En 2023, aproximadamente un tercio del conjunto del presupuesto de gasto social del Estado se destinará a pagar las pensiones (190.083 millones de euros). En el conjunto de la UE-15 se destina en promedio un 11,1% del PIB a gasto en vejez. España, con un nivel medio de envejecimiento similar al de la UE, está por debajo de ese porcentaje al destinar a vejez el 9,8% del PIB.

La revalorización para mantener el poder adquisitivo de todas las pensiones es esencial en el momento actual de crisis inflacionaria. En ese objetivo de mitigar el impacto del aumento de los precios se enmarca la revalorización de las pensiones de 2023 de un 8,5%, cumpliendo la recomendación del Pacto de Toledo.

"La revalorización para mantener el poder adquisitivo de todas las pensiones es esencial en el momento actual de crisis inflacionaria"

No se trata sólo de cumplir el mandato legal actual (artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social), así como consagrar ese derecho recogido en la Constitución Española (artículo 50) y en la doctrina de los Tribunales Constitucional, de Derechos Humanos y de Justicia de la UE; sino que principalmente, resulta fundamental para otorgar la confianza y certidumbre necesaria en el sistema público de pensiones.

Es esencial para las expectativas de los próximos pensionistas transmitirles seguridad jurídica sobre las pensiones públicas que percibirán cuando se jubilen.

Manteniendo el poder adquisitivo de un colectivo tan amplio como son los pensionistas, es posible, además, contener o minorar la actual tendencia recesiva de la economía. El coste de las pensiones no afecta al gasto productivo, al no ser costes de personal para la producción de bienes ni para la prestación de servicios; por lo que su revalorización no tiene, además, efectos inflacionistas.

Intentar enfrentar los intereses de los jóvenes con los de los mayores generando un falso conflicto intergeneracional a costa de la revalorización de las pensiones carece de fundamento. No existe ninguna relación causal entre la precariedad laboral de los jóvenes y el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores. Para acabar con la precariedad de nuestro mercado laboral es preciso, además de subir los salarios, desarrollar políticas públicas de formación y de empleo, principalmente.

"No existe ninguna relación causal entre la precariedad laboral de los jóvenes y el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores"

También es artificial el intento de división entre los pensionistas que reciben pensiones máximas y los demás. En la actualidad, en España el 51% de los pensionistas perciben una pensión mensual interior a 1.000€, elevándose a un 70% en el caso de las mujeres. Mientras que los pensionistas con pensiones superiores a 2.500€ mensuales representan el 11% del total.

Plantear que las pensiones altas son la causa de que haya otras pensiones mucho más bajas es obviar que las pensiones máximas están topadas y por debajo de su base de cotización. Es decir, contribuyen a la financiación del resto de las pensiones. Y, a través del IRPF, los pensionistas contribuyen también fiscalmente a la redistribución de la riqueza de manera progresiva según el volumen de sus rentas.

[La batalla de los impuestos. Por Mónica Melle]

La credibilidad del sistema público de pensiones se fortalece mediante la ampliación de la estructura de los ingresos del sistema. En este sentido, los cambios recientes realizados en el sistema público de pensiones refuerzan la financiación del sistema.

En primer término, mediante el aumento de los ingresos por cotizaciones, que se estima crezcan un 12,6% en 2023. A través de la actualización de las bases de cotización, en particular las máximas, en una tendencia hacia ir equiparándola a los salarios reales. Y por la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización de autónomos que el Gobierno acordó con los interlocutores sociales en 2022, y que aumentará su cotización a partir de 2023.

[Más de la mitad del aumento de ingresos por cotizaciones en 2023 se deberá a la subida de las bases]

Finalmente, gracias al dinamismo del mercado laboral, los ingresos por cotizaciones sociales están creciendo. Tras 18 meses ininterrumpidos de crecimiento de empleo en términos desestacionalizados y 750.000 afiliados más tras alcanzar el nivel pre-pandemia, en la actualidad existen más de 20.200 millones de afiliados en España. Lo que supone un crecimiento de las cotizaciones de un 8,5% en lo que va de año, que continúan marcando máximos históricos hasta llegar al 11% del PIB.

En segundo lugar, la consolidación del cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo permite reforzar la sostenibilidad financiera y social del sistema de pensiones en el corto, medio y largo plazo.

Se culmina así la aplicación del principio de separación de fuentes de financiación del sistema, para que los gastos impropios que son aquellos gastos de naturaleza no contributiva no se financien con los ingresos de las cotizaciones sociales.

A través de una implicación directa del Estado en la financiación de la Seguridad Social, similar a la que se lleva a cabo en países de nuestro entorno europeo (como Francia o Alemania), que mejora y clarifica la estructura financiera del sistema, al liberar a los cotizantes de que sigan financiando gastos que siempre debieron corresponder al Estado.

En tercer y último lugar, la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional va a permitir recuperar las aportaciones al fondo de reserva de la Seguridad Social que no se producían desde 2010 –en 2023, se elevan a 2.966 millones de euros-. Es un firme compromiso con la sostenibilidad del sistema, con déficit previsto del 0,5% para 2023, similar al de 2022, cumpliendo la senda establecida en el programa de estabilidad presupuestaria.

En definitiva, dar confianza y fortaleza al sistema para afrontar los retos de futuro, especialmente, atender la jubilación de los baby boomers. Porque muchas de las medidas que se están adoptando en la actualidad beneficiarán, además y sobre todo, a los actuales jóvenes, al asegurarles que tendrán pensiones públicas dignas como las de sus padres y abuelos.

*** Mónica Melle es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.