La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
'Spending review' frente al desequilibrio fiscal en España
En un momento en el que la polarización afecta a la política económica, es necesario poner el foco en la contención del gasto.
La carrera electoral se ha precipitado tras el inicio del otoño y nuestros gobernantes han optado por recurrir al discurso fiscal como elemento de agitación para movilizar a su electorado.
Como suele ser habitual en materia de política económica, convergen dos discursos antagónicos. Por un lado, el de quienes defienden bajadas masivas de impuestos orientadas a reducir la carga fiscal de trabajadores y empresas para favorecer el consumo, la creación de empleo y el crecimiento económico. Y, por otro, el de quienes, en el marco de la peor guerra en el continente europeo desde la IIGM, con estragos aún patentes tras el impacto de la pandemia, propugnan la necesidad de crear nuevos tributos (o subir los ya existentes) para sostener el dispendio de gasto público orientado a financiar "el escudo social".
De un modo u otro, la economía es una disciplina compleja que no entiende de extremos y que, como también suele ser habitual, puede convertirse en un auténtico artefacto de detonación si no se gestiona con la pericia y la responsabilidad necesarias.
"La economía puede convertirse en un auténtico artefacto de detonación si no se gestiona con la pericia y la responsabilidad necesarias"
El actual episodio inflacionista, una tendencia generalizada en todo el mundo occidental, está suponiendo un quebradero de cabeza para Gobiernos y organismos supervisores. Y una pesadilla para millones de ciudadanos que ven menguar su poder adquisitivo.
En el origen de los extraordinarios incrementos del IPC, que arrancaron hace algo más de un año, se encuentran los desajustes en las cadenas globales de suministro provocados por la pandemia y su recuperación. Pero el impulso definitivo en Europa ha llegado de la mano de la guerra de Ucrania.
Una situación a la que se suma el final de los programas de compra masiva de deuda del BCE y un alza de tipos, lo que afecta ya a créditos, deuda y ahorros. Ante esta situación, el Ejecutivo ha desplegado una serie de medidas anticrisis que, por su diseño e impacto, distan de ser óptimas; ni para proteger a los colectivos más vulnerables ni para aliviar nuestro desmedido nivel de deuda pública, próxima al 117% del PIB, según los últimos datos del Banco de España.
Entre las mencionadas medidas, se halla, por ejemplo, la bonificación del precio de 20 céntimos por litro en los carburantes (prorrogada hasta el 31 de diciembre), o la extensión a todo 2023 de los abonos gratuitos de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, políticas con un impacto en las cuentas públicas de 6.000 y 700 millones de euros respectivamente, según fuentes del propio Ministerio de Hacienda.
Lo más llamativo de ambas medidas es que se aplicarán a toda la población general, sin distinción por razón de renta o patrimonio. ¿Acaso no tendría mucho más sentido el diseño de una política pública mucho más selectiva, aplicada con presión quirúrgica a los colectivos sociales más vulnerables que previniera semejante desembolso de recursos públicos?
Con análogo criterio podríamos analizar la reducción del IVA de la luz y el gas, de disputada autoría entre el Gobierno y el PP. El coste del conjunto de las medidas tributarias de índole energética ronda los 2.000 millones trimestrales, lo que suma una cantidad anualizada de más de 8.000 millones de euros.
En este sentido, la propia OCDE ha alegado que estas medidas alteran, a su juicio, la señal de los precios, no son selectivas y reducen "significativamente" los ingresos fiscales, lo que, con el tiempo, puede elevar los costes presupuestarios y reducir la capacidad de los Estados para invertir más recursos en ayudas/subvenciones directas a los colectivos más golpeados.
[La OCDE advierte del deterioro del crecimiento económico de España por el alza de la inflación]
El otro gran capítulo que merece mención especial estos días es la arquitectura económica de ingresos y gastos que da cuerpo a los últimos Presupuestos de la legislatura, los de "mayor gasto público de la historia de la democracia" y, sin duda alguna, los más electoralistas.
Lo llamativo es que, de los 485.986 millones de euros, un 5,9% más respecto a las anteriores cuentas de 2022, cerca del 40% del gasto se destinará exclusivamente para pagar pensiones, que el Gobierno calcula que se revalorizarán un 8,5%. ¿Acaso nos hemos vuelto locos?
Por impopular que resulte, ¿Es que tiene sentido seguir fiando más de un tercio de los recursos públicos de todo un país a un único colectivo que cuenta ya con amplio amparo social? Nadie dice que las pensiones no suban, pero habrá que evaluar para quiénes (en función de la renta), en qué cuantía y con qué periodicidad.
"Nadie dice que las pensiones no suban, pero habrá que evaluar para quiénes"
El actual sistema no es sostenible y descarga todo el peso sobre la clase media y sobre los jóvenes, vulnerando el principio de solidaridad y de equidad intergeneracional. Al fin y al cabo, "comprometer el futuro por el presente no es razonable económicamente", como bien recoge el Círculo de Empresarios en su reciente toma de posición ante el proyecto de ley de PGE 2023.
Así las cosas, en tiempos de máxima incertidumbre, la realidad económica está plagada de matices y trasciende la lógica simplista de subidas y bajadas impositivas, de expansionismo o de austeridad extrema.
Aunque los tiempos excepcionales requieren respuestas excepcionales, la complejidad de la política económica también exige una evaluación rigurosa del gasto (spending review) que posibilite su eficiencia y sostenibilidad (no necesariamente gastar siempre más o menos, sino gastar mejor), como vienen reclamando desde hace años instituciones de la entidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España.
Sólo desde esa perspectiva se puede alumbrar una senda de consolidación fiscal que permita hacer compatibles las cuentas públicas con los retos estructurales a los que nos enfrentamos, en un entorno europeo donde la suspensión (temporal) de las reglas fiscales se reactivará, con toda probabilidad, en 2024. Tras más de una década de policrisis, parece que, por desgracia, no hemos aprendido nada.
*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.
