“Be good to yourself when nobody else will” Steve Perry
El ataque del Gobierno a Ferrovial es completamente injustificado y es mucho más que una crítica a una empresa. Muestra la visión extractiva y confiscatoria de la economía que se cree que las empresas y contribuyentes son cajeros automáticos al servicio del asfixiante poder político.
Ferrovial no es de España, ni del Gobierno ni de su presidente. Ferrovial es de sus accionistas y bonistas, que son inversores de todo el mundo.
Ferrovial no le debe todo a España. Ferrovial le debe todo a su fundador, a sus accionistas, a sus trabajadores, a sus clientes de todo el mundo y a sus equipos de dirección que la han convertido en un líder capaz de ganar contratos en todo el mundo y ejecutarlos con eficacia y rentabilidad.
Ganar un concurso público no es “crecer al albur del dinero público” como dice Díaz, que jamás ha creado un puesto de trabajo ni montado una empresa. Ganar unos concursos públicos no es deber pleitesía y sumisión al Gobierno, al país o a los políticos. Que Ferrovial llevase a cabo contratos públicos, como hacen todas las concesionarias y constructoras del mundo, no significa que le deba adhesión incondicional al gobierno. Ferrovial, como cualquier constructora, se presentó a concursos que ganó y ejecutó unas obras que el país necesitaba. Y lo hace en todo el mundo. España, Reino Unido, EEUU o Canadá se han beneficiado del trabajo de Ferrovial y todas las concesionarias y constructoras que han ganado concursos públicos de manera competitiva.
El objetivo del Gobierno no debe ser atacar a una empresa privada por cambiar legítimamente de sede, sino hacer lo posible porque se quede, que inviertan y se instalen muchas más. La política anti-empresas y la inseguridad jurídica solo traen miseria.
El objetivo del Gobierno no debe ser atacar a una empresa privada por cambiar legítimamente de sede, sino hacer lo posible porque se quede
Al atacar de manera tan agresiva e injustificada a la empresa y al presidente de la misma, el Gobierno está dando una pésima imagen ante el mundo y el resto del tejido empresarial un mensaje que parece decir “no venga a invertir y crear riqueza a este país que si gana dinero le insultamos y si se va le atacamos todavía más”.
En vez de acusar a Holanda de ser un paraíso fiscal, que es una soberana sandez, la señora Díaz podría dejar de hacer de España un infierno fiscal. Es, como mínimo, hilarante que los voceros de Podemos se dedicasen año tras año a repetir que España es un paraíso fiscal para las grandes empresas y que no pagan impuestos, que ya demostramos aquí que es falso, y ahora digan que se van a un paraíso fiscal para pagar menos impuestos. Es el mismo populismo aberrante de siempre.
Lo más alucinante es que Ferrovial seguirá invirtiendo en España, creando empleo y fortaleciendo su posición y, en vez de solventar los problemas regulatorios, de mercado de capitales y fiscales de nuestro país, atacan a la empresa.
El delirio del Gobierno es tal que se dedican a atacar al presidente de la empresa personalmente, cuando es una decisión estratégica de los accionistas, atacan a Holanda, que está contribuyendo a financiar nuestro despilfarro y endeudamiento desbocado, y atacan a la empresa que va a seguir invirtiendo y creando puestos de trabajo en nuestro país.
Lo único que ha mostrado la salida de Ferrovial es que España está en una mala posición para atraer inversión y favorecer el crecimiento comparado con nuestros socios europeos.
Lo más peligroso es que, ante una debilidad del mercado de capitales y regulación española, se lanzan al ataque personal al presidente y a la empresa.
La realidad es que, si una empresa española quiere cotizar y crecer en el mercado de capitales global, tiene muchas más facilidades y seguridad desde Holanda, Irlanda o Luxemburgo que desde España. Es peor. Las trabas al crecimiento en el mercado de capitales en España han hecho que el país pierda dinamismo con respecto a Italia o Portugal.
Ferrovial tiene un 82% de sus ventas fuera de España. El objetivo de Ferrovial es cotizar en Estados Unidos, y eso lo facilita la Bolsa de Ámsterdam y no la de Madrid. La única manera que tienen las empresas españolas de cotizar en Estados Unidos es vía ADRs (certificado de depósito, un título que representa un depósito de acciones de una empresa no estadounidense en una entidad financiera americana), es decir, que solo reflejan la cotización de la acción en la bolsa española. Esos ADR no son un buen instrumento ni para los inversores norteamericanos ni para las empresas. La triste realidad es que, desde el punto de vista de mercado de capitales, seguridad jurídica e inversora y posibilidades para acceder a los mercados internacionales, Holanda ofrece mucha más versatilidad que España.
Ferrovial ha pasado en setenta años de ser una pequeña constructora a una multinacional global. Necesita una base de inversores más amplia para obtener financiación para sus proyectos. Eso se lo da estar en la Bolsa de Madrid, en la de Ámsterdam y en la de Nueva York, pero con la sede en España no puede expandirse y cotizar en EEUU como desean los accionistas de Ferrovial, tiene que estar en Holanda porque allí han resuelto el problema de la cotización directa y en España, no.
España no solo no está trabajando en mejorar su mercado de capitales sino que se está quedando obsoleto y anquilosado. Cuando yo empecé en el mercado financiero, en España se hacían veinte ofertas públicas de acciones al año, nada espectacular, pero prometedor. Hoy, no llega a cinco. En aquella época, en España se hacían siete salidas a bolsa al año. Hoy, si ocurre, esperamos una.
La inversión extranjera en España está aún un 44,8% por debajo del nivel de 2018, según el Ministerio de Comercio.
En los últimos tres años se han introducido graves medidas de intervención y freno que hacen que nuestra bolsa y nuestro mercado de capitales se queden muy por detrás de países de nuestro entorno incluyendo Holanda o Luxemburgo.
España no se merece un gobierno que sistemáticamente insulta a las empresas y los que crean riqueza mientras despilfarra el dinero de los contribuyentes y reduce el delito de malversación.
Anti-patriota no es el que invierte y crea empleo en España -y seguirá haciéndolo- y busca oportunidades de crecimiento global desde un país socio de la Unión Europea. Anti-patriota es el que despilfarra los impuestos que recauda y reduce el delito de malversación para seguir despilfarrando.
España sería un país mucho más próspero si hubiera más empresas como Ferrovial y menos redistribuidores de miseria.
