¿Cómo ahorrar mil millones de euros al sistema sanitario?

Un Sistema Nacional de Salud (SNS) preparado para el presente y el futuro, resiliente, moderno, y digitalizado, requiere de una planificación que haya contemplado una visión integral de sus fortalezas y necesidades. No cabe duda de que una de las vías para fortalecer al sistema sanitario pasa por su financiación suficiente y estable y hacer frente así a los retos de los servicios de salud y el nuevo paradigma sociosanitario. Una financiación realista que precisamente pasa por ser una de las necesidades históricas de nuestro sistema.

En este objetivo, hay nichos por explorar. El propio marco legislativo actual ofrece oportunidades para disponer de más recursos económicos. Por ejemplo, en el ámbito tributario, desde hace un año —abril de 2022— la reforma de la directiva europea del IVA posibilita a los Estados de la UE fijar tipos impositivos reducidos a los productos sanitarios, al entender que son bienes esenciales y de cara a reforzar los sistemas de salud. Esta reforma es fruto del acuerdo alcanzado en diciembre de 2021 por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), y pese a lo cual España continúa aplicando un IVA del 21% a la mayoría de los productos sanitarios.

Reducir el tipo impositivo para estos productos generaría un ahorro estimado de más de 1.000 millones de euros, según las estimaciones que hemos realizado en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin. La proximidad de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, a las que se suman las generales en el tramo final de 2023, supone una ocasión más que idónea para trasladar a nuestros representantes políticos la gran oportunidad que supone reducir este tributo. Con el ahorro generado, los servicios de salud podrían invertir en innovaciones tecnológicas, en la disminución de las listas de espera o la reducción del nivel de obsolescencia de los equipos tecnológicos de los hospitales y centros de salud.

No es la única propuesta realista y alineada con Europa que desde Fenin planteamos a las formaciones políticas para beneficio de la Sanidad y a fin de que puedan ser reflejadas en los programas electorales y de los Gobiernos que se formen tras los comicios de este 2023. La incorporación efectiva de soluciones tecnológicas innovadoras al sistema —con acceso ágil y equitativo a las mismas por profesionales sanitarios y pacientes— también se encuentra entre las prioridades del sector de Tecnología Sanitaria.

Son varias las vías, complementarias entre así, que asegurarían este objetivo, como puede ser la continuidad de proyectos como el PERTE Salud de Vanguardia o el Plan INVEAT para la renovación de equipamiento tecnológico sanitario en hospitales mediante la dotación de nuevos fondos, apostar por la compra pública basada en valor frente a criterios exclusivos como el precio y, cómo no, aplicar estrategias para disponer de un tejido industrial nacional sólido.

El propio marco legislativo actual ofrece oportunidades para disponer de más recursos económicos

En nuestro país, el Sector de Tecnología Sanitaria está compuesto por más de un millar de empresas fabricantes y distribuidoras, importadoras y exportadoras de tecnologías y productos sanitarios decisivos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de las enfermedades. Una industria que es motor económico y también generador de empleo de calidad para el país, al superar los 30.500 puestos de trabajo directos.

Pese a su ya rol esencial y estratégico, nuestra industria no quiere quedarse ahí. De ahí la importancia de que cuente con un entorno legislativo que favorezca e impulse aún más su actividad para beneficio de la sociedad. Por ello, otra de las propuestas de Fenin a las formaciones políticas es el desarrollo de un Plan Nacional de Industrialización del Sector de Tecnología Sanitaria que promueva un modelo de industria 4.0, innovadora y competitiva. Ello debería ir acompañado de un apoyo a la actividad de internacionalización de las empresas fabricantes.

Tan importante como acometer planes a corto plazo como los anteriores lo es también establecer planes urgentes para atajar problemas del presente. Uno de ellos, que ocupa y preocupa al Sector y a su Federación, es la crisis global de suministros e incrementos de costes productivos, que pone en riesgo la viabilidad de los contratos públicos y, en consecuencia, el aprovisionamiento de tecnología y productos sanitarios a los servicios de salud.

En este sentido, venimos solicitando la puesta en marcha con celeridad un “plan de choque” que, entre otras medidas, priorice el suministro a sectores esenciales como es el sanitario y establezca mecanismos de indexación de precios, al alza o baja, de los contratos públicos.

Respecto a esta última solicitud, se acaba de abrir una puerta con la nueva Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la UE en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, que reconoce, cuando concurran determinadas circunstancias, la posibilidad de indexar los contratos públicos de suministro y servicios. Una novedad que valoramos positivamente y que, en el actual contexto, puede ser de gran ayuda para asegurar el equilibrio económico-financiero de los contratos de nuestras compañías con sus principales partners: las administraciones y los hospitales.

La importancia de que cuente con un entorno legislativo que favorezca e impulse aún más su actividad para beneficio de la sociedad

Una medida que aliviaría los esfuerzos empresariales que están realizando las compañías para minimizar el impacto de esta crisis, en un contexto económico en el que, además, se viene constatando un incremento de la deuda que las administraciones públicas mantienen con las empresas de Tecnología Sanitaria, situada a cierre de febrero de este año en 744 millones de euros, con un periodo medio de pago de 66 días, lo que supone un aumento del 12% respecto al ejercicio anterior.

Todas las anteriores propuestas son realistas, asumibles y, como indicaba al principio, aseguran la fortaleza del sistema sanitario al dar respuesta a sus necesidades. Y, a su vez, protegerían un tejido empresarial estratégico y esencial, impulsor de innovación y emprendimiento y pieza clave para la transformación de los servicios de salud. Los partidos políticos y administraciones encontrarán en Fenin un aliado en la colaboración público-privada y la unión de esfuerzos y capacidades. Así lo entendemos siempre y, no puede ser de otra manera, también en este marcado año electoral que afronta España en el que tanto se juega la Sanidad.

*** Margarita Alfonsel es secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin.