% de tipo básico de interés. Es decir, un Euríbor del 4% o más; unas hipotecas más caras y subida de los préstamos para inversión y consumo.
Con la subida de 75 puntos esta semana, el tipo básico de interés del BCE se planta en 1,25% (0,50 + 0,75). A todas luces insuficiente para que remita la inflación cercana al 10% en la zona euro. Con una Reserva Federal americana dispuesta a llevar su tipo al 3,7%/4,0%, Lagarde no puede ver como su institución se vuelve a quedar rezagada y penaliza el euro cuando las importaciones de energía se marcan en dólares.
Si el BCE hace dos subidas más de 75 puntos, el tipo de interés será del 3,75. Es lo que parece haber avanzado su presidenta. Si se para por debajo de esa cifra, la economía del euro se resentirá. Si sube al 3%/4% el tipo de interés, Lagarde cumpliría su papel.
Pero ese sacrificio puede ser inútil si los Gobiernos endeudados no rebajan su déficit, reducen su deuda pública y, en consecuencia, los gastos de sus Administraciones Públicas.
No parece que lo vayan a hacer de buen grado. En particular los países que en 2023 tendrán elecciones. Por eso es necesario que la institución garante de la austeridad de las cuentas públicas estatales -la Comisión de la UE- ejerza su papel. Von der Leyen, su presidenta, tiene que tomar consciencia de que debe ejercer el papel de “mala”. Es decir, exigente y ortodoxa.
Por ejemplo: no debe dejarse llevar por la buena figura del presidente del Gobierno español; ni de la picaresca que desarrolle el nuevo Gobierno italiano; ni del glamour del presidente Macrón. Tiene que pedir a los tres, junto con Grecia y Portugal y algunos más, que vuelvan a la “disciplina fiscal” que colectivamente eliminaron en el periodo de la pandemia.
Lagarde debe dejar su perfil político a cambio del técnico. Von de Leyen tiene que hacer lo mismo. Es verdad que en las instituciones europeas hay políticos. Pero se supone que están alejados de las tentaciones electorales a corto de los políticos instalados en las realidades nacionales.
Es necesario que la institución garante de la austeridad de las cuentas públicas estatales -la Comisión de la UE- ejerza su papel
Las familias de la clase media y trabajadora reducen su poder adquisitivo tanto por la inflación como por la subida de los tipos de interés. Con el aumento de precios pueden comprar menos unidades de producto o servicios con sus rentas salariales. Con tipos de interés más altos pagan más por las hipotecas de sus casas o por los préstamos al consumo (por ejemplo, la compra de un coche a plazos se encarece).
Con la subida de los tipos de interés la economía se frena, el consumo y la inversión disminuyen. Hay menos creación de puestos de trabajo.
La inflación, sin embargo, enriquece a determinadas rentas; también a las instituciones pública nutridas por impuestos. Impuestos que suelen ser proporcionales a los precios (por ejemplo, el IVA).
Para reducir esos efectos el Estado puede hacer una cosa de efecto inmediato: bajar los impuestos. Si reduce el IVA los precios bajan. Si deflacta el IRPF (elevando los tramos de renta para cada tipo de porcentaje de impuesto) las familias disponen de más dinero. Eso crea consumo y, en consecuencia, genera puestos de trabajo.
El problema es que sí Von der Leyen pide rigor presupuestario y bajada del déficit público, los Gobiernos le pueden decir que ahora no pueden bajar impuestos. No es verdad, los pueden bajar si eliminan derroches. Según Funcas, hasta 60.000 millones de euros podría ahorrar el Estado español en gastos superfluos.
En un año electoral, con una política de donaciones focalizadas para conseguir votos, Sánchez, por ejemplo, no lo va a hacer. Por eso, pondrá “ojitos tiernos y llorosos” a la teutona de Bruselas. Ahí es donde la Comisión Europea tiene que demostrar que está por encima de intereses políticos particulares, ser rigurosa y pedir disciplina fiscal. ¿Lo hará? ¿Von der Leyen cumplirá con su papel?
*** J. R. Pin es profesor del IESE
