A la vista de los últimos acontecimientos se puede afirmar que la moda, el mantra económico de la política progresista europea, es el de “topar”. Circunscrito al ámbito económico, es un término que tiene una aceptación válida. Literalmente hace referencia a la acción de poner un tope. Digamos que se ha castellanizado el término anglosajón más común denominado “cap”.

Cuando se establecen límites lo que básicamente se hace es regular un servicio o una actividad. Se busca una fórmula por la cual una remuneración, un precio o cualquier otra referencia variable pueda sobrepasar un determinado umbral.

Si ese tope se establece en la entrada del servicio y se establece como condición necesaria, dependiendo del tipo de servicio o producto las empresas evalúan si les resulta interesante o no participar con esas normas. Ocurre, por ejemplo, con las compañías que invierten en el transporte de gas, donde la remuneración obtenida está “capada”.

El progreso se consolida cuando la sociedad logra alcanzar un elevado nivel de libertad y desarrollo económico dentro de un marco jurídico sólido y confiable

Generalmente ocurre en mercados de ingresos previsibles con alguna consideración social o de necesidad mayor, por lo que si el tope es muy ajustado, desincentiva la competencia, expulsa a los actores privados y acaba resultando en un mercado poco atractivo y con desarrollo limitado.

Pero intervenir alterando las reglas tiene consecuencias impredecibles, algo que han denunciado los responsables de nuestras mayores empresas energéticas. De entrada, no está claro que se haga en pro de las familias más desfavorecidas.

Cuando se “topa” el mercado energético se hace para todos los consumidores, ya que nuestro ordenamiento jurídico no permite establecer topes en función de niveles de renta. Pasa lo mismo cuando se trata del IVA. El impuesto sobre un mismo bien lo pagan todos por igual con independencia de la capacidad adquisitiva. Otra cosa es que el impuesto afecte a un Ferrari o, como ha ocurrido, al precio de la electricidad y el gas.

El problema es que al establecerse como una imposición y al hecho de que se justifique su aplicación por una cuestión de necesidad, se da paso a un efecto contagio.

Intervenir alterando las reglas tiene consecuencias impredecibles

Hemos pasado de que en defensa de los consumidores se intervenga el mercado eléctrico a que desde el ala radical del gobierno se quiera hacer lo mismo con otros bienes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hablado abiertamente de “topar” los precios de los alimentos. Es la puesta en práctica de una ideología anti mercado y pro intervencionista.

Lo curioso es que las intervenciones se hagan sobre los componentes más volátiles del IPC cuando el daño que deja la inflación no es tanto en la parte coyuntural sino en la estructural, es decir, en la inflación que se queda y no se elimina.

Quizás conviene preguntar por qué cuando hemos atravesado períodos de inflación baja, o incluso deflación, no se han puesto “topes” inferiores para proteger a los productores. Pasa lo mismo cuando bancos y petroleras perdieron miles de millones de euros en 2020 y 2021, pero el mismo gobierno no movió un dedo para ayudar a sectores que emplean miles de trabajadores. Son las mismas condiciones de mercado que ahora les hacen revertir esas pérdidas.

Hemos pasado de que en defensa de los consumidores se intervenga el mercado eléctrico a que desde el ala radical del gobierno se quiera hacer lo mismo con otros bienes

Pero no queda ahí la cosa. Más ministros se suman a la causa del “topado” y proponen hacer lo propio con el Euríbor sin darse cuenta de que el mercado inmobiliario ya está “topado”, como ocurre con el alquiler.

Intervenir los precios y elevar impuestos a eléctricas, empresas energéticas y la banca supone colgar un cartel de “no invertir” para nuestro país, por lo que el daño en la economía pasa a ser geométrico.

Al final, lo miremos de una forma u otra, la conclusión que se extrae es que si la propuesta económica es “topar” y elevar la presión impositiva, quizás lo mejor que pueden hacer es abiertamente eliminar la economía de mercado, adoptar un régimen planificado que dicte lo que se puede y no se puede vender o comprar, además del cómo y el cuándo. Eso sí, que actúen consecuentemente y se pongan al nivel de la ciudadanía sin más privilegios que nadie. ¿Apostamos por la respuesta?