Cuentan que Escrivá ha dejado de acudir a algunas comidas que economistas de alto nivel organizan de vez en cuando para intercambiar ideas. Y dicen que no es solo por sus responsabilidades como ministro, sino que las discrepancias que mantiene con muchos viejos amigos también pesan. Economistas que en el pasado formaron parte de algunos de sus equipos afirman no reconocerlo tras su paso por la política.

Y quienes recuerdan el contenido de los informes que publicaba la AIReF cuando él era presidente, no han entendido la forma en la que ha defendido ahora la revalorización de las pensiones con el IPC en un año en el que la inflación media ha superado el 8,4% y sin tener aprobada la reforma completa para contener el gasto en pensiones futuro.

Tampoco comprenden los argumentos que esgrime desde el Ministerio para defender la hoja de ruta del Gobierno con las pensiones, ni sus críticas como ministro a los organismos privados que hacen estudios sobre la viabilidad de la Seguridad Social. Y están atónitos por otras ideas, como su confianza casi plena en la demografía futura como solución a los problemas del sistema. 

Sin embargo, Escrivá conoce bien los números de las pensiones y siempre ha sabido, aunque no lo haya querido reconocer en voz muy alta, que hay que hacer ajustes para que el sistema sea sostenible en el tiempo.

"Escrivá conoce bien los números y siempre ha sabido, aunque no lo haya querido reconocer, que hay que hacer ajustes en las pensiones"

De ahí que, en realidad, lo que no debiera sorprender a nadie -incluidos, los agentes sociales- es su última propuesta. La que a partir de 2027 eleva los años de cómputo para el cálculo de la pensión de 25 a 30 (dando la opción de elegir los mejores 28 años) y propone subidas de las cotizaciones sociales para obtener más ingresos. 

En los últimos días, tanto la opinión pública como su compañera en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, se han centrado en criticar la primera pata de esta tercera parte de la reforma de las pensiones que Escrivá confía en pactar con la patronal y los sindicatos.

[Escrivá asegura que usar los 28 mejores años de cotización beneficiará a las pensiones futuras]

Sin embargo, lo cierto es que el aumento de las bases máximas de cotización desde 2027 hasta 2050 puede tener implicaciones sobre la economía de más calado, aunque afecte a 'unos pocos'. 'Unos pocos' que son los que más ganan en España y por tanto, sobre los que caerá un mayor peso de la factura fiscal que habrá que abordar en el futuro dado el nivel de deuda pública.

De ahí que Antonio Garamendi ya haya advertido que el modelo que propone el ministro "carga contra las empresas, a las que hace perder competitividad".

Esto que al Gobierno le parece baladí tiene importancia porque a la hora de atraer talento y captar inversión para ser el país sede de proyectos internacionales, los directivos que toman las decisiones incluyen todos estos parámetros. Y en España, el tipo marginal máximo del IRPF es 10 puntos superior a la media de la Unión Europea.

Una desventaja para esos sueldos más altos a la que se sumaría ahora el coste de la propuesta de establecer un incremento fijo entre 2027 y 2050 del 30% en las bases máximas de cotización. Esto, con la contraprestación de que las pensiones más altas solo crecerían un 3% al margen del IPC.

La idea de elevar las cotizaciones sociales para cuadrar las cuentas del sistema de pensiones no gusta en Bruselas.

Aunque la Comisión Europea no vaya a evaluar en detalle el sistema de pensiones hasta que no esté completa la reforma de Escrivá, es posible que ponga peros por el impacto en el empleo.

De hecho, los responsables de hacer seguimiento sobre la evolución de los hitos del Plan de Recuperación no han ocultado en sus visitas a Madrid su discrepancia con la idea de financiar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con subidas de las cotizaciones sociales.

En privado, han expresado que esta idea resta competitividad a la economía española, aunque, si los números cuadran, Bruselas 'pasará por el aro', ya que España es un país soberano.

La duda que tienen en este momento es que realmente las cifras vayan a encajar. Y el informe de Fedea sobre la falta de transparencia del Gobierno al no contabilizar a los fijos discontinuos inactivos como "paro efectivo" no ayuda a que España gane credibilidad en la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen impulsó los fondos europeos. Pero su paciencia no es infinita y está reclamando ya resultados tangibles al Gobierno de España para no activar penalizaciones en las próximas entregas de fondos.

[Opinión: La fórmula para castigar a España si falla en los fondos europeos]

Sin apoyo en el Congreso -al menos, de momento- para sacar adelante la parte más impopular de la reforma de las pensiones, el Gobierno necesita a los agentes sociales para impulsar su proyecto. Y aunque las elecciones ya hayan pasado en la CEOE, es difícil que Garamendi pueda respaldar esta propuesta.

Del mismo modo que con los sindicatos calentando la calle para pedir mejoras salariales, es posible que el Ejecutivo tenga difícil conseguir el apoyo de Unai Sordo y Pepe Álvarez para elevar los años con los que se calcula la pensión. Una reforma que en ese punto, según Díaz, "recorta derechos", aunque por fin vaya en la línea de buscar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.

ATENTOS A...

El plan de José Elías para salvar a Ezentis pasa por dejar sus negocios viables concentrados en una empresa pequeña, saneada y sin deuda, tras la reestructuración pactada con los acreedores. De hecho, la deuda que quede pendiente pasará a una sociedad limitada, para que la nueva empresa, en la que se incorporará el negocio de las renovables, sea solvente desde el principio.

El empresario quiere aprovechar el tirón de la energía fotovoltaica, entre otros, para sacar a flote la empresa que arrastra la reputación de un pasado complicado, pero tiene un gran cliente: Telefónica. De momento, su acción cerró el viernes suspendida a la espera de noticias.