Cuando se enfrentan a un escenario adverso al que son incapaces de responder con otro argumento que la ideología, los Gobiernos buscan siempre un enemigo o enemigos para convertirlos en villanos y hacerles responsables de todos los males.
En España, el Gabinete social-comunista tiene un perfecto enemigo externo, la guerra de Ucrania, y otro interno, las empresas. Ambos convergen de manera tácita o quizá concertada para liquidar los heroicos esfuerzos de la izquierda gobernante para sacar la economía española adelante.
A ese relato liderado a lo largo del último año por La Juana de Arco del populismo colectivista y demagógico patrio, Sra. Díaz, se ha sumado con ímpetu el Sr. Sánchez en su espontánea reunión con 50 ciudadanos de a pie en el Palacio de la Moncloa a quienes ha arengado con fervor peronista asegurándoles su intención de luchar hasta el final contra los grandes poderes económicos empeñados en imponer sus oscuros y egoístas intereses a los de la mayoría de los españoles con un especial énfasis en un colectivo convertido en un latiguillo ya insoportable de la propaganda gubernamental: los colectivos más vulnerables, etc.
Si las compañías no ganan dinero sus posibilidades de invertir y de crear empleo se reducen y, en el extremo, desaparecen.
El Gabinete social-podemita está intentando introducir un falso y envenenado mensaje: las empresas obtienen beneficios y muchos en un escenario de crisis sin tener en cuenta para nada las penurias del español medio. Esta aseveración merece dos comentarios.
Por un lado, si las compañías no ganan dinero sus posibilidades de invertir y de crear empleo se reducen y, en el extremo, desaparecen. Desde esta perspectiva, un Gobierno sensato y racional debería alentar e incentivar la generación de beneficios empresariales, las inversiones de mañana y los puestos de trabajo de pasado mañana.
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Por otro lado, la hipótesis según la cual las firmas patrias se están “forrando” como diría un castizo no se compadece con la realidad. De acuerdo con la información disponible, la mitad de las empresas no han logrado alcanzar la rentabilidad que obtenían en el año anterior a la pandemia y han pasado tres años desde entonces.
Al mismo tiempo, la mitad de las compañías españolas han visto reducirse sus márgenes -cociente entre sus excedentes y su cifra neta de negocios- conforme a los últimos datos existentes para 2022 (Blanco R., Menéndez A, Molina M, Resultados de las Empresas no Financieras en el Primer Trimestre de 2022, Banco de España, 3/2022).
Desde esta óptica, fijarse en las firmas que, gracias a los dioses, consiguen aún beneficios para dibujar la situación del panorama empresarial constituye una auténtica falta de rigor.
Por añadidura, si, en términos agregados, todas las empresas arrojasen pérdidas, el escenario económico patrio no sería dramático como lo es, sino trágico como tiene serias probabilidades de serlo el año 2023. En medio de una crisis, pocas políticas tan suicidas y letales como atacar a las empresas y demonizar la posibilidad de que tengan beneficios. Sin éstos ni hay compañías ni empleo.
Un Gobierno sensato y racional debería alentar e incentivar la generación de beneficios empresariales.
La segunda falacia anti-empresarial se refiere a la supuesta contribución de unos inexistentes beneficios extraordinarios al aumento de la inflación. Si se acepta este enfoque, olvidando que un proceso inflacionario es imposible sin un crecimiento de la cantidad de dinero superior al de la producción, esta tesis tampoco respalda los argumentos gubernamentales.
Basta observar la evolución del deflactar del PIB para comprobar que, a diferencia de lo acaecido con los salarios, la contribución de los márgenes empresariales en 2021 y en el primer trimestre de 2022 ha sido negativa; esto es, ha contribuido a aminorar el incremento de la inflación.
La contribución de los márgenes empresariales en 2021 y en el primer trimestre de 2022 ha sido negativa; esto es, ha contribuido a aminorar el incremento de la inflación.
Como era previsible, el brutal aumento de los precios de la energía ha tenido un fuerte impacto alcista sobre los costes de producción de las empresas. En España, el 68,5% del consumo de energía primaria procede de los combustibles fósiles, en concreto, del gas y del petróleo y, de forma, muy marginal del carbón.
Esto implica que el encarecimiento de la factura energética afecta con mayor o menor intensidad a todo el tejido productivo. En este contexto, las compañías o bien trasladan ese aumento de costes a los bienes y servicios que producen, extremo muy complicado en los mercados competitivos y en un escenario de caída de la actividad, o bien cosechan pérdidas y, en muchos casos, habrán de cerrar.
Este panorama tiene visos de empeorar por varias causas: primera, la persistencia de altos precios de la energía; segunda, el comienzo de la subida de las tasas de interés; tercera, la desaceleración de la economía en 2022 que se acentuará en 2023; y cuarta, el creciente clima anti empresarial auspiciado por el Gobierno.
Esto se traducirá de manera inexorable en un deterioro de los márgenes de las empresas sin que sea posible prever hasta donde llegará y cuánto durara, pero ninguna de esas dos tendencias tiene expectativas de mejorar en el próximo año y medio.
Esta es la realidad y resulta alérgica para el Gobierno. En este entorno, su acelerada retórica contra las empresas es un ejercicio de flagrante irresponsabilidad. La idea de que cabe traspasar a las compañías la responsabilidad y los costes de la presente crisis económica es contraria a cualquier criterio de racionalidad.
Sólo sirve para envilecer el clima social del país y tiene consecuencias distintas y opuestas a las perseguidas. En la práctica, la izquierda española ha vuelto a sacar de su tumba el espectro de la guerra de clases, de la radical incompatibilidad entre el capital y el trabajo y se ha instalado ahí.
