Sin embargo, lo que prometía ser una ocasión para reconstruir y fortalecer la economía nacional ha quedado oscurecido por una gestión fallida, falta de transparencia y con ausencia de una colaboración real y efectiva con las Comunidades Autónomas.

Cuando se diseñó el Plan de Recuperación español, gran parte del tejido empresarial aún no había conocido la capacidad de Pedro Sánchez para instrumentalizar cualquier recurso para su beneficio personal. Sin duda, los fondos europeos se han convertido en una parte esencial de su estrategia propagandística.

Este martes, en una flagrante falta de respeto institucional, el Consejo de Ministros aprobará la adenda al Plan de Recuperación y la remitirá a la Comisión Europea, incumpliendo el Reglamento Europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las recomendaciones de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y faltando al compromiso de cogobernanza dado en sede parlamentaria por el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda.

Además de acceder a 7.700 millones en ayudas no reembolsables por el mal desempeño de la economía en 2021 y a 2.600 millones correspondientes a la estrategia del REpowerEU, la Adenda permitirá que España obtenga 84.000 millones en préstamos, endeudando al Estado y comprometiendo al país con reformas, hitos y objetivos que no han sido consensuados ni pactados con otros partidos políticos o CCAA y sin el refrendo del Congreso de los Diputados.

¿Por qué la vicepresidenta Nadia Calviño no espera al resultado electoral para aprobar la adenda?

Por lo tanto, con unas elecciones generales convocadas, ¿de dónde extrae el Gobierno la autoridad para tomar una decisión de tal magnitud? Resulta altamente cuestionable cuando no se posee un mandato y una autoridad política clara y legítima.

De hecho, el plazo oficial para remitir la adenda expira el 31 de agosto. Entonces, ¿por qué la vicepresidenta Nadia Calviño no espera al resultado electoral para aprobar la adenda? La tentación de utilizar políticamente los fondos europeos es enorme para un gobierno que sólo se siente cómodo cuando nada entre propaganda, aunque haya perdido toda credibilidad. Continúan pensando que los fondos son de su propiedad, cuando pertenecen a todos los españoles.

Después de anunciar el 20 de diciembre que la adenda sería enviada “en unas semanas” y tras corregir cada uno de los anuncios de envío en febrero, marzo, abril y finalmente en mayo, bien podríamos esperar al resultado electoral y a que sea el nuevo gobierno el que defina la orientación y los compromisos que adquirimos como país.

El Reglamento Europeo del MRR, en sus artículos 18 y 28 exige con claridad la necesidad de contar con las autoridades locales y regionales, así como con la sociedad civil, tanto en la fase de elaboración del Plan, como en la de ejecución y por extensión, en la elaboración de la adenda. Sin embargo, este concepto de cogobernanza no ha existido en ningún momento en estos años.

El presidente del Gobierno y las ministras de Asuntos Económicos y Hacienda han faltado a este compromiso de cogobernanza y a su palabra. ¿Qué fue de los proyectos que las CCAA enviaron en 2021 a petición de Nadia Calviño y quedaron sin respuesta? ¿Qué ha sido de los proyectos emblemáticos que se les solicitó por carta el 15 de septiembre de 2022? ¿Qué propuestas de las CCAA están incluidas en la Adenda? ¿Qué hitos y objetivos que formarán parte de los requisitos para acceder a los futuros desembolsos se han pactado con las CCAA? Temo que la respuesta sea la misma que cuando se remitió el Plan de Recuperación: ninguno.

La situación se repite con el principal partido de la oposición. La portavoz del Grupo Popular contestó el 4 de enero de este año a una carta de Nadia Calviño, reproducida en los medios de comunicación, en la que expresaba su descontento por conocer el contenido de la adenda a través de la prensa, la necesidad de corregir la ineficacia del gobierno en la ejecución de los fondos y adaptar el plan al contexto económico, solicitaba transparencia y rendición de cuentas y un diálogo real que condujera a pactar los hitos, objetivos y reformas que deberían servir para recuperar nuestras capacidades industriales estratégicas y mejorar nuestra productividad y competitividad a través de la adenda.

Los gobiernos autonómicos tienen un amplio conocimiento y experiencia en la gestión de fondos europeos

Además, en las conclusiones del informe de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que visitó España, publicado el pasado 16 de mayo, se destaca la necesidad de mejorar el enfoque de cogobernanza y la implicación de las regiones y los actores interesados en el plan de recuperación. Para cualquier gobierno, sería vergonzoso que, en una cuestión tan estratégica para la economía nacional, los parlamentarios europeos tengan que recoger en su informe la queja de las CCAA señalando que sus propuestas no se tenían en cuenta o incluso se rechazaban sin recibir una justificación razonable.

Los gobiernos autonómicos tienen un amplio conocimiento y experiencia en la gestión de fondos europeos y si se les hubiera dado flexibilidad y la auténtica participación que por competencias les pertenece, habrían facilitado una implementación más rápida y eficiente de los fondos.

Un simple vistazo a los datos de ejecución recientemente publicados revela cómo la gestión económica de la que presumen Sánchez y Calviño es una gestión fallida. La Comisión Europea certificó que en 2021 los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia efectivamente desembolsados fueron 2.400 millones, un 0,2% del PIB.

En 2022, ya sabemos que la cifra asciende a 5.200 millones de euros, un 0,4% del PIB y una quinta parte de lo presupuestado por el gobierno. Con este balance, no es de extrañar la falta de transparencia del gobierno y de rendición de cuentas, o sus evasivas a comparecer, a detallar los fondos que realmente han llegado a la economía real y a comunicar los 100 mayores beneficiarios de estos fondos.

En 2023, solo contamos con la información que paulatinamente proporciona la Intervención General de la Administración del Estado. Con este gobierno no caben actos de fe, solo datos y resultados. A 30 de abril, los pagos realizados correspondientes al presupuesto de 2023 ascienden a 1.814 millones de euros, el 5% de un presupuesto que este año cuenta con más de 35.000 millones de euros, arrastrando 6.700 millones que no se movilizaron el año pasado.

Es el ocaso de una forma de gestionar ineficaz que se precipita con el final de la legislatura. Las empresas esperan que este ciclo termine y depositan sus esperanzas en un nuevo gobierno que simplifique y agilice la gestión estos fondos y, sobre todo, que lo haga de manera eficaz y eficiente, para que se logre su objetivo último: incrementar nuestro potencial de crecimiento y generar empleo estable.

*** Santiago Sánchez López es economista.